Las empresas rebajan salarios pactados en pleno fiasco de la ‘contrarreforma’ laboral

La 'contrarreforma' laboral del Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado en una mera declaración de intenciones. Pese a que los socialistas han tratado de buscar los consensos necesarios, no los han encontrado ni en las mesas del diálogo social, donde se han encontrado con una oposición férrea de la patronal CEOE-Cepyme, ni en el ruedo parlamentario, donde el choque se ha producido fundamentalmente con el PDeCAT, también defensor de los intereses de los empresarios.

Esto quiere decir que el corazón de la reforma laboral de 2012, cuyo eje central fue la introducción de mayor flexibilidad interna en las empresas para reducir el recurso a los despidos en tiempos de crisis, sigue en marcha.

Para unos supone seguir gozando de mayor margen de maniobra en el seno de las empresas para adaptarse a las circunstancias, y para otros que los aspectos más lesivos de la reforma siguen campando a sus anchas, lo que se resume en que las empresas gozan de grandes ventajas para sacar adelante su actividad con empleos precarios o con menos derechos que en el pasado. ¿Y qué dicen las cifras? Pues que al margen de toda lectura interesada, lo cierto es que el escenario de ausencia de 'contrarreforma' laboral se está notando.

Como muestra un botón: las inaplicaciones de convenios colectivos, fundamentalmente para 'corregir' a la baja los salarios previamente pactados, han vuelto a subir entre enero y febrero por primera vez tras cuatro años de descensos coincidiendo con la desaceleración de la economía, la subida del SMI y también con el fiasco de la 'contrarreforma' laboral de Sánchez.

La apuesta que no pudo ser

Corría el 10 de julio de 2018, recién estrenado el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, que, en el marco de la revisión de la reforma laboral, trataría de limitar la capacidad de las empresas para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados –como los horarios o los salarios–, es decir, la posibilidad de aplicar los conocidos como descuelgues de convenio.

Y es que, fruto de aquella reforma, actualmente el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, “se podrá proceder a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable”.

Valerio señalaba que, en la práctica, ese artículo concreto era un precepto “poco garantista” y que, en lugar de ser un último recurso, se había convertido en un instrumento “ordinario” para reducir los costes laborales en las empresas, en un momento en el que la reforma había empoderado además a los empresarios dentro de la negociación colectiva. "El Gobierno tratará de recuperar la causalidad de los descuelgues laborales y evitar los injustificados. [...] Evitar que el empeoramiento de las condiciones del empleo sea una moneda de cambio para el abaratamiento del factor trabajo”, aseguraba.

Pues bien, llegados a febrero del año 2019, ese intención del Gobierno se ha quedado en pura voluntad. ¿Y cómo han evolucionado los descuelgues? Solo en los primeros meses del año, aquellos en los que tradicionalmente más inaplicaciones se producen, estas se han incrementado, concetrándose en las cuantías salariales y en el sector servicios. Se trata del primer incremento en esos meses desde el año 2015, cuando se consolidó la recuperación económica.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, los salarios pactados en convenio crecieron un 2,23% en los primeros meses del año, muy por encima de la inflación, que ronda el 1%. Se dato ya es de por si destacado. Sin embargo, entre enero y febrero se registraron 203 inaplicaciones de convenios, un 4,6% más. Se trata de cifras aún bajas, pero que muestran un cambio de tendencia y que está por ver hasta donde pueden llegar. Sin duda un dato a seguir de cerca.

En cuanto al número de trabajadores afectados, hasta febrero alcanzaron los 3.522, casi un 12% menos. Sin embargo, lo que ocurrió el pasado año es que, tras un a inicio muy intenso, el número de empleados afectados por las inaplicaciones bajó proporcionalmente al número de descuelgues en los meses siguientes. La duda es qué ocurrirá este año en el que la progresión vaticina mayor número de inaplicaciones puesto que la economía se desacelera.

En este sentido, fuentes empresariales consultadas por El Independiente, admiten que se está intensificando el uso de las modificaciones de las condiciones fijadas en los convenios y aseguran que es un signo más de la desaceleración de la economía, que también se deja ver en el repunte de los expedientes de regulación de empleo o en el frenazo en el ritmo de reducción del desempleo. Además, afirman que la subida del salario mínimo (SMI) en un 22,3% en 2019, hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, tampoco ayuda.

En este sentido, también cabe destacar el mes de enero, mes en el que entró en vigor el nuevo SMI, se produjeron 118 inaplicaciones de convenios colectivos, el peor arranque de año desde 2016.

Menores salarios

¿Y en qué consisten esos descuelgues? Básicamente en rebajas retributivas. Los mismos datos de Trabajo indican que algo más del 62% de estos descuelgues tienen por objeto rebajar las cuantías salariales, frente a un 55,7% en 2014, el año en el que este tipo de movimientos en las empresas empezaron a reducirse antes de la recuperación económica.

En cambio, en estos momento el 92,6% de las inaplicaciones son pactadas en el periodo de consultas, frente al entorno del 90% entonces. Esto enlaza con el alegato que realizaba Valerio en defensa de los convenios colectivos sectoriales frente a los de empresa. En aquella comisión parlamentaria aseguraba que la negociación colectiva es más equilibrada en los niveles superiores a los de empresa.

En este sentido, solo 5,4% de las inaplicaciones hasta febrero se concentraron en convenios de empresa, mientras que el 94,6% restante se produjo en otros convenios de ámbito superior. Esto podría explicar el mayor grado de acuerdo a la hora de rebajar condiciones laborales, como los salarios.

Menores subidas en las empresas

En cambio, ese supuesto desequilibrio de fuerzas en el caso de los convenios de empresa se ve de nuevo en los salarios pactados. Los empresarios firman menores incrementos cuando se trata de su compañía que en los ambitos sectoriales, lo que deja al descubierto, de nuevo, por qué las empresas se oponen que acabar con la prevalencia del convenio de empresa --que en su mayoría es privada-- frente al de sector, como pretendía el Gobierno en su fallida 'contrarreforma' laboral.

Así, mientras que la subida salarial pactada hasta febrero se sitúa en el 2,23%, muy por encima del IPC, los datos ofrecen otra lectura en el detalle. Para empezar la subida en los convenios de empresa se sitúa en el 1,47% --1,31% en los grupos de empresas-- mientras que en el caso de los de ámbito superior, alcanza el 2,27%.

Además, tomando los últimos tres años, entre enero y febrero el ritmo de avance de los salarios ha aumentado en apenas dos décimas en el caso de las empresas, por las ocho en las que se ha acelerado en el resto de convenios.  Y por si fuera poco, el mayor número de convenios de empresa presenta subidas medias del 1,21%, frente al 1,91%.