Por qué Madrid no construye alquileres asequibles

Nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid, febrero de 2017: "Con el incremento del 60,8% en las dotaciones recogidas en el Presupuesto para 2017, equivalente a 128,5 millones, serán más de 4.000 las viviendas que construirá el Gobierno de Manuela Carmena hasta final de legislatura".

De esas 4.200 viviendas públicas de nueva construcción prometidas, El Independiente ha preguntado durante toda la semana a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), empresa municipal encargada de su ejecución. ¿Cuántas viviendas sociales nuevas destinadas al alquiler se han entregado esta legislatura? La EMVS no ha respondido y sus portavoces se han limitado a enviar enlaces de la web como este.

El grupo socialista en el Consistorio ha facilitado otros datos: "Viviendas terminadas, el ayuntamiento ha construido 64; éstas se dividen en 44 en Puente de Vallecas y 20 en San Cristóbal de los Ángeles. Hay otras 72 en Villa de Vallecas que se van a entregar después de elecciones". Siempre según esta versión del PSOE, que no ha sido desmentida por el Consistorio, hay 1.360 viviendas en construcción: 288 en fase de redacción de proyectos, 770 en licitación y 890 esperando la licitación. En otras palabras, de 4.200 viviendas "que construirá el Gobierno de Manuela Carmena" (según la web consistorial) solo van a entregarse las llaves del 1,5% del total de hogares sociales comprometidos.

El Ayuntamiento de Madrid prometió construir 4.200 viviendas sociales. Apenas van a entregar 100

Tampoco es mucho mejor la situación en la Comunidad de Madrid: se han entregado 961 viviendas de obra nueva en toda la región (6,5 millones de habitantes censados), la mayoría iniciadas la pasada legislatura e incluso antes. En este caso, se encarga de la edificación la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo Ivima.

En resumidas cuentas, entre 2015 y 2019 las dos administraciones públicas madrileñas más importantes apenas van a construir algo más de 1.000 viviendas públicas destinadas al alquiler. Ante semejante fracaso, Ayuntamiento y Comunidad ya no informan de que construyen vivienda sino de que la entregan. El equipo de Carmena dice haber entregado 3.179 viviendas sociales. El del presidente regional Ángel Garrido, 2.663. El problema viene cuando se analizan estos comunicados: la mayoría de estas entregas son hogares rehabilitados, viviendas que se arrendaban anteriormente y que se alquilan a nuevos inquilinos o casas con okupas cuya situación ha sido regularizada. No es vivienda nueva construida destinada al alquiler social.

"Los datos oficiales son muy difíciles de conseguir", protesta Marta Montero Crespo, del Sindicato de Inquilinas, un colectivo que está adquiriendo mucha notoriedad en su lucha contra la exclusión que provoca la burbuja en materia de vivienda de alquiler. "Por ejemplo, cuando preguntamos a Comunidad o Ayuntamiento por las viviendas vacías para disponerlas como arrendamientos asequibles, nos responden que en Madrid no hay. Y todo el mundo sabe lo contrario, que hay miles de viviendas vacías", resalta la activista.

Según el sindicato de inquilinos, ninguna administración facilita datos de casas vacías

La EMVS posee un parque de 6.319 viviendas protegidas; el ex Ivima, 17.757 pisos. La primera llegó a tener más de 20.000 y la agencia autonómica en su día más de 30.000 viviendas. La enajenación de activos a fondos de inversión como Blackstone o Azora en 2013 por parte de Ana Botella e Ignacio González redujo brutalmente el parque de vivienda protegida. Menos de un 2% del parque de viviendas destinadas al alquiler solo en la capital.

La propia EMVS reconoce que la situación actual es "dramática" en un informe reciente titulado Estudio sobre la gestión de la vivienda en el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. "A pesar de que el parque de titularidad pública en España y en la ciudad de Madrid nunca ha alcanzado cifras significativas respecto a la totalidad del parque residencial, en los últimos años la situación ha sido especialmente dramática en la ciudad de Madrid, al reducirse de forma muy significativa el parque", dice el estudio.

Situación "dramática"

"Hay que diferenciar entre vivienda protegida y vivienda social destinada al alquiler", señala Miguel Álvarez, de Nación Rotonda. Varios de los consultados para este reportaje hacen la misma distinción: a la vivienda protegida, de toda la vida conocida como VPO, se accede cumpliendo una serie de requisitos, pero su naturaleza contempla la venta de la casa al cabo de unos años y puede perfectamente derivar en un caso de especulación. La venta de miles de VPO a fondos buitre en 2013 fue la gota que colmó el vaso. El cerrojazo de los bancos a conceder hipotecas tras la crisis han convertido a los alquileres en el nuevo nicho del que extraer rentabilidad. Los fondos lo sabían antes de llegar y por eso compraron a precio de ganga. Los alquileres turísticos tipo Airbnb y la explosión turística han sido la gota que ha colmado el vaso.

Los promotores aseguran que el ayuntamiento que gestiona Ahora Madrid tiene que liberar suelo para que afloren los pisos y los precios bajen. En parte, es lo que ha hecho el equipo de Carmena: la Operación Chamartín compromete 11.000 viviendas, aunque la gran mayoría estarán lejos de ser asequibles. Ocurre lo mismo con la Operación Mahou-Calderón. O con el Sureste: a finales de enero el área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) aprobó el desarrollo de Los Berrocales, un espacio con una edificabilidad de 3,3 millones de metros cuadrados con capacidad para 22.000 viviendas de las que el 19% se reservan para viviendas sociales de alquiler.

También se oyen ideas que no pasan por construir. "Lo primero de todo es que todo esto va a llevar mucho tiempo", concede Álvarez, de Nación Rotonda. "Solo el 10% del parque de alquiler en manos públicas implican 150.000 viviendas. Eso son muchos años. Y hay mecanismos que no se utilizan, como el derecho de tanteo y retracto de las administraciones" [ejercer el derecho de compraventa entre dos partes al cabo de un plazo razonable, una vía similar al alquiler con opción a compra de los inquilinos de VPO]. "Habría que manejar una tabla de precios. ¿Un ático en el Distrito de Salamanca en manos públicas? ¿Por qué no?", se pregunta este consultor. "Podría haber diferentes rangos y calidades. Esto ya sucede en muchos países. Lo que se trata es de evitar efectos como que se dispare el precio de un bien básico".

Vamos a tardar mucho tiempo en tener un parque de alquileres públicos", afirma Miguel Álvarez

El economista Juan Laborda, cercano a Íñigo Errejón, también apuesta por "comprar casas destartaladas, rehabilitarlas y ponerlas a la venta". "Madrid tiene unos superávit brutales. El ayuntamiento debería de contar con un inventario de hogares con estas características. Porque si no lo hacen las autoridades públicas lo harán los fondos". Laborda opina que en el mercado inmobiliario "las clases medias suelen participar de la especulación pidiendo precios abusivos por los arrendamientos".

En público, ningún gobernante madrileño reconoce nada. En privado, tanto en el círculo de Carmena como en el de Garrido conceden haber fracasado en materia de alquileres sociales. "Quizás es nuestro mayor fracaso", asume un cargo muy alto de Ahora Madrid.