Corrupción, hipotecas y nuevos impuestos: leyes que quedan en el aire por las elecciones

España va a las urnas. El Gobierno no logró los apoyos para salvar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que le obliga a seguir con las cuentas heredadas (y de facto ya prorrogadas) de la era de Mariano Rajoy.

El fiasco de los PGE deja sin aplicación, entre otras medidas, nuevos impuestos y avances sociales impulsados por el Ejecutivo. Y, al tiempo, abocaba al Gobierno a la convocatoria de elecciones. La disolución de las Cortes para llamar a los españoles a las urnas hará decaer todas las leyes en tramitación parlamentaria (que deberán iniciar el proceso desde cero con el inicio de la nueva legislatura) y dará también al traste con las iniciativas legales que el Ejecutivo preparaba para este año para continuar con su agenda política.

La fecha elegida por Pedro Sánchez para convocar las elecciones generales, finalmente el 28 de abril como se esperaba, por lo que  la disolución de las Cámaras se hará efectiva el 5 de marzo. El fin de la legislatura se posterga sólo durante tres semanas desde hoy, así que aún dará tiempo a sacar adelante algunas de estas iniciativas en las Cortes, pero pocas.

Como se ha optado por unos comicios casi exprés,  casi todas las normas decaerán. Las opciones de un superdomingo electoral el 26 de mayo o fijar las elecciones en otoño  -finalmente desdeñadas- habría dado tiempo a intentar sacar adelante algunas normas más. Ahora mismo muchas iniciativas legales están en el aire o directamente aparcadas:

La reforma de la Ley Hipotecaria

La tramitación de la reforma de la Ley Hipotecaria está más que avanzada, y en principio no se verá afectada porque su aprobación está prevista para la próxima semana.  La nueva norma contempla, entre otras cuestiones, la eliminación de las cláusulas suelo, una rebaja de los intereses de demora, el aumento de los plazos para ejecutar un desahucio, regula las buenas prácticas del sector para facilitar las quitas, las renegociaciones o la dación en pago.

Salga o no la norma, los bancos seguirán siendo los que tengan que asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentos (IAJD), ya que tras el desaguisado en el Tribunal Supremo el Gobierno lo aprobó por decreto y éste ya fue convalidado por el Congreso.

Si la norma no se aprueba ya, España se enfrenta a una sanción millonaria por parte de Bruselas (a razón de casi 106.000 euros diarios) si no sale adelante la reforma, ya que se trata de una trasposición de una directiva europea que debería haberse empezado aplicar hace tres años.

Ley ómnibus contra la corrupción

Lleva meses atascada en las Cortes, con acusaciones mutuas de quién es responsable del bloquea. Y si hay elecciones ahora, habrá que empezar de nuevo. La denominada ley ómnibus contra la corrupción busca mejorar la lucha contra la corrupción en el sector público y, sobre todo, la protección de los que la denuncian.

La norma servirá para introducir modificaciones simultáneas en la ley electoral, la ley de altos cargos, la ley tributaria, ley de enjuiciamiento criminal, el código penal, ley del sector público, ley del régimen local…

Sin recomendaciones del Pacto de Toledo

El adelanto electoral también podría tener repercusiones en los trabajos del Pacto de Toledo, que a día de hoy están muy cerca de poder redactar unas nuevas recomendaciones que deberían servir de guía para ulteriores reformas de las pensiones.

La Comisión permanente ya había alcanzado un acuerdo para ligar las pensiones al IPC real, pero quedaba por decidir cuestiones como la suficiencia de las prestaciones o la corresponsabilidad del Estado en el equilibrio financiero del sistema.

La ‘contrarreforma’ laboral

Otra de las reformas que corre peligro en el actual contexto político es la que tiene que ver con la derogación de los aspectos más lesivos de otra ley previa, la reforma laboral de 2012. El último paso que pudo dar el Gobierno de Pedro Sánchez fue llevar algunas de estas cuestiones a la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para tratar de introducir los cambios deseados vía enmiendas a una iniciativa legislativa relativa al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que versa sobre las condiciones laborales en las contratas.

