La presión de los fondos, los reguladores y las querellas fuerzan in extremis la retirada de FG

Francisco González -FG, como se conoce al banquero en el sector financiero- ha cedido finalmente a la presión. Se ha resistido durante varios meses; juró y perjuró a sus allegados que no iba a dimitir, pero no ha tenido alternativa. El expresidente de BBVA, que desde que dejó el cargo ejecutivo en diciembre disfrutaba de la presidencia honorífica del banco y la fundación, se ha visto asediado por varios frentes desde que estalló el escándalo de las escuchas ilegales encargadas por el comisario José Manuel Villarejo. In extremis, horas antes de una junta de accionistas de alto voltaje, ha dicho adiós.

Ayer trascendió una misiva, dirigida al actual presidente Carlos Torres Vila, en la que manifiesta su voluntad de abandonar “temporalmente” todos sus cargos, mientras concluyen las investigaciones en curso sobre el ‘caso Villarejo‘ “y para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad”, según adelantó Europa Press.

El hecho de que la renuncia, aparentemente voluntaria, se haga pública apenas una horas antes de la junta general de accionistas que se celebra hoy en Bilbao pone en cuestión los verdaderos motivos que subyacen tras esta decisión.

Las grabaciones del espionaje masivo encargado por el BBVA, a través del ex jefe de seguridad Julio Corrochano, habían dejado en posición muy comprometida a FG. Pero el expresidente ha mantenido el pulso al consejo, a su sucesor, a los accionistas y a los reguladores. Finalmente, poco antes de que el banco tuviese que dar la cara ante sus inversores, ha dado -o se ha visto forzado a dar- un paso atrás.

Los inversores institucionales, que controlan en torno al 55% del banco, se habrían rebelado en torno a la disfunción del gobierno corporativo

El último banquero de la vieja guardia ha sufrido en las últimas semanas la tormenta perfecta: presión de las instituciones supervisoras, presión por la creciente litigiosidad en torno a las escuchas ilegales, y presión por parte de los inversores institucionales, que controlan en torno al 55% del capital del banco. Su voto es clave. Y sus reticencias a aprobar ciertos aspectos programados en la junta que se celebra hoy por la disfunción del gobierno corporativo del banco podrían haberse convertido en el catalizador que precipitase la salida de FG.

El Banco de España y el Banco Central Europeo hace tiempo que habían mostrado su preocupación y advertido del riesgo reputacional que estaba desgastando al banco. Aunque el supervisor europeo no podía tomar ninguna decisión de obligado cumplimiento en torno a FG dado que su cargo era honorífico, sí podía hacer recomendaciones al consejo. El propio Luis de Guindos, vicepresidente de la institución, urgió a BBVA a atajar la crisis.

A ello se suma que De Guindos y FG tuvieron sus diferencias, vox populi en los círculos financieros, cuando el primero ocupaba la cartera de Economía. BBVA rechazó entrar en el capital de Sareb, el banco malo que gestiona los activos tóxicos que le cedió la banca. El tiempo parece haber dado la razón al expresidente de BBVA, pero la relación entre ambos se enquistó.

En cualquier caso, más allá de que los supervisores hayan defendido la idoneidad de desvincular a la entidad de cualquier elemento desestabilizador, en los últimos días han sido determinantes tanto la postura de los fondos de inversión como el creciente riesgo de litigiosidad que afronta el banco. Ambas palancas son críticas para la imagen exterior que proyecta fuera de nuestras fronteras un banco global con mayor presencia internacional que doméstica.

Las querellas del ex ministro Sebastián y el ex vicepresidente de la CNMV Arenillas son un mazazo para la imagen del banco

En las últimas semanas se han multiplicado las demandas de víctimas del espionaje encargado por BBVA con, presuntamente, conocimiento de FG. El último en llevar el caso a la justicia es el ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas. Según adelantó El País, ha presentado una querella en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional contra FG, Villarejo y Corrochano.

Además de Arenillas, Miguel Sebastián, exdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y a quien había despedido del BBVA, curó su correspondiente demanda. El exministro socialista acusa a la entidad de “corrupción corporativa". Denuncia haber sido sometido a “seguimientos y vigilancias continuadas”  por parte de Villarejo, por orden del BBVA, y que se fabricó “un falso relato de su persona con el propósito de desacreditarle” para beneficio de la entidad y su dirigencia.

La puntilla en este escenario de tormenta perfecta la habrían dado los proxy advisors, firmas que asesoran a los fondos de inversión y demás inversores institucionales en torno a la postura que han de adoptar en las votaciones que se plantean en las juntas. Las deficiencias en materia de buen gobierno corporativo habrían puesto en jaque a Torres Vila en su primera junta general de accionistas.

Torres Vila no puede permitirse, en medio de la aguda crisis reputacional, que sus accionistas cuestionen el orden del día

En el entorno del banco hacen sus apuestas: Torres Vila o, más probablemente, el secretario del consejo Domingo Armengol, habrían tenido que solicitar a FG su renuncia voluntaria, generosa y temporal. Armengol es, además, la figura que mantiene relación con los citados proxys y, por tanto, quien tiene el pulso de sus reivindicaciones y pesares. BBVA, en medio de una aguda crisis reputacional, no podía permitirse un aprobado raspado o el suspenso de sus grandes accionistas.