Los robots no pagarán las pensiones, Amazon y Google deberían hacerlo

En el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo, convertido ya en agua de borrajas, no se hablaba de los robots como la solución para pagar las pensiones de los humanos en el futuro.  Ni de inteligencia artificial. No se planteaba que un grupo de abnegados androides pasaran a sustituirnos como contribuyentes de la Seguridad Social.

Un impuesto a la robotización, para compensar de algún modo los ingresos que se perderán por la sustitución de humanos por máquinas que realicen sus tareas productivas, no puede aplicarse a los robots. Lo primero, porque no está claro lo que es un robot. ¿El altavoz de Alexa que ya nos habla en casa es un robot? ¿El coche autónomo que nos llevará al trabajo es un robot? ¿Nuestro smartphone, lleno de apps con inteligencia artificial, es un robot?

No. No son los robots los que pueden ayudar a recaudar al maltrecho sistema de pensiones, sino los dueños de los robots. O, mejor dicho, quienes saquen más beneficios con ellos. Aunque sustituyan humanos en muchas tareas y se cumpla la profecía de que el 60% de los empleos actuales se automatizará, lo que no cambiará es que seguirá habiendo empresas que ganen dinero haciéndolo.

Lo que sí es cierto es que el Pacto de Toledo planteaba, por primera vez, el debate sobre cómo vamos a pagar las pensiones del futuro ante el aumento de la esperanza de vida de los españoles y mientras los niveles de riqueza se mantienen, pero los empleos como hasta hoy los hemos conocido van desapareciendo con la automatización y, sobre todo, con el cambio de reglas de juego de la economía digital.

En ese punto, es en gigantes digitales como Uber, Deliveroo y Amazon donde habrá que poner la mirada para conformar el nuevo pacto social que garantice las pensiones.

¿Es el futuro digital un futuro precario?

Hechas estas aclaraciones, retomemos el borrador textual del Pacto de Toledo. Lo que recogía el texto fallido de la comisión parlamentaria eran dos recomendaciones nuevas sobre las que se trató por última vez, en 2011. Una primera se refería a la juventud y la Seguridad Social y plasmaba la preocupación por la proliferación de los empleos precarios tras la crisis y las dificultades de los jóvenes para lograr acumular carreras de cotización suficientes, en tiempo y en calidad de las aportaciones.

Y esa misma preocupación se volvía a tratar de nuevo en otra recomendación sobre la nueva Seguridad Social y la economía digitalizada. ¿Por qué esta ligazón? Porque muchos de esos empleos precarios son los que se están extendiendo a la sombra de las plataformas digitales. Una realidad que ya está aquí, pero que tendrá efectos sobre las pensiones en el futuro, más allá de la pura extinción de ocupaciones.

Esta última recomendación concretaba que la creciente robotización y el surgimiento de la economía de plataformas digitales están generando nuevas formas de empleo atípico y de autoempleo, que generan desigualdad entre los trabajadores y que hacen urgente adaptaciones normativas para proteger a estos nuevos colectivos vulnerables.

Por tanto, se refería aquí el Pacto de Toledo a esa legión de trabajadores que empleados como autónomos solo ahora la Inspección de Trabajo comienza a considerar trabajadores con una relación laboral en toda regla, como pueden ser los riders o repartidores de las empresas de reparto a domicilio. Ahora bien, y esta cuestión es importante, con reconocer la naturaleza laboral de su desempeño no es suficiente, porque aún así, estos trabajos son en muchos casos esporádicos, discontinuos...son precarios.

El germen de la recomendación

Ese el quid de la cuestión y el origen de la preocupación en el seno del Pacto de Toledo. Porque la comisión, entre otras fuentes de información, había estudiado previamente un informe titulado La gran transición: la economía de plataformas digitales y su proyección en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, del actual director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, en el que se planteaba y se profundizaba en estas cuestiones. De hecho, el texto de la recomendación en cuestión plasma con exactitud el espíritu de ese informe.

Dicho de otro modo, la recomendación sobre economía digital ya ha sido planteada en la cocina del Ministerio de Trabajo, en la propia Seguridad Social. Es uno de los debates principales sobre el futuro y requiere una altura de miras extraordinaria si aspira a sentar las bases de la nueva legislación para la era digital.

