Blackstone, golpeado por el decreto del alquiler, pide a la oposición que tumbe la ley

El fondo americano Blackstone, uno de los mayores inversores del sector inmobiliario español con activos valorados en 25.000 millones, advierte severamente sobre las consecuencias que tendrá el Real Decreto sobre vivienda y alquiler que el Gobierno ha aprobado hoy en el Congreso.

El texto todavía ha de recibir luz verde de la diputación permanente, y Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, ha pedido a las fuerzas políticas de la oposición que paren una norma que considera lesiva para el mercado del alquiler.

"Esperamos que el resto de grupos parlamentarios representados en las Cortes hagan un ejercicio de responsabilidad y apuesten por una legislación más positiva de cara a mejorar el funcionamiento del mercado", ha señalado.

"Estimamos que la puesta en marcha de nuevas medidas para el mercado del alquiler requiere de un análisis exhaustivo y de un debate entre todas los operadores de este mercado, condiciones que no se han dado en esta ocasión. Por este motivo, sería más conveniente la tramitación de un proyecto de Ley", apunta.

Entre las medidas que recoge la normativa, aumentan los plazos de los contratos del alquiler de tres años hasta siete años y se limitan las posibles alzas de la renta a las subidas del IPC.

En su opinión, "se trata de un Real Decreto-ley que discrimina sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores. En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta". Para Boada, "la nueva norma dificulta la operativa de una plataforma profesional del alquiler en España".

Critica que el nuevo Decreto-ley discrimina sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler

Además, señala que "la ampliación de los plazos del alquiler, las limitaciones a la revalorización de las rentas y la reducción de garantías en los alquileres de renta libre van a suponer que los precios de salida ofertados sean más altos para adaptarse al nuevo Decreto, lo que va a perjudicar principalmente a los arrendamientos más asequibles por debajo de 600 euros".

Con este Real Decreto-ley, añade, "el Ejecutivo habrá cambiado en menos de tres meses hasta tres veces la normativa del mercado del alquiler, lo que ha aumentado enormemente la inseguridad jurídica de los ciudadanos que son propietarios o inquilinos de una vivienda".

El directivo asegura que "la nueva norma conducirá, como ya ocurrió con el anterior decreto, a una nueva paralización del mercado del alquiler hasta que se produzca su convalidación o desaprobación en el Congreso en los próximos 30 días".

Por otro lado, apunta al "aumento de la inseguridad jurídica, que no se circunscribe solamente al mercado del alquiler y afectará a la inversión extranjera en España en el conjunto de sectores productivos".

Boada recuerda que el mercado del alquiler es importante para la economía de muchas familias. Sirve como vehículo de ahorro y renta a más de 4 millones de familias y es la alternativa vital de 10 millones de inquilinos, un colectivo que se va a ver perjudicado, sin duda alguna, por esta medida.