Los decretos de Sánchez: un ‘cebo’ electoral con un coste adicional de 1.000 millones

La situación política de Pedro Sánchez, aunque complicada tras el veto a los Presupuestos de 2019 y la precipitada convocatoria de elecciones, guarda en todo caso una ventaja indiscutible de cara precisamente a la cita del 28 de abril. Su actual posición le permite, si juega bien sus cartas, sacar adelante ciertos compromisos electorales por la vía del decreto que le acercarían a un caladero de más de 10 millones de votos, el doble de los que obtuvo el PSOE en las últimas elecciones de 2016, posicionando además a los partidos de derechas como los que intentaron bloquear medidas progreso social en España. El decreto como arma electoral.

Es evidente que todo movimiento político a partir de ahora, tanto del Gobierno como de los partidos de la oposición, tiene necesariamente una lectura electoral. Y en ese tablero de ajedrez que siempre antecede a las urnas está ahora la negociación contrarreloj de los decretos con los que el Ejecutivo quiere sacar adelante la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral de 2012, la revalorización de las pensiones con el IPC real, la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas o la cotización par las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia.

Medidas in extremis que, además de una muestra de su compromiso social, son potenciales medallas que el Gobierno se quiere colgar en la solapa antes del 28-A, pero que también tienen un valor político, por adhesión u oposición, para el resto de partidos.

Solo así se entiende que se esté discutiendo si se adoptan iniciativas que podrían tener un coste de más de 1.000 millones de euros adicionales para la Seguridad Social, sin que al mismo tiempo se plantee dar un paso más en la subida del Impuesto sobre Sociedades a los grupos empresariales o el IRPF a las grandes fortunas, que bien podría hacerse modificando la legislación actual, para asegurar un plus de ingresos como contrapeso presupuestario. Aunque todo puede pasar, a la vista de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señalaba en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que el Gobierno "va a hacer las cosas como tiene que hacerlas".

Por otro lado, el Ejecutivo admite que todo depende de los apoyos que sea capaz de recabar para sacar adelante estas medidas. Porque aprobar cualquiera de ellas por decreto y ver después como el Congreso de los Diputados las tumba en el trámite de convalidación de los decretos tendría un importante coste político y haría todo esfuerzo muy poco rentable.

Es por eso que el Gobierno ha intensificado el diálogo con la patronal y los sindicatos y mantiene ya conversaciones con el resto de partidos en materia de vivienda, igualdad o empleo. Los socios más buscados son los partidos nacionalistas Compromís, EH Bildu y PNV, además de Unidos Podemos.

La fechas de referencia, los Consejos de Ministros que quedan: el viernes 22 de febrero y el del viernes que viene, 1 de marzo. De aprobarse, los decretos leyes se enviarán después al Congreso, que a partir del 5 de marzo estará disuelto, pero será entonces cuando la Diputación Permanente se haga cargo de la convalidación de estas medidas.

Un cebo para 10 millones de votantes

Lo que está en juego se resume en un gasto en el corto plazo de más de 1.000 millones de euros en beneficio de más de 400.000 personas, a sumar otras cuestiones menos cuantificables que dispararían este target muy por encima de los 10 millones de votantes.

De entrada, la gran incógnita es qué hará el Gobierno en materia de pensiones. Como avanzó este periódico el pasado lunes, fuentes del Ejecutivo aseguran que el plan b para aprobar entre otras cuestiones la derogación del índice de revalorización de las pensiones y la vuelta a su vinculación con el IPC real lleva tiempo esperando en el cajón de Pedro Sánchez a la espera de un desenlace en el Pacto de Toledo.

La comisión permanente saltó por los aires el pasado martes después de una enmienda a la práctica totalidad del borrador de recomendaciones que se trataba de pactar por parte del grupo Unidos Podemos,  al que le siguieron PP y Ciudadanos, que desistieron entonces de agotar el margen de negociación antes del 28-A. Nadie escondía después de esta última reunión que la fecha electoral había frustrado de una u otra medida el acuerdo.

Sin embargo, agotada la vía del diálogo, el Gobierno tiene la opción de legislar por decreto, no sin riesgo. Porque esa decisión sin esperar al inicio de una nueva legislatura --fuentes sindicales aseguran que habrá un decreto de medidas en materia de Seguridad Social el próximo viernes--, sería un nuevo rejón al Pacto de Toledo y su naturaleza supuestamente ajena a las intrigas políticas.