"El impacto (de este nuevo empleo atípico) puede ser particularmente intenso en modelos como el español de corte bismarckiano-mediterráneo en los que la relación jurídica con la Seguridad Social a efectos de acción protectora y de financiación se articula a través de las cotizaciones sociales, principalmente", señalaba el informe, para añadir que debe tenerse en cuenta que "las reformas que se han llevado en España y, en general en el resto de países europeos, en los últimos años han perseguido un reforzamiento del principio de contributividad a través de una mayor proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones".

¿Qué quiere decir todo esto? Que si el empleo es más precario en un contexto de mayor contributividad, entonces las pensiones futuras también lo serán. Y Suárez se pregunta entonces (como también lo hace el Pacto de Toledo) si el sistema actual puede garantizar un nivel suficiente de protección a los jóvenes de hoy que tienen empleos precarios. Más en detalle, un sistema como el actual ¿puede garantizar una pensión digna a un rider o un trabajador de Uber? ¿Puede que un empleado precario y con un trabajo discontinuo llegue incluso a quedarse fuera de ese sistema al no tener si quiera capacidad para cotizar por sí mismo?

Al final, lo que subyace de estas reflexiones es que debe revisarse si una Seguridad Social pensada para una economía industrial, de empleo estable y a tiempo completo, está preparada para proteger a los trabajadores de una economía digital. La respuesta parecer ser no.

Inventarse un salvavidas

Por eso Suárez considera que, junto a la necesidad de garantizar unas condiciones de trabajo dignas en las emergentes actividades económicas a través de plataformas digitales, se hace cada vez más imprescindible "el establecimiento (o reforzamiento) de mecanismos de naturaleza no contributiva que sirvan para compensar la inestabilidad de las carreras profesionales y de cotización"."Solo por esta vía podría evitarse una reducción significativa de la cuantía media de las prestaciones  y de la pensión de jubilación, en particular", añade.

De vuelta al Pacto de Toledo, la recomendación coincide en que existe un creciente riesgo de 'infracotización' por la proliferación de empleos asociados a las plataformas digitales, y precisa que "este anómalo funcionamiento del sistema podría traducirse en prestaciones incapaces de garantizar suficiencia y adecuación".

También confluye, primero, en la necesidad de garantizar a estos trabajadores una condiciones de trabajo dignas y, en tanto que esto se presume difícil ante la facultad empresarial de ajuste del tiempo de trabajo que las plataformas digitales facilitan, también en la posibilidad de "reforzar los mecanismos no contributivos, típicamente solidarios, del sistema". Es decir, completar con subsidios las mermadas pensiones contributivas resultantes.

Y el borrador finaliza diciendo que la previsible pérdida de peso del trabajo en la actividad productiva no parece anticipar una caída de los niveles de riqueza, pero puede afectar, como ya lo está haciendo, a la Seguridad Social por la vía de los ingresos por cotizaciones. Esto abre otra vía de reflexión: superado el cómo cubrir a trabajadores con infracotizaciones, hay que pensar en el cómo se financia.

De ahí que la Comisión acabe recomendando también corregir la excesiva dependencia de las cotizaciones sociales. En efecto, el Pacto de Toledo concluía diciendo que, "si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".

¿Tal vez los robots? La recomendación se limita a señalar que habría que diversificar fuentes de ingresos. ¿Y el informe precedente a la recomendación? Concreta algo más (cabe recordar que el Pacto de Toledo rara vez ofrece soluciones muy concretas, dado que trata de aunar las sensibilidades de todo el arco parlamentario). Si bien es cierto que Suárez hace una alusión a la creación de un robot tax, un impuesto sobre los robots (no que paguen los robots), se explaya más en otras dos vías.

La primera pasaría por aumentar la aportación del Estado al sistema de pensiones transformándolo en uno de corte beveridgeano --más asistencial y centrado fundamentalmente en la reducción de la pobreza--. Ahora bien, esta alternativa debería completarse con más instrumentos privados de protección social (planes de pensiones, empresariales o individuales), lo que nuevamente sería muy difícil de sostener por parte de los trabajadores víctimas de la precariedad, a menos que fuera de la mano del desarrollo de una renta básica universal, la vieja receta para conjurar la pérdida de empleos por la robotización.

Una segunda opción pasaría por preservar la actual naturaleza del sistema, aumentando la aportación del Estado con origen en impuestos generales. Aquí podría encuadrarse el impuesto sobre los robots (no el impuesto que pagarían los robots, insistimos), sin embargo Suárez, como otros expertos consultados por este periódico se centra más en replantear el actual sistema fiscal, gravando menos las rentas del trabajo y más el capital.

