La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de totalidad de los Presupuestos 2019.
Después de casi 25 años, el Congreso de los Diputados ha vuelto a tumbar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estad0, y de nuevo con el PSOE en el Gobierno. En aquella ocasión, en el año 1995, fue CiU el que retiró su apoyo al Ejecutivo de Felipe González, que finalmente convocó elecciones y las perdió aupando al PP a la Moncloa. La historia se repite: PDeCAT y ERC, las dos formaciones independentistas han acabado de poner la puntilla a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora toca hacer recuento de las consecuencias políticas y económicas. Estas son algunas de ellas:
¿España se quedará sin Presupuestos?
Sí que habrá Presupuesto, pero prorrogado. Las cuentas de 2018 siguen en vigor a falta de unas nuevas y seguirán operando mientras no haya nuevos Presupuestos. Eso implica que las partidas de gasto se mantienen tal y como quedaron el pasado año, salvo aquellas que se han alterado de facto tras la aprobación de decretos, como la subida de las pensiones con el IPC (que tendrá un efecto multiplicador sobre el incremento del gasto que proviene del aumento del número de pensiones y de la tasa de reposición) o el aumento de las retribuciones de los empleados públicos en un 2,5%.
¿Qué implicación política tiene?
Las implicaciones son económicas, entre otras cosas porque un país que no logra sacar adelante unos nuevos Presupuestos genera un nivel de incertidumbre que le puede penalizar en los mercados. También porque ciertas medidas tributarias, como la subida de impuestos a las empresas podrían no acabar de materializarse, lo que daría más margen de inversión a las compañías. Pero sobre todo tiene implicaciones políticas. Es la constatación de las enormes dificultades que tiene un Gobierno como el de Pedro Sánchez para gobernar con 84 diputados. Por ello, si nada lo remedia, España se asoma a unas nuevas elecciones anticipadas.
¿Qué objetivo de déficit habrá que lograr?
Con todo, la vida económica sigue, tanto en España como en Europa, de ahí que los objetivos de déficit sigan operando. En tanto que el Gobierno no fue capaz de sacar adelante la reforma de la Ley de Estabilidad para adoptar un objetivo del 1,8% del PIB, como se había negociado con Bruselas, en lugar del 1,3%, esta será la meta que a día de hoy sigue comprometida con la Comisión Europea. La diferencia es que ahora habrá que remar en esa dirección con un Presupuesto prorrogado que, eso sí, es menos expansivo que el que no ha logrado aprobar el Gobierno.
¿Será posible cumplirlo?
Es muy poco probable, como tampoco parecía posible en caso de haberse aprobado el Presupuesto. Al menos es lo que dicen muchos expertos. Lograr tal proeza supondría reducir el saldo negativo de las administraciones públicas del 2,7% del PIB al 1,3%, es decir, recortar este desequilibrio en 1,4 puntos porcentuales, más de 15.000 millones de euros.
Según la Autoridad Fiscal (AIReF), en ausencia de cambios en la política económica, España solo podrá reducir el déficit del 2,7% al 2,2%, cifras que en el exterior JP Morgan eleva, por ejemplo, al 2,4%, como también ha vaticinado el propio Gobierno.
Y es que, a diferencia del escenario en el que se elaboraron las cuentas de 2018, la economía española atraviesa en estos momentos un claro proceso de desaceleración, que no había sido tan evidente en 2018. Dicho de otro modo, la capacidad de reducir el déficit por la inercia del ciclo alcista es cada vez menor.
Además, aunque la recaudación tributaria superó el año pasado las previsiones y ha empezado el año 2019 con buen pie, el empuje de ingresos que iban a aportar los cambios en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF, ya no se producirá.
¿Qué dirá Bruselas?
Nada si el Gobierno logra una reducción significativa del déficit estructural. Porque esa es la gran preocupación de la UE ahora que España, en cualquier escenario, mantendrá un nivel de déficit inferior al 3% del PIB, que es la linea que marcaría de nuevo la activación del brazo corrector de Bruselas.
Sin embargo, en un escenario de desaceleración y posible parón electoral; con un presupuesto prorrogado, pero con unas medidas de gasto (pensiones o sueldos de los funcionarios) ya operando --no así las principales medidas de ingresos, como las subidas de impuestos--, parece poco factible que el Gobierno pueda avanzar de forma decidida en la reducción del déficit estructural del 0,45% del PIB que había demandado Bruselas para este año.
