El Gobierno sale también a la caza del voto de los funcionarios y los empleados públicos en general. El Ejecutivo trabaja en distintas medidas que beneficiarían a las plantillas del Estado. Y entre ellas están el incremento del salario mínimo de los empleados laborales del Estado, como adelanta El Independiente, o una nueva oferta de empleo público.
La segunda opción está sobre la mesa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha recibido la orden de Moncloa de tenerla lista antes de los comicios del 28 de abril. Según publica El Mundo, la oferta afectaría a la Administración General del Estado (AGE) y debería estar diseñada como máximo a principios de abril.
La misma información precisa, citando fuentes sindicales, que el número de plazas ofertadas puede superar a la realizada en 2018. Esta ascendía a 30.000 puestos, la mayor cifra desde el inicio de la crisis en 2008.
En declaraciones a los medios, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha indicado que el Gobierno y los sindicatos están trabajando para detectar los sectores más necesitados de incrementos de plantilla.
Otros guiños
Junto a la nueva oferta de empleo, el Ejecutivo negocia el incremento del salario mínimo de los trabajadores laborales de la AGE en el marco de la negociación del convenio único de la Administración Central. La negociación de este gran acuerdo –podría considerarse como uno de los mayores convenios de empresa del país al afectar a unos 40.000 trabajadores públicos– mantiene sobre la mesa una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, el incremento del salario base o mínimo bruto de los empleados laborales del Estado hasta los 1.200 euros al mes, en 14 pagas.
Las centrales CSI-F, CCOO y UGT ya se movilizaron en mayo del pasado año con esta demanda debajo del brazo. En aquel momento reclamaban la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y del personal funcionario, y un incremento lineal de 200 euros y 100 euros para todos los empleados públicos de la AGE, destinados al establecimiento de la carrera profesional.
Fuentes sindicales consultadas no dan nada por cerrado en estos momentos, pero aseguran que las negociaciones están muy avanzadas después del empujón dado por la actual Administración. Creen que no habrá problema en que se pueda elevar este salario hasta los cerca de 1.200 euros –se barajan 1.150 euros–, sin llegar a alcanzar este máximo, desde los menos de 1.100 euros actuales, lo que beneficiaria a los empleados del nivel más bajo, que suman entre 6.000 y 7.000 trabajadores, según cifras aportadas por los sindicatos.
Viernes de decretos
Tal y como ha relatado Montero, estas medidas podrían pasar por los sucesivos Consejos de Ministros hasta antes de las elecciones anticipadas del 28 de abril. La cuestión clave es con qué ingresos se contará, porque también ha reconocido que toda medida de gasto debe ir aparejada de una reserva de estos ingresos.
Para el decreto de medidas de corte social que el Gobierno prevé aprobar próximamente, el Gobierno cuenta por ejemplo con la recaudación extra por cotizaciones derivada de la subida de las bases mínimas --un 22,3% en línea con el SMI-- y máximas de cotización --un 7%--.
Sin embargo, el Gobierno da por perdidas las subidas de impuestos que afectaban a los tributos que gravan la actividad de las empresas. En todo caso, considera que es preciso acelerar la tramitación de los proyectos de Ley para regular las tasas 'Tobin' y 'Google'.
Lo que está también peleando el Ministerio de Hacienda es la posibilidad de aprobar un decreto para poder articular los ingresos adicionales procedentes de la liquidación del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, y los anticipos a cuenta consignados para las comunidades autónomas en los Presupuestos de 2019, con los que algunas comunidades autónomas ya han contado para elaborar sus presupuestos para este año.
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