Alcoa amenaza con cerrar también su última planta en España si no recibe más ayudas

Alcoa ha alertado de que la viabilidad de su planta de aluminio en el complejo de San Ciprián, en Lugo, está en riesgo y su futuro peligra si el Gobierno no adopta más medidas que las incluidas en el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, publicado el lunes.

La planta lucense es la única fábrica de aluminio primario que Alcoa mantiene abierta en España, tras el cierre de las de Avilés (Asturias) y A Coruña, en las que sólo permanecen activas las funciones y cuya venta, que se negocia desde hace meses, también se pondría en riesgo si las medidas para ayudar a los grandes consumidores de electricidad se limita a las del borrador, como ha adelantado el diario Expansión.

"El borrador de Estatuto no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad", han asegurado fuentes de Alcoa, que consideran que las medidas que se proponen "son insuficientes", ya que mantendrían un significativo diferencial en coste de energía respecto a los países competidores. Además, "son inciertas", ya que no ofrece garantías sobre la aplicación efectiva de la medida más relevante en el borrador: la compensación de costes indirectos de CO2.

"En nuestra opinión, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador de estatuto, éstas ponen en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián, única instalación que mantiene la producción de aluminio primario en España en la actualidad", han aseverado las fuentes.

Según datos de la compañía, el coste de la energía eléctrica supone en torno al 40 % del total del coste de producción de la industria del aluminio primario en España y por ello necesita un marco energético que garantice costes competitivos y certidumbre, en línea con los países de nuestro entorno.

"La existencia o no de las condiciones que permitan esa competitividad en costes y suficiente certidumbre en energía, lógicamente puede condicionar la viabilidad de la industria y el interés de posibles compradores de las fábricas", según Alcoa.  Por ello, insisten, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador, no sólo se dificultará la venta de las operaciones de aluminio primario en Avilés y A Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio lucense.

El complejo de San Ciprián, en el que trabajan unas 1.700 personas, está integrado por una planta de aluminia y otra de aluminio, que es la electrointensiva y que el año pasado arrojó pérdidas de 48 millones de euros. Según datos aportados por los sindicatos, actualmente, dicha planta pierde unos 9 millones de euros al mes.

El pasado 16 de enero, la empresa estadounidense y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para mantener parte de la actividad en las plantas de Avilés y La Coruña mientras se busca un comprador para ellas.

El cabreo de los sindicatos

El presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha considerado este martes que el Estatuto para las empresas electrointensivas elaborado por el Gobierno es "una tomadura de pelo" que "en absoluto resuelve lo que se perseguía ni crea el marco estable que se esperaba".

En declaraciones a Efe, el representante de los trabajadores de la aluminera avilesina ha considerado que el secretario general de Industria, Raúl Blanco, "mintió" cuando dijo que iba a crear las figuras de las empresas electrointensivas e hiperelectrointensiva, "cuando, al final, nos meten a todas en el mismo saco". "Nos parece todo desastroso, no entendemos por qué nos han estado mintiendo todo este tiempo", ha declarado Gómez de la Uz, que cree que "lógicamente" esto disuade a los posibles compradores de las fábricas de Avilés y A Coruña.

El comité de empresa de la fábrica de Alcoa en Avilés ha convocado una concentración para el próximo 28 de marzo ante el Congreso de los Diputados con la intención de reunirse con todos los grupos políticos y trasladarles la importancia del nuevo estatuto para las electrointensivas.

Los representantes sindicales solicitarán reuniones con todos los grupos políticos para trasladarles la importancia que tiene para su futuro la creación del estatuto para las empresas electrointensivas y arrancarles una solución tras las elecciones generales para las plantas de Avilés y A Coruña, amenazadas de cierre el próximo mes de junio lo que supondría el despido de sus 686 trabajadores.