Quiero un Madrid libre de okupas y un Madrid libre de los jetas que han vivido a costa de todos los madrileños durante 3 años y medio. A partir del 26 de mayo se acabaron los okupas en Madrid". Quien se expresa de forma tan vehemente por Twitter es el candidato por el PP a la Alcaldía de Madrid, el abogado del Estado José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, la gestión de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid -una institución gobernada desde 1995 por los populares- contradice las palabras del candidato.

La Agencia Social para la Vivienda (lo que era el Instituto para la Vivienda, Ivima, hasta el año 2015) ha regularizado la situación ilegal de 658 hogares okupados ilegalmente, según los datos actualizados que aporta el Ejecutivo autonómico. Se trata del 33% de las viviendas okupadas en manos de la agencia, 1.998 casas en toda la comunidad. Todas pertenecen al antiguo Ivima. El gobierno regional ha actuado con mano de seda ante este tipo de irregularidades, favoreciendo la legalización de una de cada tres familias.

Es posible que los cuatro años del Gobierno de Manuela Carmena y la competencia al PP por la derecha (Ciudadanos, Vox) hayan endurecido el discurso popular: pero hubo un tiempo hace solo cuatro años en que el debate no estaba en Cataluña sino en cuestiones sociales. Así, tras imponerse en las elecciones autonómicas de 2015 Cristina Cifuentes refundó el Ivima, entidad que bajo la Presidencia de Ignacio González vendió 3.000 pisos de protección a Goldman Sachs, y planteó un "régimen excepcional de alquiler de viviendas a través de la Agencia de Vivienda Social a favor de los ocupantes".

Impulso de Cifuentes

Tal fue el impulso a esta iniciativa que inicialmente se pensó en regularizar la situación ilegal de hasta 1.277 viviendas de las 2.000 okupadas por el Ivima (el parque total de viviendas protegidas se sitúa en 25.000 aproximadamente). Al final van 658, algo más de la mitad, cifra que aumentará todavía un poco más al terminar la legislatura.

La dimisión de Cifuentes a finales de abril abrasada por los escándalos de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos no trastocó los planes regionales sobre vivienda. Su sucesor, Ángel Garrido, ha continuado la senda regularizadora.

Fuentes de la comunidad señalan varios requisitos, alguno de ellos tácito. Como por ejemplo, que los habitantes de esa vivienda en situación ilegal tengan la voluntad mensual de abonar las rentas del alquiler. También que aporten pruebas (un recibo de luz o agua, cualquier otra factura) que garantizarían al antiguo Ivima la voluntad de pagar.

Repunte en 2018

Otra condición más directa es que no tengan ningún tipo de condena penal o que no estén inmersos en un problema judicial. O que no sean conflictivos con los demás vecinos. "Se les invita a hacerlo pero en las mismas condiciones que se les pone a las personas que han accedido a uno de ellos por la vía oficial", aseguró en 2015 la todavía directora general de la Agencia Social, Isabel Pinilla. "Si cumplen esos requisitos, así como otros, podrán pagar legalmente un alquiler".

Los pisos con okupas tuvieron un repunte espectacular en el 2010, primer año de recortes sociales. Aumentaron un 50% en los pisos del Ivima. A partir de 2014 cayeron, pero el regreso de la burbuja inmobiliaria (muy concentrada en Madrid en los alquileres urbanos) ha hecho que de 2017 a 2018 las okupaciones vuelvan a crecer. En toda la Comunidad de Madrid hay unos 4.500 pisos ocupados ilegalmente, la mayoría en la capital (más de la mitad).

Okupas de los fondos buitre

Hay un fenómeno relativamente nuevo: muchos de los inquilinos cuyos hogares pasaron de la noche a la mañana de ser de protección pública a estar en manos de fondos de inversión o buitres como Blackstone o Azora han recibido órdenes de expulsión. A veces los fondos recurren a tácticas más sutiles, como disparar el precio del alquiler. Centenares de vecinos se niegan a pagar: se han convertido en okupas de su propia casa, la que venían habitando en los últimos años y abonando las facturas religiosamente.

El Gobierno regional creó al inicio de la legislatura una Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas. Tiene un número de teléfono (900 100 301) y una dirección de correo electrónico ([email protected]). Sirve para avisar a las diferentes autoridades -Comunidad, ayuntamiento de turno y policía- de la existencia de viviendas ocupadas. Funciona 24 horas los 365 días del año.