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Naturgy pide al nuevo Gobierno ayudas para centrales de gas tras cerrar nuclear y carbón

Los plantas de gas perdieron el año pasado una parte de los incentivos públicos que recibían y no cubren costes dada su bajísima utilización.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. | efe

Naturgy ha tramitado ya las peticiones de cierre de todas sus centrales de carbón en España y se sumará al acuerdo entre las eléctricas y el Gobierno (a través de la sociedad pública Enresa) para echar el cierre de manera progresiva también a todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035.

Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, asume que el futuro a largo plazo del sector eléctrico será 100% renovable y tiene un plan de crecimiento en energías verdes. Pero mientras llega ese boom renovable, y en pleno cierre de nucleares y carbón, la compañía cree que serán las centrales de gas natural las que están llamadas a tener un “rol fundamental” para dar estabilidad al sistema eléctrico en España.

Las renovables tienen el problema de su intermitencia en la producción, al estar supeditada a que haya viento, sol o agua. Es por ello que, de momento –y hasta que se desarrollen más las baterías para permitir el almacenamiento de electricidad a gran escala-, seguirán haciendo falta tecnologías que puedan producir a voluntad y que sirvan de respaldo para la nueva potencia renovable.

“Las renovables serán la energía que sustituya  a las nucleares y a las centrales de carbón. Pero las centrales de gas natural van a tener un papel fundamental como back up del sistema eléctrico”, ha subrayado Francisco Reynés, presidente de Naturgy, en un encuentro con la prensa previo a la junta general de accionistas, la segunda que celebra en Madrid desde el traslado de la sede desde Barcelona por el desafío independentista.

Reynés admite que Naturgy es cada vez una compañía cada vez más eléctrica y menos gasista, pero ha refrenado su compromiso para mantener operativas su red de plantas de ciclo combinado en España. “No estamos interesados en vender nuestros ciclos combinados, porque son el perfecto respaldo para el sistema”, ha subrayado el presidente de Naturgy, que concentra casi un tercio del parque total de centrales de gas en España.

Sin embargo, el ejecutivo tiene claro que para que las centrales de gas ejerzan esa función de respaldo necesitan recibir una “retribución suficiente”. Naturgy reclama al nuevo Gobierno –al actual le quedan de facto menos de dos meses antes del las elecciones del 28-A- más ayudas que permita que las centrales puedan estar disponibles y que no sean un agujero en las cuentas de las eléctricas a pesar de su mínimo funcionamiento.

Las centrales de gas natural, más de cincuenta en España, están infrautilizadas. En los últimos años otras tecnologías han cubierto la producción necesaria para atender la demanda, y los ciclos combinados han funcionado en torno a un 15% de las horas del año (en algunos casos no han llegado siquiera a encenderse en todo el año: cero horas).

Los consumidores españoles pagan en cada recibo de la luz un recargo para dar ayudas a las centrales de gas. Hasta el año pasado esas ayudas millonarias, denominadas pagos por capacidad, se concedían a las compañías eléctricas por dos conceptos: por tener disponibles sus plantas de térmicas y así cubrir las intermitencias en la producción de las renovables, y también como incentivos a las inversiones realizadas para su construcción.

A la espera de que la Unión Europea apruebe la nueva directiva de mercado único, y en base a ella después el Gobierno reformule el reparto de los pagos por capacidad, las ayudas por estar disponibles estas centrales quedan derogadas, y sólo se mantienen los pagos por la inversión realizada. Desde Naturgy se reclama la recuperación de esta parte del incentivo para paliar un poco la situación crítica de la red de centrales. El año pasado a Naturgy dejó de ingresar 30 millones de euros por la eliminación de los pagos por disponibilidad durante seis meses.

El sobrecoste que pagarán este año los clientes con su factura de luz seguirá en el entorno de los 700 millones euros, como en años anteriores. Y, además, como en años anteriores también, la partida que sufragan los consumidores con su recibo de luz seguirá estando inflada por el Gobierno, lo que ha hecho que los usuarios hayan pagado casi el doble de lo que realmente han recibido las compañías eléctricas en ayudas en los últimos ejercicios. Y 2019 no va a ser una excepción, porque la práctica se mantiene con el nuevo Ejecutivo.

En la orden de peajes eléctricos para 2019 elaborada por el Ministerio parar la Transición Ecológica para 2019 se repite la situación. Los usuarios de luz pagarán 676,68 millones de euros con su recibo este año para sufragar los pagos por capacidad, pero la previsión de que realmente cobrarán las eléctricas a lo largo del año es de sólo 159 millones.

En total, 517,7 millones que los clientes pagarán de más. Un desfase que este ejercicio se dispara por la derogación del servicio de disponibilidad, que hará que las compañías eléctricas cobren en torno a 170 millones menos que en años anteriores. Este sobrecoste va directamente a las cuentas del sistema eléctrico y sirve para cubrir otras partidas de gasto o para engordar el superávit que se ha venido registrando en los últimos ejercicios.

En 2018 el Gobierno cargó en el recibo 687,3 millones de euros para financiar las ayudas, pero se abonó a las compañías sólo 273 millones. En 2017 lo que pagaron los clientes fue 738,8 millones y las eléctricas percibieron 394 millones. En 2016, el sobrecoste cargado en la factura de los usuarios fue de 722 millones, pero los pagos a las eléctricas fueron de sólo 417 millones de euros… Y este tipo de desfase también se produjo en 2015 y en 2014.

Los desfases anuales acumulados desde hace seis años alcanzan ya cifras milmillonarias. Entre 2014 y 2019, los consumidores españoles habrán abonado en concepto de pagos por capacidad un total de 4.987 millones de euros, pero las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta partida sólo cobrarán algo menos de 2.420 millones de euros. En un sexenio, los clientes habrán pagado un total de 2.567 millones de euros de más con recargos que se justifican para repartir ayudas, pero que se utilizan para otras partidas del sistema eléctrico.

 

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