El choque de Ence con el Gobierno le cuesta el 10% de su valor en bolsa en dos días

En el futuro de Ence se ha interpuesto un obstáculo poderoso. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez se ha posicionado del lado de aquellos que han decidido litigar en los tribunales contra la prórroga de 60 años de la concesión de los terrenos donde su ubica su fábrica de celulosa en Pontevedra.

Contra aquella decisión, aprobada en 2016 por el Ejecutivo que entonces lideraba Mariano Rajoy, interpusieron sendos recursos el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra y Green Peace España. Ahora, la Administración central ha notificado su conformidad con estas reclamaciones, renunciando a defender la legalidad de la prórroga que permitiría a Ence la explotación de los terrenos hasta 2073.

La noticia, que ya causó este jueves un descalabro superior al 5% de las acciones de Ence, se traduce este viernes en un tropiezo de calado similar, después de que el grupo productor de celulosa de eucalipto cifrara en unos 185 millones de euros -un 63% del Ebitda registrado en 2018- el impacto potencial de un cese de actividades que aún considera improbable. De este modo, las pérdidas acumuladas en dos días en bolsa por la compañía se elevan por encima del 10%.

Mediante un hecho relevante emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ence ha explicado que "en el improbable supuesto de que se produjera el cese de actividad, tendría lugar un impacto único extraordinario (one-off) en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones".

El mercado resalta que la incertidumbre jurídica se cierne sobre una planta que representa hasta el 35% del Ebitda de Ence

De esta cifra, 74 millones de euros tendrían impacto en caja, de los cuales 43 millones corresponderían a actuaciones de desmantelamiento, 16 millones a la cancelación de contratos en vigor (basados en la experiencia de desmantelamiento de la antigua fábrica de Huelva) y 15 millones al coste de un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción total, mientras que los 111 millones resultantes se derivarían de un ajuste contable por deterioro de activos.

"En este peor escenario, la fortaleza del balance de la sociedad y su bajo endeudamiento, unido a los altos precios de la celulosa previstos para los próximos años, permitiría a la sociedad hacer frente a la situación reformulando su plan estratégico sin renunciar a sus objetivos", indican.

En este contexto y aunque los expertos resaltan que la compañía todavía podría seguir defendiendo sus intereses por vía judicial, el nerviosismo se ha extendido en los mercados por una situación que compromete en buena medida el futuro de Ence. "Nuestro escenario central es que Ence mantiene la concesión, pero el impacto potencial de la expulsión de Ence de Pontevedra sería enorme, ya que la planta representa el 45% de su capacidad de producción de celulosa", observan los analistas de Alantra, que consideran que la postura de la Administración responde a un movimiento político por parte del PSOE y Podemos como parte de la campaña electoral en marcha.

Los expertos de Renta 4 consideran que la planta representa algo más del 35% del Ebitda del grupo y alrededor de un 30% de su valor (Enterprise Value), por lo que la situación actual supone un foco de incertidumbre "que pensamos penalizará a la cotización del valor en tanto en cuanto no haya una sentencia definitiva que de seguridad jurídica y estabilidad a los resultandos de Ence, en lo que podría convertirse en un largo proceso judicial".

Como señalan en Sabadell, aunque un fallo en contra de los intereses de Ence no tiene por qué suponer el cese definitivo de la actividad en la planta de Pontevedra si se abre un abanico de posibilidades que rodea de incertidumbre el futuro de la compañía energética. "Entendemos que entre el peor escenario posible y uno en el que se mantuviera la prórroga sin variaciones, se pueden dar distintos escenarios intermedios, por lo que nos parece prematuro sacar conclusiones", apuntan.