Las contratas públicas reservarán empleos para parados de larga duración

 

El Gobierno sigue ultimando medidas de corte social con las que despedirse de la legislatura y afrontar la campaña electoral para el 28-A. Por ello, ha remitido a los agentes sociales para que presenten alegaciones --el plazo expira el próximo lunes-- un plan de choque a tres años para reducir a contrarreloj las abultadas cifras de parados de larga duración --aquellos en búsqueda activa de empleo desde hace más de un año-- con pocas opciones de salir de ese 'agujero', que a día de hoy son el auténtico peso muerto del desempleo y que impiden dar por cerrada de una vez la crisis.

Lo ha bautizado como 'Plan Reinserta' y prevé, entre los años 2019 y 2021, lograr la proeza de reducir el desempleo de larga duración en casi medio millón de personas en ese periodo, a razón de unos 150.000 parados netos al año. Para ello ,contempla todo tipo de iniciativas, desde la extensión de los 3.000 orientadores que se anunciaron cuando se aprobó el plan de choque para el empleo joven el pasado verano, hasta el fomento de la colocación de estos desempleados a través de la contratación pública.

En un reciente borrador al que ha tenido acceso El Independiente, y que podría estar sujeto a cambios una vez se formulen las alegaciones de patronal y sindicatos, entre otras instancias, el Gobierno quiere utilizar el gasto público que destinan las distintas administraciones en compras y en contratación, el equivalente al 18,5% del PIB, para actuar sobre el empleo.

Parados mayores de 45 años

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen dos directivas europeas, ya estableció la obligatoriedad de incluir consideraciones sociales en cualquier contrato que celebre la Administración con las empresas. Así, los pliegos deben presentar este tipo de consideraciones entre los criterios de adjudicación, entre los criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución.

Entre estas cláusulas, el Gobierno se ha propuesto incluir aquellas que generen un mercado de trabajo inclusivo y, para ello, el texto propone que, "para aquellos contratos públicos que supongan la creación de más de 10 puestos de trabajo, se incorporen, como criterio de ejecución, la contratación de un mínimo del 10% de personas paradas de larga duración", del mismo modo que existe una reserva similar por Ley para aquellos procedentes de Centros Especiales de Empleo y de Empresas de Inserción. En concreto, el borrador especifica que estos parados deben ser, fundamentalmente, personas de 45 o más años.

"Se recomienda a las administraciones públicas y otros entes públicos contratantes el máximo rigor en la exigencia y cumplimiento de las consideraciones de tipo social, que deben hacer extensivo a las empresas subcontratistas", precisa, antes incluso de encomendar a los servicios públicos de empleo la tarea de hacer un seguimiento y fomentar las buenas prácticas en la contratación pública, con la vista puesta siempre en las prioridades de los sectores sociales más vulnerables, y de facilitar a las empresas licitadoras trabajadores candidatos, siempre con el consentimiento de estos.

Sánchez pide ayuda a las empresas

Del mismo modo, el texto asegura que "hay margen para una mayor cooperación con los empresarios", aumentando el porcentaje de puestos vacantes gestionados por los servicios de empleo, mejorando la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo y la correspondencia con las necesidades de las empresas.

El modo de lograr esta colaboración, según plantea el borrador, es el establecimiento de incentivos en forma de mayores dotaciones para la formación de los trabajadores en las empresas, así como las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social que ya aprobó el Consejo de Ministros en un Real Decreto-Ley el pasado viernes.

Concretamente, el texto propone que aquellas empresas que en la creación de empleo neto incorporen y mantengan de forma estable un porcentaje de trabajadores desempleados de estos parados superior al 10%, se bonificarán con una ampliación de su crédito formativo del 5% para el ejercicio siguiente en el que se cumpla tal condición.

Además, el borrador entiende que la atención a los parados de larga duración pasa también por fomentar la colaboración de los servicios públicos de empleo con las agencias de empleo, mediante programas dirigidos específicamente a las personas y a los colectivos especialmente vulnerables ante el empleo, como aquellos que por sus bajos salarios sufren la llamada pobreza laboral.

Los 3.000 orientadores para jóvenes

Por otro lado, el Plan Reinserta también incluye a los parados de larga duración como colectivo prioritario de atención --junto a las personas jóvenes--, de la red de orientadores profesionales cuyo refuerzo, con 3.000 nuevos orientadores, ha sido acordado en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven.

Asimismo, el borrador insiste en la necesaria formación profesional y en competencias de estas personas, y plantea la necesidad de poner los medios necesarios para que al menos un 10% de los parados de larga duración mejoren su empleabilidad en competencias digitales y un 15% en competencias básicas.

Recolocación tras los ERE

También, para prevenir que las personas no caigan en el paro de larga duración, el plan plantea la atención inmediata a las personas afectadas por despidos colectivos como resultado de los procesos de reestructuración de las empresas. Estas, en un elevado porcentaje, más del 50%, tienen 45 y más años de edad y atesoran sobrada experiencia laboral y profesional.

Se trataría de que todos los trabajadores desvinculados definitivamente de su empresa, de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un ERE sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de una nueva ocupación mediante un Plan de Recolocación Externa (PREX) llevado a cabo por una Empresa de Recolocación autorizada.

Los servicios públicos de empleo realizarían el seguimiento y control de esta medida, que se ligaría a la firma del compromiso de seguir en activo por el trabajador despedido. Además, el Gobierno ofrece estudiar la ampliación de esta protección a los trabajadores de 45 y más años despedidos, independientemente del tamaño de la empresa y de si su despido se produjo o no en el marco de un ERE.

Los parados del 'ladrillo'

Todas estas iniciativas se plantean como una forma de reducir de una forma definitiva la enorme bolsa de parados de larga duración que aún reflejan las estadísticas de empleo. Aquellos que, en gran parte, perdieron su trabajo en los peores momentos de la crisis económica, muchos de ellos procedentes del andamio, sin cualificación, y que a estas alturas se asoman a la exclusión social.

En cifras, se trata de más de 1,3 millones de personas --la tasa de paro de larga duración roza el 6%-- que, aunque ha disminuido en unas 281.000 personas en el último año, aún presenta niveles muy elevados. De estas, durante el cuarto trimestre de 2018, el 35,96% eran hombres y el 64,04% mujeres, y el 34,4% tenía una antigüedad de búsqueda de empleo de entre 12 y 23 meses, mientras que el 65,76% restante llevaban 24 o más meses en demanda de empleo.

Lo que el Gobierno se plantea con el Plan es la reincorporación al mercado de trabajo de entre 450.000 y 500.000 parados de larga duración en el plazo de tres años, reduciendo en torno al 40% el número de personas de este colectivo, lo que situaría la tasa en alrededor del 3,6%. Esto supondría atender, al menos, a 600.000 parados de larga duración durante los tres años de vigencia del plan, 200.000 anuales, y conseguir que hayan tenido al menos una ocupación, por cuenta ajena o por cuenta propia, durante el periodo de vigencia.

Y, aunque todo esto requiere un nuevo esfuerzo de gasto público --se especificará, pero no se hace en este borrador--, el Gobierno considera que esta situación exige "un incremento de los recursos de protección básicos de los servicios sociales y otros recursos públicos".