El Gobierno apura lo que queda de legislatura y, tras el anuncio de adelanto electoral del presidente Pedro Sánchez, los Consejo de Ministros que quedan serán de escoba para sacar adelante proyectos que ya estaban listos y, a poder ser, con mensaje electoral para dejar clara las prioridades de cada cual.
El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado un real decreto con un doble programa de ayudas para promover el vehículo eléctrico y que concentrarán un presupuesto conjunto de 60 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológico pone en marcha el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros que se destinarán a ayudas a la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas e impulsar medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.
Adicionalmente, se habilita una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad.
Descuentos a la compra de coches eléctricos
La parte fundamental del programa contempla el reparto de ayudas a los consumidores para la adquisición de vehículos eléctricos. Unas ayudas con dinero público que oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas, los 5.000 de vehículos ligeros eléctricos y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa (los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no tienen aún con el suficiente desarrollo).
Además de las ayudas, el Gobierno obliga a los fabricantes, importadores de vehículos o los puntos de venta a realizar un descuento adicional mínimo de otros 1.000 euros en el precio final de compra (excepto para las compras de cuadriciclos y motos, a los que las marcas no tendrán que aplicar rebaja propia).
“Los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible”, destaca el departamento dirigido por Teresa Ribera en un comunicado. Un incentivo que se concreta en descuentos de 6.000 euros para coches eléctricos (5.000 de ayuda pública y 1.000 del fabricante) y 16.000 para camiones.
En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Además, MOVES fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.
Con cargo a PGE pasados
La partida de 45 millones destinada a MOVES fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los presupuestos de 2018 con el objeto de financiar “actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso a energías alternativas, incluida la disposición de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”.
Por su parte, la línea de 15 millones dedicada a presupuestos singulares proviene de una partida finalista de 10 millones asignada para tal fin al IDAE en los presupuestos de 2017, y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda partida de 5 millones prevista en los presupuestos del pasado año.
Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración, que tengan la misma finalidad. Pueden ser beneficiarios de las ayudas MOVES profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.
Ambos programas de ayudas serán gestionados por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar convocatorias en sus respectivos territorios. El criterio de reparto de consensuará en la Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las administraciones autonómicas en materia energética.
El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autónoma deberá repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el Real Decreto. Así, deberá dedicarse entre un 20% y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.
Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar hasta un 10%.
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