Sánchez enfría las cesiones a los funcionarios para no desbordar el gasto

Una de cal y otra de arena. La obligada prórroga de los Presupuestos de 2018 ha provocado que en las mesas de negociación entre el Gobierno y los sindicatos más representativos de la función pública se repita el mantra de que hay que cuidar el gasto público, que los recursos llegan hasta donde llegan los acuerdos alcanzados. Grifo cerrado a ulteriores aspiraciones sindicales incluso de cara a un eventual éxito en las elecciones del 28-A y un nuevo Gobierno con las siglas del PSOE.

Después de que el Gobierno aireara la bandera de que la subida salarial de los empleados públicos –hasta el 2,75% en 2019- quedaría al resguardo del espaldarazo a las cuentas para este año –el decreto ya ha sido incluso convalidado-, y también de que anunciara su intención de sacar adelante una oferta de empleo público histórica, llega el momento de concretar otras demandas de los funcionarios que, en algunos casos, se daban por aceptadas.

En primer lugar, el Gobierno no acaba de aclarar ahora en qué términos ampliará el permiso de paternidad hasta las 16 semanas en un escenario plurianual en la Administración, pese a que fue uno de los primeros compromisos adquiridos por la actual ministra de Política Territorial con el colectivo. Tanto fue así que abrió la puerta a que esta mejora también se planteara para el sector privado.

Fuentes sindicales se quejan de que el Gobierno prevé hacer distinciones entre los funcionarios de carrera y los empleados laborales, algo que ha encendido los ánimos entre las centrales.

Por otro lado, si este acuerdo para ampliar el permiso de paternidad era un hecho en 2018, cuando el Gobierno remitió a Bruselas su primer Plan Presupuestario, también lo era la posibilidad de disponer de 11 días al año para atender y cuidar de sus mayores, discapacitados hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad e hijos menores.

Desde el departamento que dirige Batet aseguran que es algo que ya se aplica, puesto que no requiere de desarrollo legal. Sin embargo, lo cierto es que los sindicatos quieren asegurarse de ese extremo y lo sacarán a colación en la reunión de este jueves con el Gobierno. Aseguran que requiere un desarrollo normativo y una plasmación en la instrucción que debe regular las jornadas y los horarios en las Administración central para 2019.

Otra cuestión en proceso dentro del acuerdo alcanzado en marzo, al tiempo que se pactaban cuestiones salariales, era la distribución de fondos adicionales para repartir un 0,2% de la masa salarial a la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, a la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, a la homologación de complementos de destino o a la aportación a planes de pensiones.

Desde los sindicatos ha habido quejas por la supuesta interpretación interesada realizada por las administraciones, especialmente la local, que ha dejado este acuerdo en papel mojado. De lo que se trata ahora es de revisarlo y desarrollarlo para su aplicación efectiva. Desde el Gobierno admiten que es una cuestión que, en lo que se refiere al Estado, aún debe ser distribuido de acuerdo con los sindicatos, y estos, al menos de momento, creen que las conversaciones van por buen camino para lograr por esta vía una mejora de los empleados laborales. En juego, unos 54 millones de euros a repartir hasta 2020.

Una oferta de empleo público coja

Por otro lado,  en el perímetro de la oferta de empleo público, el Gobierno también trabaja entre la ambición y el posibilismo. Entre lo que querría y lo que puede hacer en una legislatura que se acaba.

De un lado, el Ejecutivo prevé empezar a negociar esta nueva oferta para 2019 a mediados del próximo mes de marzo. Los representantes de los trabajadores públicos aspiran a superar las 30.800 plazas aprobadas para el año 2018. No obstante, quedará previsiblemente en el tintero una aspiración aún mayor, un plan trianual para establecer un auténtico itinerario de recursos humanos planteado por UGT para llevar a cabo el necesario rejuvenecimiento de plantillas.

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, ya adelantó esta oferta de empleo público en una entrevista concedida la pasada semana a El Periódico. En dicha entrevista, señalaba que, en línea con las demandas de los sindicatos, el Gobierno se había propuesto planificar las ofertas de empleo público a tres años, hasta 2021, para lo que el había planteado de entrada estudiar cuáles son los ámbitos de la Administración central en los que las plantillas están más envejecidas o necesitan un refuerzo.

Sin embargo, el Gobierno se encuentra con un escenario de cuentas prorrogadas, en el que las tasas de reposición siguen siendo las mismas que en 2018, con una tasa del 75% con carácter general, que los sindicatos aspiran ahora a eliminar. Por lo pronto, esa eliminación es ahora algo que no ven nada fácil.

Pero además, el tiempo con el que cuenta el Gobierno es limitado y desde el Ejecutivo ven escaso margen ya para planear una oferta de empleo que mire más allá de 2019.

También el personal laboral

Por último, el convenio único del personal laboral de la Administración del Estado también está dejando con la miel en los labios a los empleados públicos. Para empezar, los sindicatos asumen que la subida del salario base no alcanzará los 1.200 euros mensuales brutos demandados, sino que se quedará en los 1.150 o 1.160 euros.

Además, aunque el Gobierno ha aceptado de forma preliminar extender a estos trabajadores el derecho a la jubilación parcial en los términos recogidos en la Ley General de Seguridad Social, el Ejecutivo ha pospuesto esta posibilidad a 2021 alegando que la situación presupuestaria no lo permite antes.

Y, finalmente, al cierre del año 2018 se abrió una puerta a que el personal laboral en el exterior, las plantillas de embajadas y consulados, vieran por fin revisados sus salarios después de un década sin actualización.

Según informa el sindicato CCOO, el próximo día 28 la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) emitirá una resolución en la que se darán a conocer las actualizaciones salariales del personal laboral para el ejercicio 2019 tomando como referencia, no el poder adquisitivo que se haya podido perder en este tiempo, sino el IPC de cada país en 2018, algo que los sindicatos consideran insuficiente.