El rechazo al Presupuesto acerca un posible recorte del gasto para controlar el déficit

Y ahora qué? Es la pregunta que sobrevolaba por los pasillos del Congreso de los Diputados este miércoles, después de que los partidos nacionalistas catalanes apuntillaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y sumaran junto a las derechas una mayoría contraria a la tramitación parlamentaria de las cuentas. Qué hacer en lo político y en lo económico.

Porque ahora todo depende de si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide convocar elecciones anticipadas y, en ese escenario, de qué fecha elige. Si finalmente se precipitan los comicios y se celebran en abril, como se baraja, el Gobierno apenas tendrá ya margen de maniobra para tomar medidas económicas o rematar las que echaron a andar en forma de proyectos de Ley a finales de 2019; no así si la legislatura sigue adelante o si la cita electoral se plantea para otoño. Entonces el Gobierno podría ser más ambicioso.

¿Y por qué seguir adelante con el ideario? Porque, según aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras perder la votación de los Presupuestos, el Gobierno debe seguir sacando adelante aquellos compromisos adquiridos al llegar a La Moncloa que se tramitan al margen de los Presupuestos. Un ejemplo, podría ser la ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas que, a diferencia de la subida del salario mínimo, no se aprobó por decreto. Pura convicción, pero no solo eso.

Para empezar, el Ministerio de Hacienda tiene intención de arbitrar un procedimiento de adaptación para que la prórroga presupuestaria que ahora seguirá vigente sirva para "atender las necesidades más urgentes y controlar el déficit". La clave está en ese coletilla final, un escenario de políticas constantes sería como una autopista para que el déficit se mantuviera en el 2,2% o el 2,4%, según cálculos del propio Gobierno y también de la Autoridad Fiscal (AIReF).

Dicho de otro modo, Hacienda debe tomar decisiones si no quiere que el déficit se mantenga en zona peligrosa. Porque si bien es cierto que este saldo no superará en ningún caso el 3% del PIB, y España podrá mantenerse fuera del brazo correctivo de Bruselas, aún no ha sido capaz de reducir su déficit estructural por debajo de eso dígitos. Y eso es lo que más preocupa a la Comisión Europea, que incluso había pedido un recorte del déficit estructural del 0,45% del PIB para este año.

Dicho de otro modo, sin Presupuestos es muy difícil que España pueda reducir el déficit estructural tal y como pide Bruselas. Cabe recordar que ciertas medidas de gasto, las más potentes, ya se han aprobado por la vía del decreto y convalidado, como son la subida de las pensiones o de los sueldos públicos. Sin embargo, las subidas del Impuesto de Sociedades a los grandes grupos -- --tipo mínimo del 15% o tributación del 5% de los dividendos obtenidos de filiales en el extranjero-- o de el IRPF a las rentas más altas se han quedado en el tintero. Aún así, el Gobierno debería en teoría aspirar a salvar los muebles en la medida de lo posible.

Hacienda se queda sin herramientas

¿Y que puede hacer el Gobierno con unos Presupuestos prorrogados? Porque las cuentas públicas son la principal baza con la que cuenta el Ejecutivo para actuar sobre los saldos de las administraciones. Tal y como estaban diseñadas las cuentas de 2018, solo sirvieron para reducir el déficit del 3,1% al 2,7% del PIB. Así es que, en su ausencia de unas nuevas, cabe adoptar iniciativas legislativas, que en un contexto de fragilidad parlamentaria tan acusada como la que vive Pedro Sánchez, son difíciles de sacar adelante.

De un lado, tal y como indicaba la propia Montero este miércoles a los periodistas, el Gobierno no se plantea aplicar subidas de impuestos por la vía del decreto, porque no tendría una contrapartida de gasto. Tampoco estaba en los planes de Hacienda hace unas semanas. Así es que no cabe una reducción del déficit por esa vía.

