El Gobierno da por muerta su 'contrarreforma' laboral: "La vida sigue"

El Gobierno ha bajado los brazos en sus aspiraciones de sacar adelante su 'contrarreforma' laboral antes de las elecciones de 28 de abril. En lo que se refiere al Real Decreto-Ley de medidas sociales aprobado por el Consejo de Ministros este viernes, ese proyecto se quedará en la aprobación del registro obligatorio de las jornadas laborales en las empresas y en una llamada para crear un grupo de debate para una nueva reforma laboral, sin propuestas de partida.

Prácticamente roto el diálogo con los sindicatos --este jueves se celebró una reunión informativa--, la negociación se ha agotado en el ruedo parlamentario, ya con las cámaras disueltas. El nudo gordiano sigue siendo la dificultad de aunar los intereses de un Podemos instalado en propuestas de máximos, y las de PDeCAT o PNV, defensores de facto de los intereses empresariales.

En este contexto, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, admitía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "va a ser" imposible derogar el corazón de las medidas más lesivas de la reforma laboral de 2012. "La vida sigue y cuando haya un nuevo momento procesal se abordará", en alusión a la próxima legislatura. Sobre si ello se debe entender o no como un fracaso del Gobierno, Valerio ha asegurado sin más que el Gobierno ha optado por la "prudencia y el realismo" ante la evidente falta de apoyos.

Sembrar el debate

Por ello, fuentes gubernamentales admitían esta semana a El Independiente que se estaba sopesando sacar adelante alguna medida laboral más --este viernes se aprobará el registro de las jornadas laborales-- y dejar el terreno abonado para que el Gobierno que salga de las urnas al menos tenga que escuchar la opinión de un grupo de expertos para una nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores que podría servir para dar la vuelta a esos aspectos lesivos de la de 2012, que el Gobierno no ha podido consensuar.

El grupo de expertos ya se contemplaba en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2019 que el Congreso de los Diputados echó abajo en el primer asalto. La disposición adicional centésima octava del proyecto normativo instaba al Gobierno, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, a constituir un grupo de expertos para llevar a cabo trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

"La composición y funciones del grupo de expertos y expertas se determinarán mediante Acuerdo del Consejo de Ministros y previa audiencia de los interlocutores  sociales en la Mesa de diálogo social de empleo y relaciones laborales constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social", remataba la disposición.

Antes de junio de 2019

Ahora, el borrador de Real Decreto-Ley de medidas sociales aprobado recupera esa disposición. Lo que cambia es el límite temporal. Precisa que el grupo debe constituirse "con anterioridad al 30 de junio de 2019".

Lo que queda por saber es si el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez ya iniciará este trabajo o lo dejará en manos del próximo Gobierno, lo encabece o no el PSOE. Por el momento, aunque el Ejecutivo ha tratado de armarlo con los agentes sociales, de momento no ha habido avances y todo apunta a que no los habrá.

En el tintero quedan todavía cuestiones como la modificación del artículo 42 del Estatuto, relativo a las condiciones de trabajo en las subcontratas. El Gobierno se había comprometido a igualarlas a las que disfrutan los trabajadores de las empresas matriz.

También la eliminación del límite a la ultraactividad de los convenios, la prórroga automática cuando decaen en plena negociación para su renovación. Y la vuelta a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Estas dos cuestiones son del agrado del PNV, que, sin embargo, pone sobre la mesa otro tipo de contraprestaciones para apoyarlas. Además, el PDeCAT no ve con buenos ojos ninguna de ellas.

Finalmente, tampoco parece que vayan a ver la luz los cambios para restringir el uso de los descuelgues de las condiciones de trabajo en las empresas o la simplificación de las tipologías de contrato.

Así las cosas, una de las últimas intervenciones públicas del Pedro Sánchez fue sintomática. Durante la II Conferencia Tripartita sobre el futuro del trabajo, el presidente del Gobierno no hizo mención alguna a su 'contrarreforma' y, en cambio, se extendió en su defensa por regular las nuevas tipologías de empleo que han proliferado al calor de plataformas como Uber, Glovo o Cabify. Quizás ya estaba pensando en el futuro debate del nuevo Estatuto de los Trabajadores más que en enmendar la reforma laboral de 2012.