La prevalencia del convenio colectivo sectorial frente al de empresa; la ultraactividad de los convenios (prórroga automática mientras se negocia su renovación); o el registro obligatorio de la jornada laboral. Todas estas cuestiones eran objeto de negociación en estos momentos entre el Gobierno y fundamentalmente el PNV y PDeCAT.

Sin embargo, al igual que la prometida simplificación de las modalidades de contrato, podrían incluirse ahora en un decreto de ‘contrarreforma’ laboral, como demandan los sindicatos. No obstante, el Gobierno necesitaría elaborarlo con la cautela necesaria para no encontrarse con un rechazo frontal a la hora de su convalidación.

Parón a la ley contra el cambio climático

El Gobierno de Pedro Sánchez se disponía a sentar las bases para encarar la lucha contra el cambio climático en las próximas décadas y cumplir con los compromisos europeos de llegar a 2050 con una economía prácticamente descarbonizada. El Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros de la próxima semana el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta de la política energética española para la próxima década y que debe remitirse ya a la Comisión Europea.

Se trata de sólo un borrador, que Bruselas debe aprobar, y que en cualquier caso no tendrá carácter normativo. Es sólo una guía con calendario de cuándo ir cerrando centrales nucleares, prescindiendo del carbón, impulsando las renovables… El PNIEC se va a aprobar, pero va a quedar en el tintero el texto que servía para asentar un auténtico cambio de modelo con bases ambientales: la Ley de Cambio Climático y de Transición Ecológica. El borrador de esta ley contempla dejar de comercializar vehículos contaminantes en 2040, vetar nuevos yacimientos de hidrocarburos, impulsar las renovables, prohibir ayudas a combustibles fósiles…

'Tasa Google' y 'tasa Tobin'

El Ejecutivo había utilizado los PGE para crear los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras. Su creación no se anula automáticamente, pero queda en el aire. El Ministerio de Hacienda pretende continuar con la creación de las nuevas figuras impositivas mediante la tramitación parlamentaria de sus proyectos de ley… si no se adelantan las elecciones.

El Gobierno esperaba recaudar 850 millones de euros con el Impuesto de Transacciones Financieras (‘Tasa Tobin’), y 1.200 millones más por el que gravará determinados servicios digitales (‘Tasa Google’).

Medidas contra el fraude

Otro de los grandes proyectos de ley que figuran en la parrilla de prioridades del Gobierno es el que desarrolla medidas de control del fraude y que estaba llamado a recaudar unos 828 millones de euros. Se incluyen en la norma la persecución de los software de doble uso o la creación de una unidad de investigación de patrimonios relevantes. En este caso, la norma también procede de un decreto aprobado el pasado

Asimismo, el texto legislativo incluía la trasposición de directivas relacionadas con la lucha contra la elusión fiscal, la resolución de litigios fiscales en la UE y la modificación de diversas normas tributarias.

Pensión para huérfanos de violencia de género

La aprobación de la nueva ley de mejora de pensiones de orfandad de hijos de víctimas de violencia de género es inminente, y probablemente también sorteará los efectos del adelanto electoral pasando la próxima semana por el Congreso.

El proyecto de ley ha fijado una prestación mínima de unos 600 euros (ahora son 140) para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos. Y para los huérfanos que sí perciben esta prestación se les aumenta del 52% al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres, y al 118 % en el caso de que hubiera más de un beneficiario, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.

Lo que se esfuma sin los Presupuestos...

-La subida de impuestos a las rentas altas

El Presupuesto preveía obtener 328 millones adicionales con la subida de dos puntos del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos a las de 300.000 euros anuales. En paralelo, el Gobierno ha decidido suprimir el carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio y aplicar una subida para las grandes fortunas (2.500 contribuyentes), para obtener 2.500 millones más.

-La subida del diésel

El Gobierno quería aprovechar también los Presupuestos de 2019 para empezar a subir progresivamente el impuesto que soporta el diésel para acabar igulándolo con el de la gasolina. Hacienda quería elevar el tributo del gasóleo en 3,8 céntimos por cada litro, hasta los 34,5 céntimos por litro. Sin cuentas, el Estado dejará de ingresar con la medida 670 millones de euros este año, a razón de unos 3,3 euros al mes para un conductor medio (que recorre 15.000 kilómetros al año con su vehículo).

