El Gobierno de Pedro Sánchez hizo un guiño al sector turístico e incluyó en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año ayudas a las empresas para favorecer el mantenimiento del empleo también en invierno. El no del Congreso a las cuentas del Ejecutivo dejó en el aire unos incentivos que resultaban cruciales para las compañías, que alertaban de que su pérdida ponían en peligro más de 50.000 empleos este año.
El Gobierno salva in extremis ahora esas ayudas aprovechando el decreto de medidas urgentes laborales que aprueba el Consejo de Ministros este viernes antes de las elecciones del 28-A, según el último borrador del texto al que ha tenido acceso El Independiente.
El Ejecutivo de Sánchez mantiene así una rebaja a la mitad de las cotizaciones de la Seguridad Social que pagan las empresas turismo, y las de comercio y hostelería vinculadas a la actividad turística, si mantienen la actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los meses de febrero, marzo y noviembre.
Estas compañías conseguirán, en concreto, una reducción del 50% de las cuotas que pagan a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunto de Desempleo, Fogasa y Formación Profesional.
Con una industria turística en España claramente estacional, que concentra gran parte del negocio en el sol y playa y, con ello, en los meses de verano, muchas empresas turísticas recortan sus plantillas durante la temporada baja.
La profunda estacionalidad de la actividad turística en España ha hecho que entre las empresas del sector se haya perpetuado durante décadas la figura del fijo discontinuo: empleados que trabajan sólo en los meses en que hay actividad y que cobran el subsidio de desempleo año tras año en la temporada baja. Un modelo de protección para trabajadores y para empresas a costa del erario público.
La decisión del Gobierno –como se viene haciendo los últimos años- de permitir las bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social es una forma de fomentar un alargamiento de los periodos con actividad real que tienen los fijos discontinuos en el sector turístico y, con ello, reducir la cuantía de la factura que para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) supone esta práctica tan extendida.
Estas bonificaciones se han venido aplicando por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, inicialmente en el mes de noviembre de 2012, y posteriormente a los meses de marzo y noviembre de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, ampliándose en 2016, 2017 y 2018 a febrero, además de marzo y noviembre.
Como en los PGE de 2018 esta medida ya aparecía en una disposición adicional, no podía ser aplicada este año al no ser aprobados los nuevos Presupuestos de 2019 y prorrogarse las cuentas del pasado año. Y es que la prórroga sólo se aplica a aquellas medidas que se encuentren entre el articulado.
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