El Gobierno se resigna y no podrá impedir una subida de luz en plena campaña electoral

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado octubre un plan de choque para frenar las subidas de la electricidad y del recibo de la luz. Las medidas principales para parar la espiral alcista pasaban por rebajas de impuestos a las compañías eléctricas (por un importe total de 970 millones de euros) con el objetivo que éstas las trasladarán a los precios de la electricidad en el mercado mayorista.

Pero el grueso de esas rebajas fiscales para las eléctricas (por más de 800 millones de euros) tienen sólo carácter temporal, y expirarán a principios de abril. Esto es, las medidas que el Gobierno presume que están sirviendo para contener el precio de la electricidad dejarán de tener ese efecto a las puertas de la campaña electoral para las generales del 28-A y seguirán teniendo consecuencias antes de las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Cuando aprobó las medidas, el propio Gobierno calculó que servirían para bajar un 4% la factura regulada de luz que paga el consumidor final.

El Gobierno se resigna y asume ya que no tiene margen para intentar prorrogar estas rebajas fiscales temporales antes de las elecciones. La decisión estaba en manos directamente del Ministerio de Hacienda, pero ha sido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que ha confirmado que no se prolongarán las medidas excepcionales.  "El Gobierno no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura", sentenció la ministra.

Con su plan de choque de octubre, el Ejecutivo suspendió durante seis meses  los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final.

El impuesto no se eliminaba, sino que se rebajaba hasta abril el tipo de gravamen desde el 7% actual hasta un tipo cero durante seis meses, los de mayor demanda eléctrica del año. La estimación del Gobierno es que durante el periodo en que no se aplicará el tributo –creado por el Gobierno de Rajoy como uno de sus pilares de su reforma eléctrica- las arcas públicas dejarán ingresar 830 millones de euros.

En efecto el fin de la legislatura recortaba las opciones para maniobrar en este campo, pero el gran problema con el que se encontraba Hacienda es que, si el Gobierno decidía finalmente prorrogar las ayudas por otros seis meses, tendría que asumir un descenso extra de en torno a otros 800 o 900 millones de euros menos de ingresos tributarios este año. Un recorte difícil de asumir con los presupuestos de 2018 prorrogados tras el no a las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Sánchez para este año.

Hace unas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica sacaba pecho y estimaba que sin las medidas de choque adoptadas el precio de la electricidad en España sería un 10% más caro. Además, de la suspensión temporal del 7% a la generación, el Ejecutivo también aprobó una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos (el denominado céntimo verde) para la producción eléctrica de las centrales que utilizan gas natural. Una suspensión que tendrá un impacto en la recaudación fiscal de otros 142 millones más, y que en este caso no es temporal y se mantendrá.