El Gobierno abre la puerta a subir las tasas a las eléctricas para pagar el apagón nuclear

El Gobierno ha diseñado ya la hoja de ruta para el apagón nuclear en España. Los planes del Ejecutivo pasan por un cierre escalonado de las centrales que se produciría entre 2025 y 2036. Así se lo trasladó directamente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a los máximos ejecutivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy la pasada semana en una reunión.

El Gobierno ha pedido a las eléctricas que ahora se pongan de acuerdo para fijar la fecha de cierre concreta de cada central nuclear, y para facilitar el pacto se aprobará una reforma legal para que las decisiones no tengan que adoptarse por unanimidad de los socios de las centrales nucleares y que valga con mayoría simple. "Hay que velar por la seguridad del suministro, por la seguridad nuclear, y eso es lo que pretende el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, pero la decisión sobre cuándo se cierran la debe tomar cada central nuclear", ha dicho la ministra Ribera hoy en Barcelona, informa Efe.

Pero queda por resolver el aspecto más espinoso del cierre nuclear: cómo pagar la factura milmillonaria del desmantelamiento de todas las centrales. La ministra Ribera ha dejado hoy la puerta abierta a subir las tasas que ahora pagan las eléctricas para financiar el cierre y ha subrayado que será la sociedad pública Enresa –responsable de la gestión de los residuos nucleares en España- la que determine si hacen falta más recursos para poder costear los desmantelamientos.

Enresa está elaborando actualmente su propuesta de nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), ya que el actualmente vigente fue elaborado en 2006 y ha quedado obsoleto. En ese documento se fijarán las nuevas previsiones financieras del fondo que se utiliza para pagar la gestión de los residuos y el cierre de centrales, y que se financia con las tasas que pagan las compañías eléctricas en función de la producción de cada nuclear.

El fondo cuenta actualmente con algo más de 5.300 millones de euros, pero la propia Enresa calculaba hace un año que se necesitarán un total de 14.300 millones para pagar los desmantelamientos de todas las centrales y gestionar los residuos radiactivos hasta 2040.

Según la última estimación oficial de Enresa (sociedad controlada en un 20% por el holding público Sepi y en un 80% por el también estatal Ciemat), el fondo que sirve para financiar el cierre de las nucleares  presentaría un déficit superior a los 1.500 millones de euros, contando las tasas que aún quedarían por pagar. Sin embargo, el agujero del fondo se ha disparado ya por encima de los 3.000 millones de euros, según confirman fuentes del sector eléctrico conocedoras de los datos actualizados.

Pero estos cálculos estaban hechos augurando que las centrales nucleares funcionarían hasta que cumplieran los 40 años. Con el nuevo plan del Gobierno, las plantas superarán las cuatro décadas y puede que alguna alcance los 50 años. Como el cierre será escalonado, puede considerarse que el parque nuclear funcionará de media 45 años. Más años funcionando, más años pagando tasas y más dinero para el fondo.

Enresa hace tiempo que se encomendaba a ampliar la vida de las nucleares para tapar ese agujero. Según las estimaciones de la propia compañía pública a las que ha tenido acceso El Independiente, incluso sin subir las tasas que ahora abonan las eléctricas y sólo prolongando el plazo en el que se pagan, el déficit del fondo se convertiría en un superávit de 1.700 millones de euros si las centrales funcionan hasta los 50 años y el superávit escalaría hasta los 4.400 millones si la vida de las plantas se alargara hasta los 60 años.

Está por ver si la ampliación de la vida operativa prevista por el Gobierno es suficiente para evitar el déficit del fondo. Y es ése el cálculo, realizado por Enresa, el que espera el Ministerio para la Transición Ecológica para determinar si será necesario una subida de las tasas (hoy de 6,69 euros por megavatio/hora producido).