Las elecciones se llevan por delante la promesa de subir las pensiones con el IPC

Entre tanto procés, exhumaciones de dictadores o contrarreformas laborales, el posible cambio de la legislación para volver a vincular la revalorización de las pensiones con el IPC, a la que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez, ha quedado sumido en el silencio mediático, que es lo mismo que en el olvido.

Quizás es por el efecto anestésico de la subida de las pensiones en línea con los precios (no confundir con la vuelta a la indexación) aprobada para 2018 y 2019 -este año incluso subirán por encima de los precios-. El caso es que es difícil de explicar por qué, si en octubre el Pacto de Toledo ofrecía una rueda de prensa como un solo cuerpo para anunciar que había acuerdo para volver a subir las pensiones con el IPC real, esto, en realidad, no ha ocurrido.

Al final, ni el Gobierno ha llevado ese compromiso a la Ley, ni el Congreso ha tenido oportunidad si quiera de votarlo, y, quizás lo más preocupante, el Pacto de Toledo nunca llegó a cerrar unas recomendaciones que así lo recogieran para futuras reformas.

Tiene mucho que ver, aseguran todas las fuentes consultadas, la convocatoria anticipada de elecciones anticipadas para el próximo 28-A. Ese anunció que lo descarriló todo. Sin embargo, hubo un momento en el que Sánchez pudo apretar el botón rojo y aprobar la voladura de la reforma de las pensiones de 2013, pero en el que decidió esperar sin saber que ahí quedaría su compromiso político con los jubilados.

Ese mismo Pedro Sánchez desembarcaba en La Moncloa en junio de 2018 con el firme propósito de derogar la última reforma, que había condenado a los pensionistas a exiguas subidas del 0,25% al año desde 2013 mientras la Seguridad Social acumulaba año tras años un déficit presupuestario galopante, cercano a los 19.000 millones de euros.

El PSOE, partido que sustenta al Gobierno, venía defendiendo en el Pacto de Toledo desde su reanudación, en noviembre de 2017, que era posible subir las pensiones con el IPC si se acometían en paralelo medidas de incremento de los ingresos del sistema. Era justo blindar el poder adquisitivo de los pensionistas, y era posible. Así es que lo que era una propuesta de oposición entre las paredes de la comisión permanente, se convertía con la moción de censura en un compromiso de Gobierno.

La negociación fue dura en el Pacto de Toledo. Y se desenvolvió entre una creciente oleada de protestas de los pensionistas en la calle, que llegaron literalmente a las puertas de la comisión. Protestas que no habían cesado pese a la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y que se hicieron tan evidentes en el último tramo de 2018 que ni PP ni Ciudadanos, principales defensores de la reforma de las pensiones de 2013, no pudieron por más que rendirse: esa norma no gozaba de un consenso social.

En ese clima, el Pacto de Toledo cerró un acuerdo, al que no se sumó ERC, en torno a la recomendación dos, la relativa a la revalorización de las pensiones, que desembocó en una redacción en la que se vinculaban las pensiones al IPC real, aunque dejando la puerta abierta a que cualquier Gobierno, de acuerdo con la comisión y el diálogo social, desactivara esta posibilidad. La pregunta en ese momento, octubre de 2018, era si el Gobierno sería capaz de llevar una recomendación así a la legislación.

Sánchez, el confiado

Era otro tiempo político, prometedor para Sánchez, y todo apuntaba a que, con el acuerdo en el Pacto de Toledo, así sería. Sánchez dejaba que las conversaciones en el diálogo social y en el Pacto de Toledo se sucedieran en paralelo. Hay que recordar que la comisión debía cerrar otra veintena de recomendaciones para suscribir un pacto global que incluyera también iniciativas para reforzar los ingresos del sistema de pensiones.

Un acuerdo en alguno de los dos foros le daría la suficiente legitimidad al Gobierno para aprobar un decreto o presentar cualquier otra iniciativa legislativa para volver a vincular las pensiones con el IPC. Además, los años 2018 y 2019 estaban salvados con las subidas comprometidas por el Gobierno del PP. Había tiempo.

Pasaron los meses y llegó el momento de la verdad. La maquinaria legislativa de Pedro Sánchez estaba en marcha y la necesidad de actuar en materia de pensiones, mientras se tramitaban los Presupuestos de 2019, en los que se consignaba una previsión de gasto en prestaciones récord, dio lugar a un decreto-Ley que fue aprobado el 28 de diciembre, en el que se incluía un amplio abanico de medidas para incrementar los gastos del sistema. Y ahí pudo cambiar todo.

En el borrador de aquel decreto se incluía la modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social “con la finalidad de que la fórmula de revalorización utilizada sea la que se aplique indefinidamente, y no solo para 2019, recuperando en la nueva redacción, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social, incluidas las del Régimen Especial de las Clases Pasivas del Estado, la fórmula de revalorización vigente antes de la reforma operada en 2013”. Dicho de otro modo, el decreto era la esperada voladura de la reforma de pensiones de 2013.

Sin embargo, el mismo día de la aprobación del decreto, esta cuestión desapareció del articulado y, en su lugar, la versión definitiva dispuso que, "en el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar los artículos citados y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social".

