Las señales de que se está gestando un importante desequilibrio en el seno de las empresas españolas van en aumento. Los salarios han experimentado una subida acelerada en los últimos meses por el empuje de los sindicatos en la negociación colectiva y al paso que marca también la retribución de los funcionarios. Además, la subida del salario mínimo (SMI) se ha sumado al proceso, con el propio Gobierno como impulsor.
La sorpresa es que los sueldos crecen muy por encima de la inflación y, sobre todo, de la productividad, lo que amenaza con disparar los costes laborales de las empresas. En concreto, la subida salarial pactada para hasta febrero de este año asciende, en promedio, al 2,2 %, medio punto porcentual más que en 2018. Por el momento, la inmensa mayoría de esos convenios corresponden a los acordados en años anteriores, y hay poca información sobre la evolución de los pactos de nueva firma, que podrían el efecto arrastre de la subida del SMI en la medida en que los convenios puedan trasladarla, al menos parcialmente, al resto de la distribución salarial.
¿Qué quiere decir todo esto? Pues que la empresas, de momento, están absorbiendo estas subidas a costa de sus márgenes, pero que si se mantienen las actuales circunstancias, las empresas españolas serán cada vez menos competitivas en un momento en el que el sector exterior se está convirtiendo en una jungla por el deterioro del comercio internacional y cuando el PIB comienza a desacelerarse.
Lo que viene es una progresiva desaceleración del empleo y, con este, del consumo interno, y en muchas empresas habrá que lidiar en esta deriva con los gastos ordinarios al alza. Puede ocurrir en el medio plazo que no le salgan las cuentas al aumentar los pagos por producir a un ritmo superior al del coste al que pueden vender sus bienes y servicios y del valor que aporta cada uno de sus trabajadores. Y eso empujará a tomar decisiones, en tanto que la puerta de salida, el incremento de la productividad, no se puede abrir en el corto plazo y requiere de medidas económicas de fondo y largo recorrido.
Las empresas ya piden más flexibilidad
Así es que todo acaba encajando. Al rechazo que cabía esperar de las empresas a los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez por derogar determinados aspectos de la reforma laboral, se suman estas cuestiones. Como dejó entrever la patronal CEOE en un reciente documento de propuestas de cara a las elecciones del 28-A, los empresarios piensa ya, una vez tumbada dicha 'contrarreforma', en ampliar las condiciones de flexibilidad en las organizaciones para afrontar con agilidad el previsible deterioro de la economía.
Y el último aviso lo ha dado el Banco de España, que asegura estar preocupado por el hecho de que, en este escenario de cuesta abajo, muchas empresas estén pagando sueldos completamente desacoplados con su verdadera situación económica y de sus índices de productividad. Tanto es así, que el banco emisor ha instado ya al próximo Gobierno a permitir la flexibilidad necesaria en la fijación de precios y salarios para ir capeando el temporal económico que pueda venir.
El elemento que ha hecho saltar las alarmas es la inflación. Según el Banco de España, los precios, tanto a nivel nacional como en la zona euro, no están creciendo como cabía esperar. Hace unos meses, las subidas salariales se veían con buenos ojos como una forma de empujar al alza los precios y poder continuar con la normalización de la política monetaria por parte del BCE.
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Sin embargo, para sorpresa de los economistas, no repuntan al ritmo esperado. Descartados los elementos más volátiles, especialmente el efecto de los precios del petróleo, queda una inflación subyacente para la que el Banco de España ha hecho una proyección para los próximos años rebajando los valores previstos en diciembre, por debajo incluso de las últimas estimaciones del BCE.
El indicador general de IPC de España se situó en el 1,1% en febrero, mientras que la inflación en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) presentó unas pautas similares por componentes, si bien resultó superior a la española, en el 1,5 %, según el indicador adelantado. Como resultado, el diferencial de la inflación en España frente a la del área del euro continuaría siendo negativo.
Descartados los precios energéticos y los alimentos frescos, lo cierto es que esta inflación subyacente se situó en España en el 0,7 % en tasa anual en un contexto en el que, sin embargo, la actividad económica crece por encima de su potencial, lo que suele traducirse en mayores presiones inflacionistas.
En términos económicos, la brecha de producción marca ese equilibrio en el que la economía está usando los factores productivos en su nivel óptimo, de modo que una brecha positiva refleja un sobre uso de esos factores y, por tanto, ese mayor empuje supuesto de los precios. Y eso es lo que está ocurriendo, con la salvedad de que los precios no parecen notarlo, aunque es previsible que así sea, de forma gradual, a partir de 2020.
El Banco de España no tiene una respuesta clara de por qué las empresas no están trasladando con la intensidad que cabría esperar el aumento de los salarios a los precios. En todo caso, la situación preocupa.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, explicaba este miércoles que es evidente que "en los últimos trimestres, los márgenes empresariales están absorbiendo la subida de los salarios, antes de subir los precios". "Lo que nos preocupa es que no vemos conexión entre las subidas de los salarios y las circunstancias de determinados sectores o empresas. No van de la mano de la productividad", añadía.
Por ello, las empresas pueden enfrentarse en poco tiempo a una importante disyuntiva: subir los precios y perder competitividad o recurrir a la contención de salarios y los descuelgues de los convenios colectivos.
El Banco de España señala que a priori, la aceleración en los incrementos salariales "podría dar lugar a mayores presiones inflacionistas internas en un futuro". Pero al mismo tiempo, indica que "sería deseable que la magnitud de las alzas salariales se acompase a las circunstancias concretas de cada empresa o sector y, en particular, a los crecimientos de productividad" y, para ello, cree que los mecanismos de fijación de precios y de salarios "deberían permitir retener un grado de flexibilidad suficiente como para adaptarse, en caso necesario, a un entorno de mayor desaceleración de la actividad, al objeto de limitar las eventuales pérdidas de actividad y empleo".
Esto ya ha empezado a ocurrir. La misma estadística sobre convenios colectivos que constató el acelerón en el avance de los salarios ofrecía otro dato también significativo. Un avance de los descuelgues de los convenios, principalmente para ajustar los salarios pactados, que no se había visto en los últimos cuatro años.
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