Cabify ha vuelto a Barcelona. Lo ha hecho este jueves, apenas un mes después de anunciara el cese de operaciones al que –según denunciaba- le obligaba la restrictiva nueva ley impuesta por la Generalitat catalana al negocio de transporte con licencias VTC, que incluía la obligación de precontratar los servicios de estos coches con al menos 15 minutos de antelación.
Cabify ha vuelto a Barcelona, pero lo ha hecho con una treta legal –o directamente con un “fraude de ley” como critican las asociaciones de los taxistas y oficiosamente también la propia Generalitat- que le permite sortear la precontratación. Con el nuevo modelo diseñado por Cabify, burla las restricciones firmando con el cliente un contrato de transporte por un año y así sólo tiene que precontratar con 15 minutos de anticipación una sola vez.
Desde hoy Cabify, de facto, en Barcelona no es una plataforma online que ejerza de intermediaria entre cliente y conductor, sino directamente una empresa de transporte que en la práctica ejerce como una compañía tradicional de transporte.
Ante el revuelo suscitado por el pirueta legal de Cabify para desafiar a la Generalitat y regresar a la Ciudad Condal, la patronal de los dueños de licencias de vehículos VTC (las que usan plataformas como la propia Cabify o Uber) se lava las manos y subraya que se trata de una “decisión individual” de la compañía.
La patronal Unauto, que concentra al 90% del sector nacional, insiste en que el decreto de enero de la Generalitat catalana e “impuesto por el taxi” es por sus restricciones a la libertad de empresa abiertamente “inconstitucional”. Pero se desvincula del movimiento pergeñado por Cabify para sortear las limitaciones recogidas en la norma y se limita a apuntar que los servicios jurídicos de la asociación están estudiando las características del nuevo modelo de negocio de la compañía.
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