Las eléctricas presionan al Gobierno para evitar un ‘tasazo’ para pagar el apagón nuclear

El Gobierno tiene clara la hoja de ruta para clausurar todas las centrales nucleares en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comunicó personalmente a los máximos ejecutivos de Endesa, Iberdrola y Naturgy la pasada semana que habrá un cierre escalonado que arrancará en 2025 y se prolongará hasta 2036.

El Gobierno ha pedido a las compañías que ahora se pongan de acuerdo para fijar la fecha de cierre concreta de cada central nuclear. En principio el Ministerio espera una propuesta de calendario de clausuras antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo legal para pedir la renovación de licencia de la central de Almaraz (Cáceres), en cuyo accionariado están presentes las tres grandes eléctricas.

Queda por resolver el aspecto más espinoso del apagón nuclear y que puede poner en jaque la posibilidad de acuerdo entre las compañías: cómo pagar la factura milmillonaria que conlleva el desmantelamiento de todas las centrales españolas. El Gobierno no descarta tener que subir las tasas que ahora pagan las eléctricas y subraya que será la sociedad pública Enresa –responsable de la gestión de los residuos nucleares en España- la que determinará si hacen falta más recursos para poder costear los desmantelamientos.

Los costes del desmontaje de las centrales y la gestión de la basura nuclear se financian a través de un fondo que gestiona Enresa y que se alimenta con las tasas que pagan las propias compañías eléctricas. Enresa está elaborando actualmente su propuesta de nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), ya que el actualmente vigente fue elaborado en 2006 y ha quedado obsoleto, y en él se fijarán las nuevas previsiones financieras del fondo.

El fondo cuenta actualmente con algo más de 5.300 millones de euros, pero la propia Enresa calculaba hace un año que se necesitarán un total de 17.700 millones para pagar los desmantelamientos de todas las centrales y gestionar los residuos radiactivos durante las próximas décadas.

Un agujero milmillonario

Según la última estimación oficial de Enresa (sociedad controlada en un 20% por el holding público Sepi y en un 80% por el también estatal Ciemat), el fondo que sirve para financiar el cierre de las nucleares  presentaría un déficit superior a los 1.500 millones de euros, contando las tasas que aún quedarían por pagar. Sin embargo, las eléctricas ya habían alertado de que el agujero del fondo se había disparado ya por encima de los 3.000 millones de euros.

Pero estas estimaciones estaban calculadas dando por hecho que las centrales nucleares funcionarían hasta que cumplieran los 40 años. Con el nuevo plan del Gobierno, las plantas superarán las cuatro décadas y puede que alguna alcance los 50 años. Como el cierre será escalonado, puede considerarse que el parque nuclear funcionará de media 45 años. Más años funcionando, más años pagando tasas y más dinero para el fondo.

La actual tasa que pagan las eléctricas está fijada en 6,69 euros por megavatio hora producido por las centrales nucleares. Según los cálculos que se manejan en el sector eléctrico, si las plantas fueran a echar el cierre a los 40 años sería necesario prácticamente duplicar la tasa y elevarla hasta los 13 euros por MWh para cubrir el déficit de 3.000 millones.

Sin embargo, fuentes del sector eléctrico subrayan que la ampliación de la vida de las centrales supone el nuevo plan del Gobierno hace innecesaria esa subida. Simplemente, el hecho de elevar la vida media del parque nuclear de los 40 a los 45 años serviría para solventar el agujero de 3.000 millones, y las compañías presionan al Gobierno con estas cuentas para que impida el temido tasazo que el Ejecutivo se plantea.

La propia Enresa hace tiempo ya venía encomendándose a ampliar la vida de las nucleares para tapar ese agujero. Según las estimaciones de la propia compañía pública a las que tuvo acceso El Independiente, incluso sin subir las tasas que ahora abonan las eléctricas y sólo prolongando el plazo en el que se pagan, el déficit del fondo se convertiría en un superávit de 1.700 millones de euros si las centrales funcionan hasta los 50 años y el superávit escalaría hasta los 4.400 millones si la vida de las plantas se alargara hasta los 60 años.

El choque entre las eléctricas

La hoja de ruta del Gobierno para el apagón nuclear contempla que todas las centrales funcionen más de 40 años y quizá alguna de ellas acabe alcanzado los 50 años de vida operativa. El sector eléctrico da por hecho que se puede hablar de una edad media de 45 años para el conjunto de las nucleares del país y que con eso se tapa el agujero financiero esperado en el programa de desmantelamiento.

Pero el problema ahora, y lo que puede acabar provocando un choque directo entre las grandes eléctricas, es cómo se articula el pago de las tasas de cada central (para que los abonos sean de facto equivalentes a esos 45 años de media) y cómo se utiliza el fondo de Enresa (para que no se gaste desmantelar las primeras centrales que echen el cierre y que las últimas se queden sin dinero al que acudir).

A la espera de que se concrete el calendario de cierre para cada central nuclear, previsiblemente los reactores en que Iberdrola tiene mayoría accionarial serán los primeros en clausurar y los que Endesa es socio mayoritario serán los que funcionarán más años. Es por eso que, según fuentes del sector, Endesa recela de cómo se repartirá el fondo de Enresa acumulado.

La compañías no hacen comentarios sobre su posición en este aspecto, pero fuentes conocedoras de los contactos entre compañías y con el Ejecutivo apuntan que Iberdrola se siente cómoda con el actual sistema impositivo (pago por producción y mientras se está funcionando), mientras que Endesa defiende reformar la fórmula que se utiliza para fijar la tasa nuclear.

Una reforma, la que propone la filial de la italiana Enel, que serviría o para que cada central nuclear pagara de facto por esos 45 años de vida media de todo el parque o que se repartiera el fondo de manera equitativa el fondo acumulado entre todos los reactores para evitar que ninguno se quede sin financiación para su desmantelamiento.