Blackstone alerta de que el decreto sobre el alquiler paralizará el sector inmobiliario

El fondo americano Blackstone, uno de los mayores inversores del sector inmobiliario español con activos valorados en 25.000 millones, advierte severamente sobre las consecuencias que tendría el Real Decreto sobre vivienda y alquiler que el Gobierno y Podemos ultiman y esperan aprobar en el Congreso el próximo viernes.

Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, alerta sobre la "probable paralización en el mercado del alquiler", si la nueva normativa sale adelante, y critica que la postura del Ejecutivo, al legislar in extremis, "aumenta la inseguridad jurídica".

"Esta forma de actuar por parte del Gobierno supone una probable paralización en el mercado del alquiler y aumentar la inseguridad jurídica en uno de los mercados más importantes de la economía", señala el ejecutivo.

En su opinión, "el pequeño arrendador, que supone el 96% del mercado, paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el real decreto ley".

Y añade: "Esta paralización, ante la incertidumbre jurídica generada por segunda vez en tres meses, supondrá que las pocas transacciones que se crucen lo hagan a un precio superior al previo a la entrada en vigor, como ya se pudo comprobar en el periodo en el que el real decreto no convalidado estuvo operativo".

Claudio Boada, senior advisor del mayor fondo inmobiliario de España, cuestiona al Ejecutivo por legislar de forma precipitada

El directivo cuestiona al Ejecutivo socialistas por tratar de legislar de forma precipitada. "El Gobierno ha manifestado públicamente que tiene la intención de aprobar un nuevo Real Decreto-Ley para regular el alquiler residencial antes de la disolución de las Cortes el 5 de marzo. La nueva norma buscaría establecer contratos con plazos más largos a los actuales y límites a los precios del alquiler, situando a España como uno de los mercados con una de las regulaciones más restrictivas de Europa", ha recordado.

"Se trata de una acción que causa perplejidad a los operadores de este mercado", indica el portavoz de Blackstone. "Hace menos de un mes que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó un Real-Decreto Ley para regular el alquiler residencial aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros. El nuevo intento, a pocas semanas de unas nuevas elecciones generales, supone legislar de forma precipitada un sector muy sensible para millones de ahorradores y sin el análisis necesario para mejorar el funcionamiento del mismo", apunta.

Boada se queja, en línea con grandes inversores institucionales, de que "en menos de tres meses el mercado habrá estado sometido a tres legislaciones diferentes, lo que genera inseguridad jurídica en todos los operadores de mercado, la mayor parte pequeños ahorradores".

El directivo desmonta algunas de las medidas que pretende recoger la nueva normativa. "Limitar las rentas a inflación durante siete años y además incluir un control de rentas de mercado y únicamente para empresas supone una sobrerregulación discriminatoria que perjudicará a miles de personas que verán reducida la oferta de alquiler disponible", sostiene. "Además, frena una mayor profesionalización del sector", añade.

Análisis riguroso

El experto exige un análisis profundo para impulsar el sector, en lugar de medidas precipitadas. "Desde nuestro punto de vista, toda nueva regulación sobre el mercado del alquiler requiere de un análisis sectorial riguroso y de debate entre todos los operadores de mercado, objetivo que no cumple un Real Decreto-Ley pocos días antes de la disolución de las Cámaras. La vía correcta, si se quiere modificar el marco normativo, es la tramitación de un proyecto de Ley una vez que estén constituidas las nuevas Cortes Generales", considera.

Critica que España ha carecido en los últimos 15 años de un buen programa de políticas de vivienda para los más desfavorecidos

Para Boada, "el nuevo intento regulatorio busca traspasar al mercado de vivienda libre un problema que debería solucionarse a través de un mayor parque de vivienda pública o asequible". Critica que "España ha carecido en los últimos 15 años de un verdadero programa de políticas de vivienda para paliar las situaciones de los colectivos más desfavorecidos, un aspecto en el que España está claramente por detrás de sus homólogos europeos".

Por otro lado, recuerda que el mercado del alquiler sirve como vehículo de ahorro y renta a más de cuatro millones de familias y es la alternativa vital de 10 millones de inquilinos. "Sobrerregular el sector de esta manera conducirá a que la oferta se retraiga aún más, se produzcan tensiones al alza en los precios y se incremente la inseguridad jurídica para realizar nuevas inversiones. Todas estas consecuencias son contrarias a los objetivos públicamente manifestados por el Gobierno", concluye.