Economía | Trabajo

Sánchez relanza el plan de parados de larga duración tras el fiasco de la contrarreforma laboral

Trabajo ultima el Plan de Choque para parados de más de 45 años, que había dejado paralizado por la sobrecarga de trabajo

Fachada de una oficina del empleo. | EP

El Gobierno sigue buscando opciones para poder llenar de contenido los Consejos de Ministros que quedan y cumplir el mayor número de compromisos sociales posible, aún a expensas de ser acusado de electoralismo. Por eso, mientras la 'contrarreforma' laboral no acaba de ver la luz y los sindicatos empiezan a darla por muerta, el Ejecutivo ha relanzado el plan de choque para parados de larga duración, especialmente mayores de 45 años.

El Ministerio de Trabajo había dejado aparcado el plan por sobrecarga de trabajo, y solo en las últimas semanas ha vuelto a hablar de él. Tanto es así que a día de hoy está entre las cuestiones que se elevarán al Consejo de Ministros del próximo viernes, junto a un Real Decreto de medidas sociales que incluiría ayudas para parados de larga duración.

Para ello, pese a que las negociaciones y contactos entre el Gobierno y los agentes sociales acabaron por romperse la pasada semana tras el desencuentro en el marco del decreto de igualdad, fundamentalmente, el Ministerio de Trabajo les ha remitido un borrador confidencial esta misma semana en el que se incluyen estos contenidos.

Según ha podido saber El Independiente, el plan, como otros similares --por ejemplo, el de empleo joven puesto en marcha al inicio de la legislatura--, incluirá medidas encaminadas a mejorar la formación y orientación del colectivo al que se destina, pero también otras concentradas en determinadas actuaciones e incentivos, a través de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, para la contratación de parados de larga duración.

Algunas de estas medidas se plasmarán en un decreto de medidas sociales que desde hace semanas está en el disparadero de la agenda del Consejo de Ministros, que previsiblemente incluirá también la recuperación del subsidio para parados de más de 52 años.

Otros de los puntos que podría formar parte de este decreto, de acuerdo con el orden de temas que el Gobierno trasladó a los agentes sociales antes de fin de las reuniones a tres bandas, son una ayuda de 588 euros al año por hijo discapacitado para hogares con rentas bajas; y otra de cerca de 7.000 euros para las personas con incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

Entre los incentivos, además de una bonificación para incentivar la contratación de desempleados de larga duración, el Gobierno ha estudiado descuentos en las cuotas de la Seguridad Social para la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en indefinidos.

Por último, el decreto podría incluir una modificación del plazo de cotización de los artistas en periodos de inactividad y facilitar la prórroga de contratos fijos discontinuos en el sector turístico.

Lo que aún no ha trasladado el Gobierno a los agentes sociales es el borrador del decreto que debería reordenar todos los subsidios para parados de larga duración, algo que presumiblemente se está negociando con las fuerzas parlamentarias.

¿Dónde está la 'contrarreforma' laboral?

Porque mientras tanto, el Gobierno parece haber bajado los brazos en sus aspiraciones de sacar adelante su ‘contrarreforma laboral’ antes de las elecciones de 28 de abril. Roto el diálogo social con los sindicatos, la negociación se encuentra ahora en el ruedo parlamentario, pese a que las cámaras ya han sido disueltas.

El nudo gordiano es la dificultad de aunar los intereses de un Podemos, instalado en propuestas de máximos, y las de PDeCAT o PNV, defensores de facto de los intereses empresariales. Por lo pronto, desde el PNV lamentan que el Gobierno no les haya remitido una propuesta en firme sobre la que opinar y, en todo caso, señalan que estarían de acuerdo en establecer una ultraactividad indefinida de los convenios --prórroga automática mientras se negocia su renovación--, y con hacer prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa, en tanto que en el País Vasco equivaldría a empoderar los convenios autonómicos.

En cambio, los peneuvistas no se decantan por establecer un registro de jornada en las empresas o por modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las condiciones laborales en las subcontratas.

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