El Gobierno minimiza la subida de luz en plena campaña y prevé un alza de sólo 1 euro

El Gobierno afrontará una subida de la luz en plena campaña electoral para las generales del 28-A y que también se notará en la campaña de las autonómicas, locales y europeas del 26-M. Hacienda tenía en su mano evitarla prorrogando las medidas temporales del plan de choque del pasado año y que expiran en abril.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado octubre un plan de choque para frenar las subidas de la electricidad y del recibo de la luz. Las medidas principales para parar la espiral alcista pasaban por rebajas de impuestos a las compañías eléctricas (por un importe total de 970 millones de euros) con el objetivo que éstas las trasladarán a los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Pero el grueso de esas rebajas fiscales para las eléctricas (por más de 800 millones de euros) tienen sólo carácter temporal, y expirarán en unas semanas.

El Ejecutivo suspendió durante seis meses  los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final. El Gobierno no pretende prorrogar la medida, así que la suspensión quedará sin efecto y el precio de la electricidad volverá a subir.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, minimiza el efecto de esa subida que llegará en plena campaña electoral y augura que se traducirá en una subida del recibo de la luz  de “entre 0,5 y 1 euro por familia”, ha dicho en una entrevista con RNE. Una subida que afectará de manera inmediata a los 10 millones de clientes que están acogidos a la tarifa regulada (denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y que previsiblemente impactará de manera diferida al resto de clientes con tarifas del mercado libre cuando toque revisar el precio estable que abonan.

“Este Gobierno ha hecho todo lo posible para que no haya una subida de la luz. No sería serio prorrogar esta medida en campaña electoral. Requeriría un decreto y una partida presupuestaria importante y se consideraría una medida electoralista”, dijo la propia Ribera ayer en un desayuno informativo.

Ribera defiende emprender una revisión integral de la fiscalidad del sistema energético nacional, una tarea que habrá que afrontar el próximo Gobierno. "La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo”, ha apuntado hoy en la entrevista radiofónica. “Prorrogar la suspensión del impuesto supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. Y visto lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, no tengo claro que no nos acusen de electoralistas y haya grupos políticos en el Congreso que voten en contra de esa convalidación”.

En efecto el fin de la legislatura recortaba las opciones para maniobrar en este campo, pero el gran problema con el que se encontraba Hacienda es que, si el Gobierno decidía finalmente prorrogar las ayudas por otros seis meses, tendría que asumir un descenso extra de en torno a otros 800 o 900 millones de euros menos de ingresos tributarios este año. Un recorte difícil de asumir con los presupuestos de 2018 prorrogados tras el no a las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Sánchez para este año.

Hace unas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica sacaba pecho y estimaba que sin las medidas de choque adoptadas el precio de la electricidad en España sería un 10% más caro. Además, de la suspensión temporal del 7% a la generación, el Ejecutivo también aprobó una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos (el denominado céntimo verde) para la producción eléctrica de las centrales que utilizan gas natural. Una suspensión que tendrá un impacto en la recaudación fiscal de otros 142 millones más, y que en este caso no es temporal y se mantendrá.