¿Qué puede hacer el Gobierno?
Las quinielas están abiertas. Desde dar por perdida la legislatura y convocar elecciones de forma inmediata, hasta tratar de aguantar y esperar a ver los resultados de las elecciones regionales y europeas del próximo 26 de mayo. Mientras tanto, los sindicatos presionan al Gobierno para que siga adoptando medidas de corte social por la vía del decreto, como las que se engloban dentro de la 'contrarreforma' laboral prometida por Sánchez. En los mentideros parlamentarios incluso se baraja que podría ser una buena forma para el PSOE de mostrar sus credenciales de cara a un nuevo proceso electoral, incluso aunque después tuviera problemas para convalidar esas normas.
¿Quién gana y quien pierde?
Ganan los empresarios y las rentas más altas, pierden los beneficiarios de la agenda social y las comunidades autónomas. Sin Presupuestos, la subida de impuestos a las empresas con facturación superior a 20 millones y a las internacionalizadas --tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y el pago del 5% por los dividendos obtenidos de filiales en el extranjero-- quedarán en papel mojado. Del mismo modo, las rentas más altas --desde los 130.000 euros-- se librarán de la subida del IRPF. Lo mismo ocurrirá con la subida de impuestos al diésel.
Por el contrario, todos los beneficiarios de la agenda social del Gobierno, desde los usuarios de dependencia --los pensionistas con rentas de inferiores a 11.200 euros anuales iban a quedar exentos del copago farmacéutico-- hasta aquellos que iban a acceder al subsidio para mayores de 52 años, ya no podrán hacerlo. Asimismo, las pymes seguirán tributando al 25% en Sociedades en lugar de al 23%.
¿Afectará a las pensiones?
No. El Gobierno de Pedro Sánchez fue muy previsor en este sentido. No solo aprobó al margen de los Presupuestos la subida de las pensiones del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas y las no contributivas, sino que también articuló una serie de medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social, entre las que destacan las subidas de bases de cotización --la mínima un 22,3% por efecto de la subida del SMI y las máximas, un 7%--, que esta vez sí afectan directamente a las empresas.
En este sentido, la subida de las pensiones está garantizada. Del mismo modo, el Presupuesto de 2019 contemplaba un nivel déficit nominal de la Seguridad Social similar al de 2018 y un préstamo del Tesoro superior a los 15.000 millones también idéntico al de las cuentas prorrogadas. Por tanto, tanto lo que concierne a los gastos, como a los ingresos (salvo ciertas cuestiones como la cotización de las cuidadoras no profesionales) habían quedado atadas previamente.
En cualquier caso, el Estado siempre tiene en su mano realizar un ampliación del Presupuesto para pagar las pensiones, con lo que éstas no dejarán de abonarse.
¿Y a los permisos de paternidad o dependencia?
Éste es otra de las cuestiones que afectan al gasto de la Seguridad Social que quedarán sin aprobación. Así es que el permiso de paternidad seguirá siendo de momento de cinco semanas en lugar de ocho.
¿Y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?
El SMI no se aprueba nunca en el marco de los Presupuestos, sino que va por la vía del decreto en uno de los últimos Consejos de Ministros del año. Así ha ocurrido este año, de forma que el SMI de 900 euros al mes con 14 pagas ya está en vigor, aunque aún no se ha convalidado el correspondiente decreto en el Congreso.
¿Qué pasa con las tasas 'Google' y 'Tobin'?
Aunque sus efectos se computan en el Presupuesto, con una potencia recaudatoria de más de 2.000 millones de euros, lo cierto es que su aprobación depende de la tramitación parlamentaria de los correspondientes proyectos de Ley. Esta era la razón por la que todos los expertos daban por descontado que, dado que entrarían en vigor a mitad de año, la recaudación sería menor.
Con un escenario de posibles elecciones generales y la eventual recomposición de las fuerzas políticas en el Congreso, desde el Ministerio de Hacienda admiten que la aprobación de estos nuevos impuestos a Determinados Servicios Digitales (tasa 'Google') y a las transacciones financieras (tasa 'Tobin') corre serio peligro, puesto una disolución de las cámaras haría decaer todas las iniciativas legislativas en vigor.