Bruselas, inquieta por la lentitud de las reformas y la inestabilidad política en España

La Comisión Europea ha vuelto a incluir a España entre la decena de países europeos que mantienen desequilibrios económicos en un contexto europeo que las autoridades europeas aseguran que es el mejor desde la crisis financiera. Así aparece en el informe de país publicado este miércoles, dentro del conocido como semestre europeo.

Bruselas vuelve a afear a España sus elevados niveles de deuda pública o la segmentación de su mercado de trabajo. Pero entre sus llamadas, se incluye una preocupación por la ralentización de las reformas estructurales necesarias para corregir estos desequilibrios a causa del cambio de Gobierno el pasado mes de junio y al convocatoria de nuevos comicios el 28 de abril.

En rueda de prensa, el vicepresidente del Euro y del diálogo Social, Valdis Dombrovski, ha asegurado que la Comisión Europea "no tiene nada que decir" sobre las elecciones. "Son algo normal en la vida democrática. En todos lo Estados miembros hay elecciones". No obstante, ante la vinculación de la lentitud de la aplicación de reformas en España y la situación política que se refleja en el informe, parece que, más allá de esta valoración, la inestabilidad política en España se ve desde Bruselas como una suerte de obstáculo a la corrección de los desequilibrios pendiente.

¿Por qué esta relación?

La Comisión Europea destaca que el crecimiento de España sigue siendo robusto, pese a la evidente desaceleración, entre otras cosas por las medidas de rebaja de impuestos y aumento de rentas (pensiones entre otras) recogidas en el Presupuesto de 2018, aún prorrogado.

Bruselas, que espera que España crezca un 2,1% en 2019 y un 1,9% en 2020, por encima de la media de la UE, también avisa de que la creación de empleo se ralentiza, pero vaticina una tasa de paro del 13,3% en 2020.

Sin embargo, recuerda que, aunque el nivel de deuda pública de España se ha ido reduciendo -el Gobierno espera que baje claramente del 96% del PIB este año-, aún se encuentra en ratios que representan un importante factor de vulnerabilidad para España.

Esta reducción ha sido posible gracias, insiste Bruselas, a un continuo crecimiento económico y a la creación de empleo, sin embargo, alerta de que aún hay "demasiadas personas sin un trabajo o con contratos temporales, así como marcadas desigualdades de ingresos".

Es por ello que la Comisión Europea demanda nuevas reformas para aumentar el potencial de crecimiento de España. Reducir las barreras en los mercados; mejorar la empleabilidad de los parados y la productividad de los ocupados; desarrollar una estructura fiscal que facilite la actividad. Recetas que de alguna forma suenan al proyecto diseñado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se ha quedado interrumpido por la convocatoria de elecciones.

En paralelo, el documento anima a España reformar la estructura fiscal para que facilite el crecimiento. En ese contexto, Bruselas lamenta que "la evolución política, con un cambio de gobierno en junio de 2018 y nuevas elecciones en abril de 2019, se ha reflejado en un progreso general lento en las reformas".

Aviso por el gasto en pensiones

Por otro lado, Bruselas también advierte de la necesidad de seguir reduciendo el déficit público. Concretamente, advierte de que, dejando al margen la ayuda que supone el ciclo de crecimiento en la reducción de este desequilibrio, España necesita elevar sus ingresos ante la expansión del gasto. Y más en detalle advierte de que "la reciente suspensión de la reforma de las pensiones de 2013 y los planes para volver a vincular las pensiones con el IPC seguramente elevarán significativamente el el gasto en el medio y largo plazo, a menos que se tomen medidas de compensación".

Del mismo modo, la Comisión Europea insiste en que, aunque la subida del salario mínimo hasta los 900 euros al mes, en 14 pagas, ayudará a reducir las cifras de riesgo de pobreza, podría impactar negativamente en las oportunidades de empleo para los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.

Por otro lado, pese a que el Gobierno saca pecho por el efecto de su Plan Director, que desde el mes de agosto habría permitido convertir casi 61.500 empleos temporales en indefinidos, el informe asegura que este tránsito sigue siendo "difícil".