"Más que apostar por la imposición de una cotización adicional ligada al proceso de cambio tecnológico, podría tener más sentido la creación de un impuesto finalista que sirviera para garantizar una sólida estructura de financiación del sistema", señala el informe.

Por su parte, el que fuera su predecesor en el cargo, el profesor de Economía Aplicada de la URJC Miguel Ángel García, cree que establecer un impuesto sobre los propios robots "no es una solución sólida". "Puestos a financiar con impuestos es mejor hacerlo a través del Impuesto de Sociedades que deben pagar las empresas por sus beneficios obtenidos, entre otras cosas con robots".

¿Cómo deberían tributar los gigantes digitales?

Por lo tanto, el problema de la destrucción de empleo de la economía digital a corto plazo no está en que la inteligencia artificial avance lo suficiente como para desarrollar robots más inteligentes que las personas, sino que las grandes empresas tecnológicas que acumulan cada vez más beneficios eludan los impuestos. Y eso es un reto muy humano.

Si tributaran por beneficios y en función a la riqueza que se genera en cada país en el que operan en vez de centralizar en los estados más ventajosos el grueso de su cotización, las arcas públicas recuperarían unos ingresos que se les escapan.

En muy pocas cosas se han puesto de acuerdo en Estados Unidos los demócratas con el presidente Donald Trump. Y una de las pocas ideas en las que coinciden es que Amazon paga pocos impuestos. El escándalo ha saltado cuando Amazon se ha negado a poner una nueva sede en Nueva York cuando esta ciudad cuestionó los subsidios prometidos al gigante online para establecerse en Long Island.

¿Tiene sentido subvencionar empresas que apenas pagan impuestos locales y que cada vez generan menos empleo debido a la robotización de sus procesos?  La empresa de Jeff Bezos duplicó sus ganancias en el 2018, llegando a los 11.200 millones de dólares, pero no paga nada en impuestos federales, según un informe publicado por el Instituto de Políticas Económicas y de Impuestos de EEUU.

El caso de Amazon en Nueva York ha puesto el debate encima de la mesa de los impuestos que pagan los gigantes online.  Un debate que ya lleva tiempo abierto en este lado del Atlántico en el que Google ya paga más por multas de la Comisión Europea que por impuestos.

La Unión Europea prepara un nuevo caso contra estos gigantes como Google y Facebook. El objetivo es acabar con el desplazamiento de las ganancias de las empresas de tecnología a regímenes fiscales más favorables. Del rediseño de los sistemas impositivos de estas grandes empresas, más que de los robots que desarrollan, dependerá también el futuro de las pensiones.

De la robotax a la tasa Google

De vuelta a España, más allá del Pacto de Toledo y su entorno, hasta el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, reconoce que "la regulación actual no comprende lo que está pasando". En la presentación de los resultados de su compañía, reivindicaba esta semana el alto directivo  la importancia de que se planteen las mismas reglas de juego para los gigantes online. También las tributarias.

Telefónica respalda la implantación de impuestos específicos a los servicios digitales, la conocida como 'tasa Google', precisamente para evitar que los gigantes online se ahorren los impuestos en los países donde operan. El adelanto de elecciones al 28 de abril, sin embargo, deja en el aire esta tasa que quiso implantar el Gobierno del PP primero y el de Pedro Sánchez, después. Otro fleco más que queda pendiente para la próxima legislatura.

Para entender mejor cómo habría que repensar el sistema distributivo de la riqueza en la que, a diferencia del modelo industrial, la riqueza ya no la crean tanto los obreros como los algoritmos, más que pensar en una tasa para los robots habría que hacerlo en una para los datos:  "Este es un nuevo mundo en el que los datos se han convertido en un nuevo factor de producción", afirma Pallete en defensa de la tasa digital. "Así como hay impuestos para el rendimiento de capital y para el rendimiento del ahorro, no se está pagando por el rendimiento de los datos. Hay una clara asimetría fiscal entre la economía tradicional y la basada en los datos".

En todo caso, lo que no se puede negar, es que ahora sí, la digitalización de la economía y sus efectos sobre el empleo, y por ende sobre el sistema público de pensiones, han llegado para quedarse al debate sobre su suficiencia y su solvencia futura. Tenemos un sistema pensado para una economía industrial y el futuro es digital. ¿Cómo actualizar las normas fiscales y las prestaciones sociales en una nueva realidad en la que los  empleos para toda la vida son cada vez más quiméricos? Aunque el Pacto de Toledo ha fracasado, a buen seguro retomará los trabajos en la próxima legislatura y estas cuestiones volverán a estar sobre la mesa.