En todo caso, el Parlamento tiene pendiente de tramitación tres proyectos de Ley importantes de cara a la recaudación. Se trata del que engloba medidas de lucha contra el fraude, el que regularía la tasa a Determinados Servicios Digitales (tasa 'Google'), y el correspondiente a la tasa a las transacciones financieras (tasa 'Tobin'). Estas tres iniciativas están llamadas a recaudar 2.550 millones de euros, si bien su recaudación real sería inferior puesto que la puesta en marcha se produciría a mitad de año.

De nuevo, las fechas electorales. Porque si el Gobierno se mantuviera en La Moncloa hasta el otoño habría tiempo para tramitar estas medidas. Sin embargo, si se convocan elecciones generales para abril, Hacienda da por sentado que PP y Ciudadanos bloquearían estos proyectos de Ley posponiendo sine die los plazos de enmienda, hasta llegar a una nueva legislatura en las que una eventual nueva correlación de fuerzas haría más que incierta la recuperación y aprobación de este paquete de medidas.

Impacto en las comunidades autónomas

Otro de los efectos del rechazo a los Presupuestos que argumenta Hacienda y que podrían impactar sin remedio en el déficit serían los anticipos a cuenta y los ingresos extra que recibirían las comunidades autónomas por el cambio en los plazos del Suministro Inmediato de Información (SII). Unos ingresos con los que ahora no contarán para seguir consolidando sus cuentas.

Cada año, el Gobierno incluye en los Presupuestos unos anticipos a las regiones en función de los ingresos por recaudación tributaria previstos. Para este año, estaba previsto repartir casi 103.000 millones de euros con cargo a la financiación autonómica, un 7,3% más. Sin embargo, ahora estos anticipos se deben plegar a las cuentas prorrogadas de 2018.

Es cierto que algunas comunidades consultadas por este periódico afirman que elaboraron sus presupuestos de 2019 teniendo en cuenta esta inyección, que le fue comunicada por Hacienda en julio de 2018. Sin embargo, hay otras, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que no contaron con esta subida y echaron cuentas con la cantidad asignada en el Presupuesto de 2018.

En cualquier caso, si el Gobierno quisiera actualizar esta partida de anticipos tendría que hacerlo a través de una norma legislativa, con lo que de nuevo tendría que someterse a lo que dicte el Parlamento.

Lo mismo ocurre con el SII. El Gobierno decidió que este año se trasladarían 13 meses de recaudación por IVA al Presupuesto. Esto implicaba repartir 2.500 millones de euros más entre las comunidades autónomas. Pero, de nuevo, aunque Hacienda sostiene ahora que esos 2.500 millones harán un roto en los presupuestos de las regiones, lo cierto es que en julio de 2018 no contaban con este cambio y, no todas estas comunidades contaban con estos ingresos --de hecho hasta seis comunidades tienen prorrogado los anteriores presupuestos--. De nuevo, la comunidad de Madrid, no contempló esta cantidad en su presupuesto.

La vía del gasto

Hecho este recorrido, si el margen para incrementar los ingresos se queda prácticamente supeditado a una eventual mejora de la recaudación tributaria en plena, eso sí, desaceleración de la economía, cabe mirar por el lado del gasto. Porque el Gobierno, si está comprometido con la reducción del déficit, siempre puede cerrar el grifo, bien no adoptando compromisos como el mencionado permiso de paternidad, cuyo coste sobrepasaba los 800 millones de euros, o suspendiendo partidas del presupuesto prorrogado. O tomando los dos caminos.

No sería la primera vez. En diciembre de 2016, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy tomó la decisión de adoptar un acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de casi 5.500 millones de euros sobre el presupuesto prorrogado para 2017. En aquella ocasión, la situación de parálisis política no permitió la aprobación de unos nuevos Presupuestos, con lo que fueron prorrogados a partir del 1 de enero de 2017.

A continuación, con el acuerdo de no disponibilidad de crédito, lo que se intentó fue garantizar el mantenimiento del gasto del Estado en 2017 en los niveles del gasto ejecutado en el año 2016. No obstante, se trata de una cuestión que, sin haber sido descartada de plano por Hacienda, no se ha puesto aún sobre la mesa. Todos los escenarios están abiertos, incluso el de unas elecciones anticipadas que dejaran toda decisión en manos de un próximo Gobierno.