Las renovables piden a Sánchez una solución urgente que salve sus ayudas antes del 28-A

El Gobierno –el actual o el que salga de las elecciones del 28-A- tiene que fijar antes de que acabe este año la retribución que cobrarán las energías renovables entre 2020 y 2025 para garantizarse una rentabilidad razonable protegida por ley.

El actual Ejecutivo ya había empezado a tramitar un anteproyecto de ley en el que se recogía la propuesta de remuneración que satisfacía a las empresas de energías limpias. El Ministerio para la Transición Ecológica en realidad propone rebajar la rentabilidad razonable que se le reconoce a las plantas renovables desde el 7,503% actual hasta un 7,09% durante el próximo lustro.

Pero lo que era más importante para los empresarios de energías verdes era que a las instalaciones que ya se vieron afectadas por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, en 2013, se les mantenía congelada y sin cambios la retribución actual. La rentabilidad del 7,5% se mantendría hasta 2031 para evitar más litigios internacionales por el hachazo a las renovables, por el que se acumulan pleitos con inversores internacionales que exigen al Estado español más de 8.000 millones en indemnizaciones.

El adelanto electoral y el fin de la legislatura pone en peligro el nuevo marco regulatorio diseñado por el actual Gobierno. No tanto porque la oposición no apoye la propuesta del Ejecutivo –existe un consenso generalizado para respaldar la remuneración-, sino porque los tiempos de constitución de nuevas Cortes y formación de un nuevo Gobierno puede hacer que no dé tiempo a aprobar la nueva norma antes de que acabe de 2019.

Ante esta situación, las cinco grandes patronales del sector de las renovables se han unido para remitir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una carta en la que solicitan que el Gobierno apruebe de urgencia un decreto ley con el nuevo marco retributivo para que lo pueda convalidar la Diputación Permanente del Congreso antes del 28-A.

“Los plazos que se estiman razonables tras las elecciones del 28 de abril para la constitución de las Cortes Generales y del nuevo gobierno y, a partir de ahí, del proceso que tendría que seguir el poryecto de ley que estableciera los parámetros retributivos (…) no permitirían tener aprobada la regulación antes de fin de 2019”, advierten en la misiva firmada por los presidentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de APPA Renovables, de las asociaciones fotovoltaicas Anpier y UNEF y de Protermosolar.

“Le solicitamos encarecidamente que convierta dicho anteproyecto en un Real Decreto-Ley, incorporando aquellas alegaciones recibidas que sean razonables, para que pueda ser aprobada en esta legislatura dada la situación extraordinaria y urgente necesidad”, apuntan las cinco patronales, que recuerdan el “apoyo más que holgado” con que cuenta la propuesta del Ministerio entre los grupos parlamentarios “al tratarse de una cuestión perentoria, necesaria y de justicia”.

Las asociaciones de renovables están manteniendo contactos con Partido Popular y Ciudadanos para conseguir que acepten convalidar de urgencia el decreto ley que puede aprobar el Consejo de Ministros, según ha adelantado La Información. PP y Ciudadanos, a pesar de que apoyan el marco regulatorio diseñado para las renovables, se encuentran con el dilema de aceptar este trámite acelerado, dado que llevan días denunciando que el Gobierno está aprovechando los últimos estertores de la legislatura para hacer electoralismo con nuevas normas y se disponen a vetar otras iniciativas.