Las demandas de consumidores por las cláusulas suelo o por los gastos hipotecarios han colapsado los juzgados en los últimos dos años. En mayo de 2017 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) creó 55 juzgados especializados -uno por provincia- ante la lluvia de denuncias desde la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de la Unión Europea de diciembre de 2016; hoy todos ellos están saturados. Concretamente un juzgado, el de Primera Instancia número 50 de Barcelona, ha dejado incluso de señalar juicios ante la situación caótica. Así que este tribunal, en concomitancia con el Colegio de Abogados barcelonés, ha tratado de remediar su desesperante embrollo de forma bastante polémica.

El pasado 26 de febrero el mencionado Juzgado de Primera Instancia remitió una providencia al despacho de Abogados Arriaga Asociados, líder en demandas de consumidores por gastos hipotecarios. El escrito judicial señala que "se valorará la posibilidad de imponer las costas a la parte que sostenga la acción con temeridad sin alcanzar una solución amistosa a la vista de las cuestiones que son objetos de controversia". En otras palabras, que no se celebre el juicio: lo que pretende el juzgado es que si cliente y banca -partes denunciante y denunciada- no se ponen de acuerdo, se valorará condenar a costas por temeridad a la parte que no muestre voluntad para el pacto. El problema viene con el propio concepto de costas por temeridad que, de acuerdo con su definición jurídica, han de aplicarse "cuando en la parte perdedora se aprecie mala fe o temeridad en sus pretensiones".

La providencia pide que los clientes asuman la mitad de actos registrales y de gestoría

Y es que según esta providencia del juez titular Miguel Ángel Chamorro, a la que ha tenido acceso El Independiente, se exime a la parte demandada -las entidades financieras- de abonar las costas del juicio. El texto pide que los bancos asuman "el 50% de los actos registrales" (correspondiendo la otra mitad a los clientes demandantes), "50% de los gastos de gestoría" (ídem) y "100% de los gastos registrales". El cliente que ha sufrido las cláusulas abusivas "desistiría" de la "reclamación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), de los gastos de tasación del inmueble y de la comisión de apertura".

Providencia del Juzgado de Instrucción Número 50 valorando condenar por costas temerarias a alguna de las partes.

No solo ha habido un escrito del magistrado en el sentido de agilizar las demandas para desatascar los despachos judiciales. La semana pasada se produjo una tensa reunión en el Colegio de Abogados de Barcelona entre representantes colegiados, Arriaga, otros abogados especializados y asociaciones y colectivos en defensa de los consumidores. Los miembros del colegio profesional defendían la postura del juez, según las personas consultadas. Arriaga se negó y, siempre según los testigos, el secretario general del colegio blandió la amenaza de las costas por temeridad al fundador del despacho fundado en 2011, Jesús María Ruiz de Arriaga. El letrado respondió vehementemente y planteó la posibilidad de elevar una querella penal de insistir el secretario en su actitud.

Según los testigos, el secretario general del Colegio de Abogados se enfrentó al fundador de Arriaga

En otro momento del encuentro, los miembros del colegio mencionaron la polémica deliberación del Supremo de noviembre pasado (según la cual el cliente debe pagar la parte del impuesto de Actos Jurídicos Documentados contenidos en la hipoteca). Con esta referencia el Colegio de Abogados alegó que todos los despachos en defensa de los consumidores tienen que seguir la jurisprudencia marcada por el alto tribunal. Arriaga, según los presentes, alzó la voz y rechazó que la jurisprudencia del Supremo tuviera fuerza de ley o carácter obligatorio, como así lo indica la sentencia del TJUE. La reunión terminó sin acuerdo y con las partes más enfrentadas.

El Colegio de Abogados de Barcelona no ha respondido a este medio alegando que toda la Comisión Normativa se encontraba este jueves en un congreso. Arriaga Asociados sí ha hecho declaraciones. "Resulta incomprensible esta presión por parte del juez", responden en el despacho. "Sin permitir un juicio justo en el que se pueda escuchar a las partes, el magistrado ya expresa cuál será la resolución de su sentencia" Según Arriaga, la providencia "descarta que el banco tenga que pagar las costas del juicio donde el consumidor ha tenido que contratar a un abogado y a un procurador. Vamos, que se obliga al demandante a cargar con dichos gastos".

La inminente sentencia sobre IRPH puede crear un agujero de 40.000 millones a la banca

"Todo esto desalienta a los consumidores a ir a la justicia. A los bancos no les cueste pleitear pero a los consumidores sí. A nadie se le ocurriría pleitear y al banco tampoco devolver lo cobrado de más".

El problema judicial no tiene visos de prosperar. Todas las asociaciones de jueces profesionales indistintamente de la ideología han despotricado contra la especialización de los juzgados como solución menos idónea. Los colectivos reclaman unánimemente más medios y personal. En diciembre pasado el CGPJ prorrogó otro curso judicial más la vigencia de estos tribunales competentes en cláusulas abusivas. Para agravar la situación, el TJUE está a punto de emitir otro fallo similar que se prevé antológico: el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), cuya vista se está celebrando estos días en Luxemburgo, podría hacer un agujero a las entidades financieras de 40.000 millones de euros. Y todo apunta a que la sentencia volverá a ser favorable al consumidor. Lo que saturará más los juzgados. El escándalo de las hipotecas en España está lejos de concluir.