Sin embargo, la revalorización de las pensiones con el IPC afecta a un colectivo de más de alrededor de 9,6 millones de personas que además se han mostrado muy activas socialmente en los últimos años y que, de acuerdo con los resultados del CIS, sostienen un nivel de preocupación sobre su futuro superior a la media histórica. Además, no dar el paso a buen seguro le costará nuevas movilizaciones de los sindicatos.

De plantear un decreto en esta línea, el Gobierno obligaría a todos los grupos a retratarse ante los pensionistas. Esa misma presión hizo que el Pacto de Toledo alcanzara un acuerdo en octubre para volver a vincular las pensiones con el IPC, pero dejando muchas puertas abiertas. Unidos Podemos también estuvo a favor y solo se quedó fuera ERC.

La 'contrarreforma' laboral

A esos más de 9,6 millones de votos habría que sumar otros 410.000 beneficiarios de otras medidas que integran la lista de preferencias del Pedro Sánchez en materia de empleo y protección social.

En primer lugar, la ampliación de los permisos de paternidad de las cinco a las ocho semanas en 2019, lo que tendría un coste para la Seguridad Social de 302 millones de euros, de acuerdo con los cálculos incluidos en los Presupuestos para este año. El Gobierno ha incluido esta medida en el decreto sobre igualdad que previsiblemente aprobará en el próximo Consejo de Ministros.

A eso se añade la recuperación de la cotización para las cuidadoras no profesionales, que beneficiaría a 180.000 personas, tras un desembolso de 315 millones de euros; y, finalmente, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, dirigido a unas 114.000 personas, y que implicaría un gasto para el Estado de 388 millones de euros.

Pero no solo eso, la capacidad de Sánchez para llegar en estos momentos a sus votantes se dispararía si se tienen en cuenta otras medidas, como por ejemplo la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las condiciones de trabajo en las subcontratas, que hasta que decayeron los Presupuestos se negociaba en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados junto a otras cuestiones incluidas en lo que se conoce como 'contrarreforma' laboral del PSOE.

En concreto, lo que se pretende con esta reforma del artículo 42, es que los trabajadores de las subcontratas cuenten con las mismas condiciones que los empleados de las empresas matriz, lo que mejoraría la situación, por ejemplo, de otro colectivo muy activo en las calles como es el de las camareras de piso o 'Kellys'.

En ese marco de negociación, el Gobierno se ha encontrado con el freno de las empresas, primero por parte de la patronal CEOE-Cepyme en el diálogo con los agentes sociales, y después en la comisión, en sus conversaciones con el PDeCAT. Es por eso que está por ver si Pedro Sánchez es capaz de revertir cuestiones de la reforma laboral como la prevalencia del convenio de empresa frente al de sector o la ultraactividad de los convenios, para que estos vuelvan a prorrogarse sine die mientras no haya un acuerdo para su renovación.

Queda en el aire también la obligación para las empresas de llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores, una medida pensada aflorar las bolsas de horas extraordinarias ilegales o no cobradas, y el empleo a tiempo parcial fraudulento.

Alquileres y guiños al 8-M

Otros dos caladeros de votantes en los que el Gobierno podría echar la red son el alquiler y las políticas de igualdad. En el caso del primero, el Ejecutivo quiere volver a someter a votación en el Congreso el decreto sobre alquileres que fue devuelto con el rechazo de Podemos, que sigue presionando para que incluya un límite de precio para los arrendamientos en aquellas zonas en las que hay más presión de demanda.

Por si Podemos fuera capaz de presionar a Pedro Sánchez para que incluyera este tope en un eventual nuevo decreto, cabe recordar que alrededor del 17% de los hogares viven en pisos de alquiler, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y como guinda, la Ley de Igualdad (que incluía la ampliación del permiso de paternidad). Un decreto que para el Gobierno es sumamente estratégico. Ha querido vender su intención de aprobarlo como una forma de sobreponerse al bloqueo ejercido por Ciudadanos y PP a la norma, y todo ello a escasos 15 días de que se celebre la huelga feminista del 8 de marzo. De llevarse a cabo supondría una revolución dentro de las políticas de igualdad.

En su contenido, el Gobierno ha incluido, entre otras cuestiones, la obligación en el seno de las empresas de llevar un registro de los salarios medios por género, así como de los complementos, para evitar discriminaciones retributivas entre hombres y mujeres.

Con esta batería de medidas, que se sumarían a las subidas salariales por encima del IPC para más de tres millones de funcionarios, ya aprobadas a finales de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene munición suficiente para garantizarse guiños a una gran masa del electorado y tratar de contrarrestar la revitalización de las derechas con la suma de fuerzas de PP, Ciudadanos y la irrupción de Vox.