Así quiere el Gobierno bajar la luz subastando renovables

El Gobierno quiere impulsar al máximo la implantación de nuevas energías renovables en España. Su objetivo pasa por poner a España a la cabeza de Europa en el desarrollo de energías verdes, llegando a 2030 con un 35% de renovables en el consumo de energía final y un 70% de generación renovable en el sector eléctrico, y con la meta final de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

Para ello, los planes del Ministerio para la Transición Ecológica contemplan la convocatoria de subastas de nueva potencia renovable cada año hasta 2030, con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales en licitación, según se recogía en la propuesta ministerial de Ley de Cambio Climático.

El Gobierno continuaría así con la senda abierta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que organizó tres subastas entre 2016 y 2017 para más de 8.000 MW en nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Tres subastas que sirvieron para reactivar el sector después de años de parón casi absoluto (parón provocado precisamente por la moratoria y los recortes a la retribución impuestos por ese mismo Gobierno).

El Ejecutivo socialista seguirá con las subastas, pero pretende reformar por completo la metodología de las pujas anteriores. El objetivo es utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores.

Subastas con precio real y fijo

La pretensión del Ministerio pasa por revolucionar la fórmula que regía hasta ahora las subastas para que las empresas compitan por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años), según confirman a El Independiente fuentes del sector conocedoras de los planes ministeriales. Quien ofrezca la electricidad más barata gana.

Las compañías calculan con qué precio de venta de la electricidad su inversión en las nuevas plantas ya les resulta rentable y ofrecen mantenerlo a largo plazo. El Gobierno, en principio, fijaría un precio máximo  permitido (que se mantendría en secreto para no condicionar las ofertas de las empresas) y así asegurarse una rebaja en relación al precio de mercado.

Fuentes del sector eléctrico dan por hecho que en la siguiente subasta –que en principio debería convocarse ya este año- las compañías de renovables ofrecerán precios que oscilarán entre los 30 y los 40 euros por megavatio hora (MWh), frente a la cotización actual del mercado mayorista de la electricidad que se sitúa en el entorno de los 60 euros MWh.

La electricidad de las plantas renovables ganadoras en la subasta siempre se vendería al mismo precio, con independencia de la evolución del mercado eléctrico (también conocido como pool). “Con esta fórmula no se da ninguna ayuda a las nuevas renovables. De hecho, es como una antiprima. Se da estabilidad con una garantía de precio fijo mucho más bajo que el pool, lo que sirve a las compañías para conseguir la financiación bancaria necesaria para invertir en los nuevos proyectos”, apunta un ejecutivo de la industria verde. Un precio fijo que, no obstante, también se mantendría inalterable si el mercado eléctrico estuviera más barato.

Fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica declinan hacer comentarios sobre el diseño de las eventuales próximas subastas de renovables, y se limitan a apuntar que ahora la prioridad del departamento es la elaboración Plan Nacional de Energía y Clima –en el que se establecerá la planificación de la generación eléctrica por tipo de tecnología a largo plazo- y de la Ley del Cambio Climático, y sólo posteriormente se desgranarán las medidas concretas. Desde el Ministerio desde hace meses se vincula de manera insistente la instalación de nuevas renovables con el objetivo de rebajar a medio plazo el precio de la electricidad.

Reforma por ley

Para sacar adelante el nuevo modelo de subastas de renovables, el Gobierno debe aprobar una reforma de la Ley del Sector Eléctrico. El anterior Ejecutivo dejó atado en la norma que las futuras subastas sólo puedan realizarse según su metodología. Si ahora el departamento comandado por Teresa Ribera quiere poner en marcha las subastas con nuevas reglas tendrá que modificar esa ley.

Una obligación de cambio legal que complica el desarrollo de las pujas, ya que el Gobierno no puede hacerlo por decreto (le resultaría imposible justificar razones de urgencia cuando las subastas se organizan para cumplir los compromisos medioambientales para 2030) y en el actual contexto político es difícil que la tramitación de la reforma en el Congreso sume los apoyos necesarios.

Ante esta situación, el sector renovable reclama celeridad al Gobierno. “Hace falta convocar una subasta con carácter inmediato”, apunta José Donoso, director general de la patronal fotovoltaica UNEF. “Si lo que se pretende es atraer inversiones, el Gobierno no puede permitirse que este año se instalen 8.000 MW de nuevas renovables y el año próximo otra vez cero. La imagen sería nefasta, y nadie quiere invertir en un país que no garantiza estabilidad”.

El modelo vigente

El antiguo Ministerio de Energía -dirigido por Álvaro Nadal- impulsó una pequeña subasta en 2016 y dos megasubastas en 2017 con una metodología sui generis. Una fórmula complicada alejada de los sistemas utilizados de manera generalizada en otros países.

El Gobierno establecía una previsión de costes de inversión para cada tipo de tecnología, las empresas que participaban en las subastas ofrecían un descuento en relación a esos costes de inversión (a la postre casi todas empataban, ofreciendo el máximo descuento permitido) y en base a este coste final se calculaba una rentabilidad razonable a cada proyecto a largo plazo (aunque cada tres años esa rentabilidad podría revisarse).

El Gobierno garantizaba esa rentabilidad razonable y sólo daría ayudas públicas a los proyectos ganadores de las subastas si no se cumplía, aunque la previsión es que no se dará ninguna ayuda pública. No había ayudas públicas y sólo se garantizaba una suerte de precio suelo figurado, pero estas subastas -según subrayan desde el sector renovable- no servían para abaratar la luz de manera directa, ya que la electricidad de estos proyectos que ahora se están instalando se venderá al precio del mercado eléctrico.