La industria amenaza con cierres de plantas por el plan del Gobierno que busca evitarlos

La gran industria se queja desde hace años de que el alto precio de la electricidad en España supone un auténtico lastre para su competitividad frente a sus rivales europeos y que pone en jaque su rentabilidad. Tras los sucesivos anuncios en los últimos meses de cierres de plantas industriales en España por parte de Alcoa o de Cemex y con otras empresas recortando su actividad, el sector industrial esperaba que el Gobierno mejorara de forma sustancial el sistema de ayudas para rebajar su factura eléctrica.

Pero, según se quejan las compañías, el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que prepara el Ejecutivo es “insuficiente” para cerrar la enorme brecha de precios eléctricos que soportan las industrias españolas frente a sus competidores en Francia o Alemania. Sólo recoge medidas a corto plazo con un impacto muy limitado en el precio y no contempla compromisos de reformas de calado que den seguridad a las compañías y confianza a los inversores.

Tras conocerse el contenido del plan del Gobierno, Alcoa ya ha advertido que está en riesgo la continuidad de su última planta en España, la de San Ciprián, tras los cierres anunciados de Avilés y A Coruña. Y según fuentes del sector industrial, otras plantas españolas no podrán soportar el lastre del coste eléctrico este y se plantean mayores recortes de producción o incluso el cierre y la deslocalización. Ferroatlántica y Tubos Reunidos han emprendido ERE temporales para reducir el funcionamiento de varias de sus plantas. "Algunas compañías necesitan que se apliquen ya medidas de calado para reducir sus costes energéticos. Las necesitan ya, porque no aguantan más. No aguantan al próximo año", dice un ejecutivo del sector.

El plan que rebaja sólo 2 euros por MWh

El borrador elaborado por el Ministerio de Industria, ahora en consulta pública, contempla que las 253 plantas en España que son considerados consumidores electrointensivos (los que han consumido más de 40.000 megavatios hora en dos de los últimos tres años) se beneficiarán de descuentos de la factura de la luz, eximiéndoles de total o parcialmente, según los casos, de de los pagos por capacidad y del coste del servicio de interrumpibilidad.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que integra a 25 grandes compañías industriales con 80 plantas productivas en España, se queja de que el plan del Gobierno “no soluciona el grave problema que sufren las empresas que precisan un precio eléctrico competitivo para seguir produciendo y aportando a la economía española”.

Y es que con el estatuto, según denuncia AEGE, no se reducirá la gran diferencia de costes energéticos entre industriales españoles y europeos. En los dos últimos años, el precio final que pagaron los industriales españoles fue 20 euros por megavatio tio (MWh) más que el de sus rivales franceses y 25 euros por MWh que los alemanes.

La asociación destaca que las dos grandes medidas recogidas en el borrador (eximir la financiación de la interrumpibilidad y la reducción de los pagos por capacidad) suponen de manera temporal para la industria electrointensiva un descuento inferior a 2 euros por MWh, muy lejos de los 20 o 25 euros de la brecha con Europa. Además, AEGE alerta de que esa rebaja no servirá ni para compensar la subida del precio de la electricidad que se espera a partir de abril tras que la eliminación de la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica y que previsiblemente será superior a esos 2 euros por MWh.

La compensación por el CO2 indirecto, también aquí incluida, ya estaba aprobada, aunque con incertidumbre presupuestaria en su dotación económica. Ahora, el Gobierno se plantea una compensación del CO2 indirecto de entre 76 y 100 millones de euros, muy por debajo de los 200 millones de euros anuales autorizados por Bruselas hace unos días.

En paralelo, según AEGE, el conjunto de medidas recogidas en el borrador implica un coste de 112 millones de euros, cantidad inferior a los 150 millones presupuestados en los Presupuestos General del Estado de 2018, ahora prorrogados, para compensar a las industrias electrointensivas. “Esta cifra dista mucho de las compensaciones globales que reciben nuestros competidores europeos”, apunta.

En paralelo, el borrador contempla la compensación por los costes indirectos por las emisiones de CO2 indirecto, que ya estaba aprobada, pero que está en el aire por la incertidumbre presupuestaria en su dotación económica. Previsiblemente será una compensación del CO2 indirecto muy inferior a los 200 millones de euros anuales ya autorizados por Bruselas hace unos días.

Más medidas

AEGE reconoce la voluntad del Gobierno por mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, pero el borrador resultaría insuficiente para ese objetivo y reclama mayor esfuerzo para conseguir la convergencia con Europa en costes eléctricos. La gran industria reclama que en el el propio estatuto se recoja el compromiso del Gobierno (en la práctica que el Ejecutivo actual deje ese compromiso para el siguiente) de desarrollar medidas de calado que requieren más tiempo y un mayor rango normativo, como son una reforma de la fiscalidad energética y de los peajes de acceso a redes.

“Estos dos conceptos, de aprobarse las propuestas de AEGE, supondrían un impacto de 10 y 4 euros/MWh respectivamente, que junto con las que recoge ya el borrador permitirían lograr la armonización de coste del suministro eléctrico”, dice la patronal industrial. “Por tanto, el Estatuto debería recoger otras medidas, aun cuando su efectividad se produzca una vez que se desarrolle la regulación necesaria, tal como prevé para los contratos bilaterales de suministro de electricidad a largo plazo”. En este sentido, AEGE pide explícitamente al Gobierno que se reconozca, entre otros aspectos, una futura rebaja de la parte regulada de su factura eléctrica, con reducciones de los peajes que pagan como sucede en Francia o Alemania,

En paralelo, las compañías electrointensivas se quejan del desplome de la retribución que percibirán las grandes industrias a través del denominado servicio de interrumpibilidad. Un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

La última subasta de interrumpibilidad, celebrada el pasado diciembre y que cubre las necesidades de este programa para el primer semestre del año, recortó la retribución a las compañías hasta los 101 millones de euros, un 36% menos que en la retribución del año pasado (cuando ya cayó otro 40% en relación al ejercicio anterior).