El Gobierno cambiará por decreto la cúpula del CSN sin apoyo del PP antes del 28-A

El Gobierno inicia in extremis el proceso para renovar la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Lo hace con retraso, porque se esperaba que arrancara el año pasado, cuando empezaron a expirar mandatos de los consejeros del organismo. Pero acelera ahora para impulsar una nueva dirección del supervisor nuclear antes de las elecciones del 28 de abril, con la que romperá la mayoría absoluta de consejeros propuestos por el PP que existe actualmente e impondrá una nueva mayoría socialista.

El Consejo  de Ministros ha acordado proponer al Congreso de los Diputados los nombramientos como consejeros del CSN a Pilar Lucio (diputada socialista y portavoz de Energía), Elvira Romera (catedrática de física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada), Josep María Serena i Sender (ex presidente de Auma Consultores en Medio Ambiente) y Paco Castejón (portavoz de Ecologistas en Acción y abiertamente antinuclear). Los tres primeros son candidatos a propuesta del PSOE y el último es el candidato de Unidos Podemos.

Durante semanas ha habido contactos entre el Gobierno y el PP para consensuar nuevos nombres para los cuatro asientos que toca renovar, pero el PP finalmente desechó la posibilidad de acuerdo, en principio, por vetar el nombramiento de Castejón a propuesta de Unidos Podemos. De los cinco miembros del pleno del CSN, sólo se mantendrá Javier Dies Llovera, catedrático en Ingeniería Nuclear y que fue propuesto por el PP.

Formalmente el proceso de nombramiento contempla que el Gobierno propone a los candidatos, la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados debe dar su visto bueno con una mayoría de tres quintas partes de los miembros, y el Consejo de Ministros acaba aprobando posteriormente el nombramiento.

La próxima semana se reúne la Comisión de Transición Ecológica (y aún habría dos semanas más hasta la disolución de las Cortes el 5 de marzo por la convocatoria de elecciones), y de ella no saldrá un acuerdo con la mayoría suficiente para avalar los nombramientos por el rechazo del PP y quizá también de Ciudadanos. Al final, todo el poder realmente queda en manos del Gobierno, ya que, cuando el Congreso rechace los candidatos, el Ejecutivo puede designar a los nuevos consejeros unilateralmente por decreto.

Renovar cuatro de los cinco consejeros

El Gobierno tiene que renovar a cuatro de los cinco miembros del pleno del CSN, el órgano colegiado que adopta las grandes decisiones del supervisor.  El pasado 28 de diciembre expiró el mandato del presidente del CSN, Fernando Marti, que tendría opción a renovar su cargo, pero que tanto el Gobierno como una mayoría de grupos parlamentarios descartan por completo tras las duras críticas a su gestión. De momento, Marti tiene prorrogado su mandato durante seis meses de manera provisional, pero se acabará en el momento en que se produzcan los nuevos nombramientos sin necesidad de completar ese semestre adicional.

También el pasado 28 de diciembre expiró el mandato de Jorge Fabra, a pesar que por entonces llevaba poco más de un año en el supervisor. Y es que Fabra se limitaba a completar el mandato para el que fue designada Cristina Narbona. En principio, Fabra tendría opción de renovar y asumir otro mandato, pero la normativa no permite que haya consejeros mayores de 70 años y los alcanzó el pasado 2 de febrero, fecha en que abandonó el centro dejando un asiento vacante.

Además, el 20 de febrero de 2019 también acaban sus mandatos Fernando Castelló (nombrado a propuesta del PP) y Rosario Velasco (ex diputada del PSOE). Ninguno de los dos tiene opción a renovar por más tiempo su asiento, así que también deberán ser sustituidos. El quinto consejero seguirá siendo Javier Dies Llovera, catedrático de Ingeniería Nuclear en el cargo desde octubre de 2015 a propuesta del Partido Popular.

Adiós a la mayoría del PP

Cuando apenas quedaban un par de meses para las elecciones generales de diciembre de 2015, el Partido Popular aprovechó su entonces mayoría absoluta en las Cortes para tomar el control de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En plena polémica por el futuro de la central de Garoña y del cementerio nuclear de Villar de Cañas, el Gobierno de Mariano Rajoy rompía el tradicional equilibrio entre partidos y pasaba a controlar también por mayoría absoluta el supervisor.

Tradicionalmente, el pleno del CSN –el órgano colegiado de cinco miembros que toma las grandes decisiones en el centro- lo integraban dos consejeros nombrados a propuesta del PSOE, otros dos del PP y un quinto propuesto por la antigua CiU. Pero en 2015 el Ejecutivo aprovechó la salida del último consejero elegido por los nacionalistas catalanes para nombrar un tercer miembro vinculado al Partido Popular.

Ahora que toca renovar a cuatro de los cinco consejeros por expiración de mandato o por jubilación forzosa, el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía aprovechar la situación para volver a ese antiguo equilibrio entre los dos grandes partidos y acabar con la mayoría de los populares.

Los planes del Gobierno pasaban por que el pleno cuente con dos consejeros propuestos por el PSOE (uno de los cuales ocuparía la presidencia), otros dos del Partido Popular y un quinto que ya no estaba propuesto por los nacionalistas catalanes, sino por Unidos Podemos. La decisión del PP de renunciar a negociar el nombramiento alumbrará un nuevo pleno en que los populares pierden presencia.

El PP se ha desmarcado este viernes de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la cúpula del CSN. La propuesta que se ha aprobado este viertes está formada por un grupo "claramente sesgado" y "prejuicioso" en materia de energía nuclear, según subraya el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, a Europa Press.

La renovación en el CSN llega en un momento clave en que se juega el futuro de la energía nuclear en España. El Gobierno pretende prolongar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento previstos, e iniciar los cierres de plantas “nunca antes” de 2025 e ir clausurándolas hasta 2035. El CSN jugará un papel importante para determinar los requisitos de cada central para que se mantenga operativa.