Malos augurios para una parte de las empresas que prestan servicios al Estado. Después de que el Gobierno decidiera subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de los 735,90 euros al mes en 14 pagas a los 900 euros, un 22,3% más, las empresas pusieron el grito en el cielo por el roto que supondría en muchas actividades, principalmente de servicios, en las que el salario base es el más extendido.
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