Según fuentes conocedoras de las deliberaciones del Gobierno en aquellos días, el Ejecutivo habló con todos los grupos parlamentarios, que aún estaban ultimando las recomendaciones en el Pacto de Toledo. En paralelo, la CEOE se encontraba inmersa en un proceso interno tras la llegada de Garamendi a la presidencia, que incluso derivó en un cambio de interlocutores en la mesa del diálogo social. Así, el entonces responsable de Relaciones Laborales de la patronal, Jordi García Viña, dejaba su puesto a Rosa Santos. De resultas, la patronal pedía tiempo.

Sánchez, recula y espera

En ese escenario, el Gobierno optó por no adentrarse en la derogación de la reforma de las pensiones hasta no tener uno de los dos consensos, y el más cercano parecía ser el del Pacto de Toledo. Con un pacto en la comisión, la patronal se vería impelida a firmar un acuerdo en el diálogo social. Por eso se decidió esperar y darse un plazo de seis meses más.

Sin embargo, ya en el mes de febrero todo saltó por los aires cuando Sánchez convocó elecciones anticipadas. En ese momento, la nueva situación política se coló en el Pacto de Toledo, donde Unidos Podemos presentaron una enmienda a la totalidad de las recomendaciones que ya se daban por acordadas.

Era la última baza del Gobierno para presionar a la CEOE para que firmara un pacto en el marco del diálogo social que le permitiera remitir con toda legitimidad un decreto sobre pensiones que ningún grupo se negaría a convalidar.

Sin embargo, fuentes de la CEOE aseguran que nunca hubo un pacto cerrado al respecto en el diálogo social y, desde luego, una vez anunciadas las nuevas elecciones, toda negociación tripartita debería desarrollarse en el marco de la nueva legislatura.

En conclusión, según la versión del Gobierno, por jugar con los tiempos y buscar consensos, todo se demoró y el 28-A acabó de apuntillar un decreto fallido que habría sido convalidado sin ninguna duda en un contexto político sin elecciones a la vista.

UGT culpa a la CEOE

Sin embargo, no todo acaba ahí. Los sindicatos ofrecen su propia versión de los hechos, cercana a la del Gobierno, pero no igual y contraria a la de la patronal. Fuentes de UGT consultadas señalan que los empresarios pocas veces se habían pronunciado sobre estas cuestiones y nunca con disenso respecto a la revalorización de las pensiones (así lo corroboran fuentes gubernamentales). En todo caso podían recelar por el hecho de que los Presupuestos de 2019 recogían una serie de subidas tributarias para financiar la subida de las pensiones que penalizaban claramente a los grandes grupos empresariales.

En todo caso, los empresarios se sentían a finales de diciembre orillados en el diálogo social, como denunció su nuevo presidente, Antonio Garamendi, elegido una semana antes de la aprobación del fatídico decreto. Sin embargo, fuentes sindicales aseguran que había un acuerdo cerrado casi por completo con el anterior equipo de la CEOE que recogía la derogación del índice de revalorización de las pensiones (IRP), el pilar fundamental de la reforma de 2013.

Según relatan las mismas fuentes, lo que ocurrió es que la patronal afeó al Gobierno que incluyera en el decreto del 28 de diciembre algo que aún no se había firmado en diálogo social. De hecho, era tal la envergadura del acuerdo que incluso se barajó firmarlo en presencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguran, a mediados del mes de enero.

En lo que coincide esta versión con la del Gobierno es en que la CEOE pidió más tiempo, por lo que la firma del acuerdo se pospuso. Otras instancias incluso aseguran que ese aplazamiento también fue propuesto por CCOO. El Ejecutivo concedió ese margen a los empresarios (o se dio tiempo a sí mismo para tener la firma del Pacto de Toledo para presionarles), de modo que los sindicatos empezaron a presionar a Sánchez para que cerrara un acuerdo bilateral con las centrales, también la organización que lidera Unai Sordo.

Con esa exigencia se llegó a la reunión fatídica del viernes 1 de marzo, a la que se llegó con el Pacto de Toledo completamente roto. En esa reunión, los sindicatos volvieron a presionar al Gobierno para que legislara, en contra de la CEOE, que supuestamente acudió convencida de que no dejaría al Gobierno hacerse la fotografía con los agentes sociales de la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC.

¿Y por qué no un 'decretazo' de última hora?

También se barajó la opción de legislar unilateralmente mediante un decretazo. La redacción estaba disponible en aquel párrafo que no se llegó a incluir en el decreto de diciembre.

Sin embargo, el Gobierno no ha visto claro en ningún momento que el Congreso le fuera a dar la opción de apuntarse el gran tanto ante los pensionistas, nada menos que casi nueve millones de votantes. Además, parecía un suicidio político acudir a al Congreso con un decreto de pensiones cuya urgencia tenía difícil justificación, puesto que la siguiente revalorización sería en enero de 2020, y sin ir acompañado de un plan creíble de ingresos -el Pacto de Toledo no llegó a acordar nada al respecto-.

Desde el Pacto de Toledo comentan que la clave fue aquel decreto de diciembre, en el que el Gobierno parecía tener atados todos los apoyos, en los que un decreto podría haberse justificado, cuando el 28-A no lo había roto todo aún.

Hubiera sido difícil, muchas fuerzas habrían acusado a Sánchez de saltarse a la comisión permanente (pese a que ese acuerdo puntual ya se había cerrado), los empresarios de hacer lo propio con el diálogo social, pero, más allá de las formas, todos habrían tenido que retratarse en una votación que al final no se produjo. En la próxima legislatura habrá que ver cómo se retoma el asunto, aunque antes habrá que ver cómo se reconstruye primero el Pacto de Toledo.