La subida de las pensiones con el IPC no calma a los jubilados

El Congreso de los Diputados tumbó el proyecto de Ley de Presupuestos de 2019 el pasado miércoles mientras de fondo llegaba el eco una nueva manifestación de pensionistas convocada ante sus puertas. Algo no cuadraba, en primer lugar porque la subida de las pensiones de este año no dependía de lo que ocurriera con las cuentas públicas, pues se aprobó por decreto el pasado mes de diciembre.

Pero también porque desde la primera movilización ante los leones de la cámara baja, en febrero de 2018, los dos gobiernos que han pasado por La Moncloa, el de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez, han incorporado una subida de las pensiones en línea con la inflación, como demandaba la masa de jubilados.

No obstante, lo que ocurre es que la preocupación de las pensiones no ha acabado de volver al punto de partida. En concreto, los manifestantes de este miércoles pedían una pensión mínima de más de 1.000 euros al mes. Pero más allá de las demandas sobre la cuantía de las prestaciones, ha cundido en la sociedad el miedo a que en el futuro no haya recursos suficientes para mantener un sistema de pensiones digno.

Eso y que, en realidad, la reforma de las pensiones de 2013 se encuentra en suspenso, pero no ha sido derogada todavía. O lo que es lo mismo, la vinculación de las pensiones con el IPC con carácter permanente, aún no se ha llevado al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son claros. Las pensiones llevan años en el listado de principales preocupaciones sobre las que se pregunta mensualmente a los ciudadanos. Y si de media algo más de un 3% de la población lo ha situado como el principal quebradero de cabeza desde el año 1997, este indicador se sitúa actualmente en 9,6%.

¿Situación controlada?

La situación parecía descontrolarse a finales del año 2017. La reforma de las pensiones de 2013 venía imponiendo desde ese año una subida anual del 0,25%, el mínimo recomendado por la nueva normativa en caso de déficit recurrente del sistema de pensiones, como era y es el caso todavía.

No obstante, el año 2016 era el primero en el que el IPC había sido superior a esta subida. Los pensionistas empezaban a perder poder adquisitivo y empezaban a sentir en sus carnes la lenta y silenciosa corrección del déficit que imponía la reforma.

Ya en esos últimos compases comenzó la movilización de los jubilados por una pensión digna con la complicidad del grupo parlamentario de Unidos Podemos y los sindicatos CCOO y UGT. Y coincidía esta incipiente convulsión con la constatación de las dificultades en el seno de la comisión del Pacto de Toledo para llegar a un acuerdo de recomendaciones para encarrilar nuevos retoques en el sistema.

En enero de 2018, el indicador de preocupación sobre las pensiones de CIS arrojaba un porcentaje superior al 5% después de haber situado en el 2,6% apenas tres meses antes. Con las movilizaciones de febrero, que coparon las portadas de todos los periódicos, la cifra se disparó al 8% y al mes siguiente, en marzo, superó el 15%.

Cabe precisar que esto no quiere decir que los acontecimientos políticos, económicos y sociales se trasladen a los resultados de los barómetros del CIS en una relación de causa y efecto, pero este indicador permite mantener un relato paralelo a lo que ha devenido en materia de pensiones desde hace algo más de un año. En todo caso, aclarar también que resultados para un mes se refieren a encuestas realizadas en la primera quincena del mismo.

Pues bien, a finales de ese tercer mes del año, el grupo parlamentario de Ciudadanos alcanzaba un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Rajoy para elevar las pensiones mínimas un 2% y las base reguladora de las de viudedad del 52% al 54%, un 7% más en términos de cuantía.

Por efecto del pacto o no, lo cierto es que el barómetro del CIS de abril reflejó una cierta relajación hasta el 13,6%. Después, a principios de mayo, unas declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, rompían todas las quinielas presupuestarias para ese año.

Cuando se daba por hecho que el Gobierno de Mariano Rajoy no iría más allá, un acuerdo de última hora con la formación vasca permitía una revalorización de las pensiones del 1,6% en 2018 y 2019, en línea con el IPC. También subían las pensiones más bajas y las de viudedad por encima del 0,25%, y se posponía la entrada en vigor de la segunda fase de la última reforma de las pensiones --el Factor de Sostenibilidad, que adecuaría la pensión inicial a la esperanza de vida-- desde 2019 hasta 2023.

¿Qué ocurrió con los indicadores de preocupación del CIS? De nuevo se produjo un descenso hasta el 12,4%. Y en junio, hasta el 10,6%. Pero entonces llegó la moción de censura y Pedro Sánchez aupó a los socialistas a La Moncloa. Uno de los partidos que habían hecho bandera con la derogación de la última reforma de las pensiones y con la vuelta a la vinculación con el IPC estaba de nuevo en el Gobierno. El indicador de preocupación por las pensiones volvía a caer hasta el 9,3%, y al 7,7% en septiembre, cuando el Pacto de Toledo alcanzó un acuerdo para volver a ligar las pensiones con carácter general al IPC real.

Desde entonces, su comportamiento ha sido errático. Ha llegado a descender en el mes de diciembre hasta el 5,9% para luego subir al 9,6%. Y estos datos, una vez que el Gobierno incluso ha aprobado por decreto la subida de las pensiones con el IPC --no ya el 1,6%, sino lo que sea necesario para no perder poder adquisitivo--, y ha dejado esta cuestión fuera de la onda expansiva del rechazo a los Presupuestos, la inquietud por las pensiones sigue por encima de su media histórica.

¿Qué ocurre?

Es difícil de precisar, pero no se puede obviar que, de un lado, a lo largo del año 2018 se ha abierto de par en par el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Siempre estuvo ahí, pero el calado en la opinión pública ha sido mayor en 2018, de modo que han proliferado las estadísticas que hablan de una preocupación creciente entre mayores y jóvenes sobre, incluso, si se podrán cobrar pensiones públicas en el futuro.

Organismos internacionales demandando medidas de corrección del déficit de la Seguridad Social, el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ('hucha de las pensiones') y el recurso a la deuda para pagar las pagas extras desde 2012, la incapacidad del Pacto de Toledo para agilizar unas nuevas recomendaciones (más allá del acuerdo puntual sobre la revalorización), etc. Todo eso genera inquietud.

Y lo más importante, lo cierto es que la subida con arreglo a la inflación aún no es Ley. La reforma de las pensiones de 2013, aunque aplazada de facto, sigue en vigor y, aunque el Gobierno introdujo en un borrador de Real Decreto sobre pensiones, de diciembre de 2018, la vuelta permanente a la subida de las prestaciones con el indicador de inflación, en un movimiento de última hora retiró este punto.

Así es que, más allá de que una parte de los jubilados demanden pensiones mínimas de 1.080 euros al mes, lo cierto es que la vinculación con el IPC es aún un asunto pendiente en pleno clima preelectoral.