El Pacto de Toledo, a la carrera para sellar un acuerdo de pensiones antes del 28-A

La comisión permanente del Pacto de Toledo está cerca de cerrar por fin (lleva más de dos años de negociaciones) una acuerdo de recomendaciones en materia de pensiones, la que debería ser la guía para los próximos ajustes del sistema público o, lo que es lo mismo, la hoja de ruta para lograr unas pensiones suficientes mientras se endereza el déficit de la Seguridad Social.

Sin embargo, aunque el tiempo ya apremiaba hace unos meses por la necesidad de ofrecer un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sobre el futuro de las pensiones, la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril ha precipitado los acontecimientos. Los grupos representados en el Pacto de Toledo temen ahora que no de tiempo a cerrar los flecos pendientes y aprobar las recomendaciones antes del 28-A.

Las consecuencias serían enormes. No solo años de trabajo prácticamente en balde, sino la imposibilidad de llevar al papel el acuerdo anunciado en octubre a bombo y platillo para volver a vincular con carácter general las pensiones al IPC real. Porque aquel era, al fin y al cabo, un acuerdo más (de los más importantes y el más mediático) entre más de una veintena de recomendaciones, pero debía esperar a que se negociaran todas para poder ser aprobado en firme. Tan solo se anticipó para lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, que en esos días se manifestaban con fuerza a las puertas del Congreso de los Diputados.

Además, si no diese tiempo, una vez disueltas las cámaras y vueltas a poner en marcha en una nueva legislatura, la correlación de fuerzas podría haber cambiado mucho, abriendo un nuevo paréntesis en las deliberaciones de la comisión permanente. Por lo tanto, y dada la urgente necesidad de hacer algo para embridar el déficit de las pensiones sin descuidar las necesidades de los pensionistas, la situación es delicada.

Las fuentes consultadas coinciden en dos cuestiones: los trabajos se han acelerado desde que el Congreso de los Diputados tumbaron los Presupuestos de 2019 (ese mismo día los portavoces se pusieron manos a la obra) por la voluntad de la mayoría de los grupos de sacar adelante las recomendaciones.

Además, hay acuerdos cerrados incluso en temas como la corresponsabilidad del Estado a la hora asumir gastos que ahora soporta la Seguridad Social para reducir su déficit, tomando como referencia las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sin embargo, también hay aún discrepancias que se reflejarán en votos particulares casi con toda seguridad.

De hecho, la nueva situación parece haber reavivado las estrategias puramente políticas en el seno de la comisión y eso amenaza con ralentizar el esfuerzo final. Pero, sobre todo, la normativa parlamentaria es terca y, si los grupos esperan tener esta semana un primer borrador de recomendaciones del letrado, a sumar un plazo máximo de 10 días para presentar enmiendas y votos particulares, luego debería llevarse el documento a la comisión --el Pacto de Toledo lleva meses reuniéndose en secreto para que nada trunque los acuerdos-- y después votarse en un Pleno, de los tres que quedan esta legislatura. Todo un periplo dado lo estrecho del calendario ahora que se sabe que habrá elecciones en poco tiempo.

El Gobierno puede actuar

Si el Pacto de Toledo no llegara a tiempo, el Gobierno aún tendría un as en la manga. Todo apunta a que el Ejecutivo se reserva la opción de aprobar, al menos, la vinculación permanente de las pensiones con el IPC por otra vía.

Porque en estos momentos, lo cierto es que la reforma del 2013 sigue operando, de ahí que los indicadores que miden la preocupación por las pensiones entre la ciudadanía sigan en niveles por encima de la media histórica.

El índice de revalorización solo se ha sustituido por la indexación con el IPC para los años 2018 y 2019, y el Factor de Sostenibilidad se ha pospuesto hasta 2023.

Sin embargo, no está claro que el Gobierno tenga también margen suficiente. Fuentes del Ejecutivo aseguran que en materia de pensiones se tratará los mayores consensos posibles, de ahí que se esté esperando a que el Pacto de Toledo remate la faena.

De esa forma se aseguraría que un eventual decreto, tramitado por la vía de urgencia, será convalidado en el Parlamento, dando por cumplido quizás el principal compromiso social adquirido por Sánchez.

Las prioridades de Sánchez

Por lo pronto, cada ministerio ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuáles son sus prioridades para ver qué se puede sacar adelante antes del 28-A. Por parte del Ministerio de Trabajo, la revalorización de las pensiones con el IPC es una de ellas, junto a posibles medidas para atajar el déficit de la Seguridad Social en el corto plazo, como sacar gastos del sistema y llevarlos a Presupuestos.

Además, Trabajo se ha propuesto recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, la cotización de las cuidadoras no profesionales y la ampliación del permiso de paternidad a ochos semanas, es decir, las medidas estrella de los Presupuestos.

El Gobierno también quiere aprobar con carácter inminente la derogación de parte de la reforma laboral. En concreto, aquellas cuestiones que gozan de mayor consenso entre los agentes sociales, pero en este caso especialmente, la necesidad de que un eventual no quede en un "brindis al sol", como señalan las fuentes consultadas, dificulta aún más la tarea de gobernar contra el reloj.

Las pensiones, la gran promesa

De entre todos estos compromisos, no hay que olvidar que será difícil que Pedro Sánchez acabe la legislatura y encare unas nuevas elecciones sin cumplir su promesa de ligar las pensiones con el IPC con carácter permanente. Eso acerca la posibilidad de que el Ejecutivo decida recurrir directamente a la vía del decreto, para el que fuentes parlamentarias tampoco ven mucho margen de tiempo.

Para acortar los plazos, el Gobierno podría tener ya cerrada o al menos en elaboración la redacción de esa eventual norma. Porque la vinculación de las pensiones con el IPC con carácter permanente ya se introdujo en el decreto sobre pensiones y Seguridad Social del pasado 28 de diciembre, aunque finalmente se quedó fuera.

El documento, tal y como estaba redactado la víspera de aquel Consejo de Ministros, introducía una modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social “con la finalidad de que la fórmula de revalorización utilizada sea la que se aplique indefinidamente, y no solo para 2019, recuperando en la nueva redacción, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social, incluidas las del Régimen Especial de las Clases Pasivas del Estado, la fórmula de revalorización vigente antes de la reforma operada en 2013”.