-El permiso de paternidad de ocho semanas:

 Después de haber dado el paso con los funcionarios, el Gobierno había decidido generalizar el permiso de paternidad de ocho semanas a todos los trabajadores. Esta medida no acabó de entrar en el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que se aprobó en diciembre, con lo que también decae con los Presupuestos.

-Cuidadoras no profesionales

Otra de las medidas estrella del presupuesto era la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales -que el Gobierno del PP eliminó-, una medida que estaba dotada con una partida de 315 millones de euros y que pretendía beneficiar a 180.000 personas. En cualquier caso, el rechazo del Congreso al proyecto de ley no implica que tanto la extensión del permiso de paternidad como las cotizaciones de los cuidadores no profesionales no puedan llevarse a cabo a través de otras vías.

-Prestaciones por hijo a cargo

El texto también establecía el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en pobreza severa hasta los 588 euros, para sacar de dicha situación a cerca de 82.000 menores. En concreto, el Gobierno quería incrementar la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros en el caso de familias en situación de pobreza -aquellas cuya renta es inferior al 50 por ciento de la renta considerada como umbral de la pobreza-; y hasta los 588 euros para las familias en situación de pobreza severa -cuando la renta anual es inferior al 25 por ciento del umbral de la pobreza-.

... Y lo que se mantiene pese al fracaso de los PGE

Lo que sí se mantendrá pese al rechazo a los Presupuestos, son las medidas que el Gobierno avanzó por decreto Ley, aunque en el caso de aquellas que posteriormente se iban a tramitar como proyecto de Ley, quedarán como están si hay adelanto electoral.

-Subida del Salario Mínimo (SMI)

El SMI no se aprueba nunca en el marco de los Presupuestos, sino que va por la vía del decreto en uno de los últimos Consejos de Ministros del año. Así ha ocurrido este año, de forma que el SMI de 900 euros al mes con 14 pagas ya está en vigor, de ahí que también se hayan incrementado de forma automática las subidas de las bases mínimas de cotización en un 22,3%.

-Subida de las pensiones

Lo que tampoco decaerá es la ligazón de las pensiones con el IPC en 2019, que fue introducida por la vía del decreto, así como las subidas de las pensiones mínimas y no contributivas un 3% y las de viudedad en un 7%. En todo caso, el decreto, que se decidió tramitar como proyecto de Ley podría no llegar a atravesar ese proceso, por lo que no sufrirá cambios. De ese modo, también permanecerá vigente la subida de las bases máximas de cotización del 7% incluida en la misma norma.

-El sueldo de los funcionarios

Es otro ejemplo de medidas que ya están en vigor, al haberse aprobado por decreto, pero que podrían no tener la oportunidad de seguir la tramitación como proyecto de Ley y, por tanto, de ser enmendados. Se trata de la norma que establece una subida del salario de los funcionarios de al menos un 2,25% para este año y ya ha entrado en vigor.

Las otras promesas del Gobierno que quedan en el cajón

El fin de la legislatura también dejará en el cajón algunas de las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y entre ellas está una de las que más ruido ha generado: la exhumación de Franco. La retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos tampoco podrá llevarse a cabo antes del fin de la legislatura.

El propio Palacio de la Moncloa se apresuró este jueves a repartir un documento que enumera las medidas que no podrán ejecutarse en los próximos meses.

Entre las acciones "que no le dejan hacer al Gobierno quienes han rechazado los PGE", están la supresión del copago farmacéutico, el incremento del 60% de las prestaciones de la Ley de Dependencia o la universalización de educación de cero a tres años.

"Además de estos casos concretos", recuerda Moncloa, "no podrá desarrollarse el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia", "los proyectos de ley para acabar con los recortes educativos del PP" o "el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y para abaratar el alquiler".

"Al Gobierno no le dejan avanzar en la regeneración democrática y el Estado autonómico", concluye el documento. En este sentido, recuerda que no se aprobará "la reforma para suprimir determinados aforamientos", la derogación de la Ley Mordaza o el derecho a la muerte digna.