El sector energético nacional se ha instalado en una judicialización permanente. Desde hace años son muchas las normativas impulsadas por el Gobierno que son recurridas de manera persistente por las compañías eléctricas. Y así seguimos también con el Gobierno que hasta no hace mucho aún era el nuevo, y que ahora está de salida una vez confirmado el adelanto electoral.
Las eléctricas ahora se lanzan contra la orden ministerial que fija los peajes eléctricos de 2019, en la que se establecen los recargos que se recogen en el recibo de la luz para financiar los costes regulados del sistema y parte de la política energética nacional. Las órdenes de peajes son recurridas por las compañías de manera insistente año tras año.
Las eléctricas Endesa y EDP ya han formalizado la presentación de los recursos ante el Tribunal Supremo, y éste ya los ha admitido a trámite, según se recogía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer. No serán las únicas, ya que Iberdrola y Naturgy previsiblemente lo harán esta misma semana, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de los planes de las compañías.
Endesa ha centrado su recurso en el margen de comercialización (la rentabilidad fijada legalmente por ofrecer la tarifa regulada de la electricidad), ya que aún no ha sido publicada a pesar de que debía estar ya fijado el margen entre 2019 y 2021. Y la compañía también ha recurrido algunos aspectos de la retribución por la generación en territorios extrapeninsulares.
Los planes de Iberdrola pasan por intentar tumbar la orden de peajes por los cambios en las ayudas que reciben las centrales eléctricas que utilizan gas natural. Por un lado, el Gobierno incluyó en la orden la supresión de una parte de esas ayudas que perciben las centrales de gas simplemente por estar disponibles para funcionar si hacen falta, incluso aunque ni siquiera arranquen (el denominado servicio disponibilidad, unos 170 millones de euros al año), Por otro, reformó otro tipo de ayuda para las mismas plantas como compensación por las inversiones realizadas en ellas.
EDP, por su parte, ha presentado un recurso general contra la orden de peajes para evitar que expirara el plazo legal para poder hacerlo, y ahora está valorando las alegaciones sobre partes concretas del texto que podría presentar para detallar el recurso. Naturgy está estudiando el contenido de su recurso, pero fuentes del sector dan por hecho que lo presentará esta misma semana.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado diciembre la congelación de los peajes de la electricidad, es decir, la parte regulada de la factura de la luz y que supone en torno al 45% del importe total de la misma. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos (cerca de un 20%) y el coste de la energía (el 35% restante). Estos peajes incluyen cargos para cubrir los costes de la distribución y del transporte del sistema eléctrico, las subvenciones a las energías renovables, la amortización del déficit de tarifa o la compensación a las extrapeninsulares.
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