El Gobierno amplía los permisos de paternidad a 16 semanas antes del 28-A

El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros de la legislatura de un Real Decreto-Ley de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el que se amplían los permisos de paternidad hasta las 16 semanas y se establece la obligación de publicar las tablas salariales a las empresas de más de 50 trabajadores para detectar brechas salariales en situaciones de igual desempeño.

Se trata de un claro golpe de efecto político puesto que estos avances se producen antes de la disolución de las cámaras parlamentarias y de la celebración de las elecciones del 28-A, y también una semana antes de la celebración de la huelga feminista del 8-A. De hecho, el Real Decreto-Ley entrará en vigor el próximo martes, 5 de marzo.

Según ha relatado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el Gobierno ampliará el permiso a 8 semanas ya en 2019, a 12 en 2020 y a 16 en 2021. Así pues, el Ejecutivo ha decidido no posponer más la equiparación de los permisos de paternidad de hombres y mujeres, pese a que el coste de la medida para las arcas de la Seguridad Social rondará los 300 millones de euros en un contexto de prórroga presupuestaria.

No obstante, tomando como base el coste del incremento del permiso de paternidad de 4 a 5 semanas, es previsible que el paso de 5 a 16 semanas tenga un coste que rondaría los 1.200 millones de euros.

Con esta decisión, Calvo ha asegurado que el Gobierno trata de que "la maternidad no sea un arma en contra" del desarrollo laboral de las mujeres.

Registro de tablas salariales

El mismo decreto recoge la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores de publicar las tablas salariales, a petición personal o vía representación sindical, para detectar situaciones de desigualdad salarial injustificada entre hombres y mujeres con igual desempeño. Dicho de otro modo, lo que se persigue es detectar brechas salariales por razón de género que, según datos del Gobierno, en ocasiones alcanza el 23%.

Asimismo, el Real Decreto-Ley quiere reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, que apenas se adoptan y en ocasiones ni siquiera se cumplen. En este sentido, se da un año a las empresas de más de 250 trabajadores para adoptarlos y tres años a las empresas de más de 50 trabajadores.

Por último, la norma también recoge la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes a cuenta del Estado --el coste rondará los 300 millones de euros--. En este caso, Calvo ha indicado que es un paso más para reducir la brecha de género en este caso en el plano de las pensiones, donde la desigualdad frente a las prestaciones que cobran los hombres alcanza el 40%.

El decreto de la polémica

Tal y como ha admitido Calvo, el Real Decreto-Ley ve la luz sin contar con el acuerdo de la patronal CEOE-Cepyme, y también después de que las áreas económicas del Gobierno aconsejaran no dar este paso por el coste que ello podría suponer en un momento en el que los Presupuestos de 2018 están prorrogados.

Sin embargo, la ministra de Igualdad ha indicado, primero, que el coste total del Real Decreto-Ley es de 610 millones de euros, con lo que se trata de una medida "muy prudentes desde el punto de vista presupuestario".

A continuación, ha indicado que la norma se ha discutido con los sindicatos y la patronal y que no ha sido posible acordar con las empresas. No obstante, ha indicado que "ahora lo importante es que sea convalidad con los grupos que representan a la soberanía popular, que es lo que importa en el Estado de derecho".

Al margen, ante las acusaciones de electoralismo de esta y otras medidas, Calvo se ha defendido diciendo que "cualquiera que haya podido estar al tanto habrá comprobado que seguimos al ritmo ritmo y con los mismos objetivos, pero con limitaciones", por lo que ha zanjado la cuestión asegurando que la situación es de "normalidad absoluta".