El Gobierno y Podemos negocian in extremis sus diferencias por la ley del alquiler

El Gobierno y Unidos Podemos están negociado hasta el último minuto sus diferencias por el decreto del alquiler que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprobar mañana en el Consejo de Ministros. El objetivo del Ejecutivo es dar luz verde a esta norma, cuestionada por los grandes fondos de inversión, antes de que se disuelvan las cortes el próximo 5 de marzo.

A faltar de afinar los últimos detalles, el Gobierno y la oposición habrían logrado consensuar un borrador que sí tendría el beneplácito de la diputación permanente del Congreso de los Diputados, después de que hace apenas un mes el primer texto fuese rechazado con el voto en contra de, entre otros, la formación morada, por la negativa del Gobierno de incluir límites a las subidas de precios.

Establecer una cota a los alquileres había sido una de las líneas rojas de Podemos para respaldar el anterior real decreto de medidas urgentes para la vivienda, que el Consejo de Ministros aprobó el 14 de diciembre y que fue tumbado posteriormente en el Congreso por Podemos, PP, Ciudadanos y ERC.

El nuevo texto, en cualquier caso, no recogerá medidas para regular los precios de los alquileres, pero sí incluirá índices de precios de referencia, tanto estatales como autonómicos.

Desde Fomento se confiesan superados por la cantidad de filtraciones. "Se están publicando muchas inexactitudes, imaginamos que filtradas interesadamente por diputados", cuentan en el ministerio. Apuntan a Podemos sin descartar a cargos electos del PSOE. "Se ha publicado que íbamos a aceptar un límite al alquiler en Comunidades Autónomas y no es cierto: el ministerio no va a aceptar ningún límite", aseguran.

Unas fuentes advierten que el decreto podría retrasarse una semana. Y otras voces del Gobierno critican que "Podemos se pasó de frenada" y "ahora nos va a tocar trabajar hasta tarde cuando podíamos haber cerrado esto antes de terminar 2018", añaden con un poco de ironía.

Lo que sí entra en el decreto

Sí conceden en el ministerio que dirige José Luis Ábalos que dos de las cuestiones que se han publicado estos días se recogerán, probablemente, en el decreto final, si es que, como apuntan diversas fuentes, se presenta finalmente mañana. "Se contempla un índice de referencia", explican en Fomento. Así, aunque no haya límite de precios al alquiler, existirá un índice que permita al arrendatario saber cuánto se está pagando por una vivienda concreta, así como si los propietarios le están exigiendo precios muy superiores al de mercado, véase abusivos. La decisión final recae sobre el inquilino.

"La otra opción que muy probablemente aparecerá en el texto final se refiere a los estímulos para reducir los precios del alquiler". Dichos estímulos de momento se concentraría en una sola medida: bonificaciones fiscales al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

Apoyos

El diputado de Podemos Rafa Mayoral, quien participa en las negociaciones con el Ministerio de Fomento, ha señalado que están "en disposición de convalidar el decreto". "La valoración que estamos haciendo del borrador en el que hasta ahora hemos estado trabajando es que contiene elementos que no contenía el anterior", ha dicho.

Por su parte, el PDeCAT ha avanzado su apoyo al decreto ley tras comprometer el Ejecutivo la inclusión de incentivos fiscales en el nuevo cambio normativo. Así lo manifestó su portavoz Carles Campuzano, asegurando que el texto incluye "cambios razonables" y que, además de los mismos, plantearon la necesidad de incorporar una serie de "incentivos para promover el alquiler".

"Tenemos el compromiso de que finalmente en el texto que se incorpore este viernes figurarán estos incentivos, y podemos decir que el texto va a contar con nuestro apoyo", dado que contempla un "marco fiscal" que favorece la oferta de alquileres a un menor precio.

En este sentido, ha hecho referencia al índice de precios que ya existe en Cataluña, y ha sugerido que este tipo de estadísticas sirva como referencia para aplicar esas rebajas fiscales, como por ejemplo una mayor rebaja del IBI, para la cual cree los ayuntamientos deben contar con mayor margen, o mayores incentivos en el IRPF.

Los puntos claves

Al igual que en el primer texto, la duración de los contratos se amplía a cinco años para los arrendadores personas físicas y siete para las jurídicas. Otra de las novedades es la relativa a la variación de los precios de los alquileres, que se hará conforme al IPC de forma obligatoria para todos los contratos.

Sobre los gastos de formalización y la gestión del contrato, el nuevo decreto contempla que estén a cargo de las personas jurídicas. Además, con respecto a la validez de los mismos, en el caso de los contratos de 5 y 7 años, deberán ser respetados también en el caso de no estar inscritos en el Registro de la Propiedad.

También hay modificaciones en cuanto al plazo de preaviso, en caso de no renovar el contrato. En este sentido, pasa de un mes a cuatro para los inquilinos y de un mes a dos para los propietarios.

Asimismo, en caso de los supuestos para recuperar un piso por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, además de las propias causas de necesidad, que deberán constar en el contrato, también se tendrá que especificar cuál de ellas es la que prima en el momento de la comunicación.

La nueva normativa amplía un mes más, hasta los tres meses, el aplazamiento de desahucio en el caso de las personas jurídicas, aunque se mantiene en un mes para las personas físicas. Además, los juzgados deberán poner en conocimiento de los servicios sociales los procedimientos de desahucio para comprobar las situaciones de vulnerabilidad.