Sánchez fía la aprobación de sus decretos 'electorales' a pactos in extremis con la oposición

El Gobierno está volcado en lograr consensos en el ámbito parlamentario para poder sacar adelante por la vía del decreto algunas de sus medidas sociales estrella, que de salir adelante le darían una cierta ventaja electoral de cara a los comicios del 28 de abril. Toda una paradoja.

Entre ellas se encuentran la derogación del índice de revalorización de las pensiones o las que se engloban en la llamada 'contrarreforma' laboral, cuestiones que desde el Ministerio de Trabajo aseguran que no se llevarán al Boletín Oficial del Estado (BOE) mientras no se garantice el apoyo suficiente para su convalidación.

Es por eso que, pese a la expectación levantada por el propio Gobierno a golpe de anuncio, el paquete social de Sánchez se quedará, en lo que se refiere al Consejo de Ministros de este viernes, en medidas sociales de segundo orden y en un decreto Ley de Igualdad, cuya urgencia tiene difícil justificación. El resto, tendrá que esperar.

En esa situación tan compleja, la de pedir a los grupos rivales su apoyo para salvar los muebles de la legislatura, ha llegado el Ejecutivo tras no lograr el acuerdo con la patronal CEOE-Cepyme, algo que está dentro de lo esperado, pero también tras haber provocado el enfado de los sindicatos y haber quedado noqueado tras el estallido del Pacto de Toledo.

La cuestión se volvió más que evidente esta semana cuando la noche del lunes, la reunión de la mesa de diálogo social sobre igualdad acabó sin acuerdo y con gran enfado por parte de los sindicatos a cuenta de los planes del Gobierno para sacar adelante la ampliación del permiso de paternidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a bombo y platillo (una vez tomada la decisión de adelantar las elecciones) que adoptaría este compromiso por decreto.

Lo haría precisamente en el marco de un decreto de Igualdad que todas las fuentes consultadas coinciden que se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes. Sin embargo, a día de hoy los sindicatos afirman que están a la espera de ver que irá y en qué términos finalmente al BOE. No esperan grandes alegrías tras el paso de estas medidas por la negociación parlamentaria.

La vía de las pensiones, prácticamente agotada

Del mismo modo, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este martes que el Gobierno llevaría una oleada de medidas a los próximos Consejos de Ministros, y aseguraba que aún había tiempo para un acuerdo en materia de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, fuentes próximas a la comisión explican que su presidenta, Celia Villalobos, ya ha llevado a cabo el formalismo de comunicar a los grupos el cierre fallido de las negociaciones.

Las mismas fuentes creen que si no ha habido acuerdo en la comisión, nada hace pensar que lo habrá en la negociación paralela con los grupos. Y eso también lo saben los sindicatos, que, como señalaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ven razones para que la no aplicación de la reforma de 2013 se convierta en una derogación de facto a la espera de desarrollar un nuevo mecanismo de revalorización en la próxima legislatura, informa Europa Press.

Y, para más dificultades, medidas como el registro de las jornadas de trabajo, la vuelta a la ultraactividad de los convenios (prórroga indefinida mientras se negocia su renovación) o el subsidio para mayores de 52 años, se siguen negociando después de meses sin claros avances. Se negocian con grupos como el PDeCAT, claro defensor de los intereses empresariales, como también con Unidos Podemos, que ha anunciado que dejará caer a Pedro  Sánchez si estas cuestiones, a las que también suma la prevalencia de los convenios sectoriales frente los de empresa, no se aprueban en los términos pactados antes de la presentación de los Presupuestos de 2019.

Y todo ello mientras todos los grupos echan cuentas sobre los escaños y las alianzas que harán falta para formar Gobierno tras el 28-A.

¿Qué cabe esperar?

El Gobierno sigue haciendo acopio de aquellas medidas que cree que tienen más visos de contar con apoyos. Es el caso de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes, o el plan para parados mayores de 45 años que, sin embargo, los sindicatos aseguran no haber tratado en el diálogo social. También del plan de retorno para personas que salieron de España en busca de oportunidades años atrás.

Y entre tanto, hay un claro ganador: los empresarios. En su participación este miércoles en los desayunos informativos de Europa Press, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apostaba, en materia de pensiones, por esperar a que se celebren las elecciones y "una vez establecido el nuevo campo de juego, que decidan los ciudadanos".

También dejaba ver que la patronal podría estar trabajando en las mesas de diálogo social para aminorar el impacto de las medidas que el Gobierno quiere sacar adelante. Decía que hay temas que están encima de la mesa y que "le preocupan", como es la ultraactividad, porque si es "infinita" podría tener impacto negativo en las empresas cuando la economía va mal; o la subcontratación, de la que aseguró que "creía que se había llegado a un buen acuerdo ya con sindicatos en el diálogo bipartito". Sobre el control de horario, matizó que "depende de los sectores".