El año pasado España produjo una electricidad más limpia. Lo fue porque el 40% de toda la producción eléctrica de la Península (Canarias y Baleares se contabilizan como sistemas energéticos independientes) tuvo su origen en fuentes renovables, 6,4 puntos más que el año anterior, según los datos oficiales de Red Eléctrica de España (REE).
La producción renovable creció en 2018 gracias muy especialmente a que la generación con hidroeléctricas se disparó un 85%, tras el frenazo por la sequía del año anterior, y también a que la aportación de la eólica creció un 3% (la producción de la fotovoltaica, en cambio, cayó un 8%).
Con las renovables produciendo más y con la nuclear como siempre más o menos estable (-4% el año pasado por algunos parones), el hueco que quedaba para el resto de tecnologías, especialmente las térmicas, fue mucho menor. Así que el uso de las centrales de carbón cayó 18% y la de los ciclos combinados (que queman gas natural) descendió un 22%.
Durante 2018 las centrales de carbón funcionaron un total de 3.651 horas equivalentes de media, apenas un 41% de su capacidad máxima frente al 51% alcanzado en el año anterior. Sin embargo, la situación de las centrales de gas natural es mucho más complicada y, según alertan fuentes del sector, directamente es crítica. La red de 50 centrales de ciclo combinado funcionó sólo 1.079 horas equivalentes, lo que representa un 12,2% en relación a su capacidad máxima de operación, cuando en 2017 superó el 15,5%, según los registros de Red Eléctrica.
Las eléctricas asumen que el futuro a largo plazo del sector será 100% renovable y tienen planes ambiciosos de crecimiento en energías verdes para los próximos años. Pero mientras llega ese boom renovable, y en pleno cierre de nucleares y carbón, las compañías creen que serán las centrales de gas natural las que jugarán un papel crucial para dar estabilidad al sistema eléctrico en España.
Las renovables tienen el problema de su intermitencia en la producción, al estar supeditada a que haya viento, sol o agua. Es por ello que, de momento –y hasta que se desarrollen más las baterías para permitir el almacenamiento de electricidad a gran escala-, seguirán haciendo falta tecnologías que puedan producir a voluntad y que sirvan de respaldo para la nueva potencia renovable.
Pero con las centrales de gas funcionando sólo entre un 10% y un 15% de su capacidad en el último lustro, las compañías ven difícil siquiera cubrir los costes que supone tenerlas abiertas y listas para funcionar en caso de ser necesario. En el caso de algunas plantas no han llegado siquiera a encenderse en todo un año: cero horas
El presidente de Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Francisco Reynés, aprovechó la junta de accionistas del grupo de hace dos semanas para reclamar al nuevo Gobierno una “retribución suficiente” para que los ciclos combinados ejerzan esa función de respaldo. Solicitó más ayudas que permitan que las centrales puedan estar disponibles y que no sean un agujero en las cuentas de las eléctricas a pesar de su mínimo funcionamiento.
“Hay que generar un incentivo para que las centrales den garantías y estabilidad al sistema. Un incentivo que permita cubrir costes aunque no funcionen”, subraya Rui Teixeira, consejero delegado de EDP España. “Las centrales térmicas han de estar disponibles para que sea posible la transición energética”.
El máximo ejecutivo de EDP en España reclama la creación de un “mercado de pagos por capacidad” para que las centrales de gas, y también las de carbón que aún no cierren, compitan por recibir ayudas para cubrir al menos los costes fijos de mantenerlas abiertas. “Con este sistema, cuánto más competitivas sean las plantas más fácil sería recibir el incentivo y así las compañías las mantendrían abiertas”.
Recuperar las ayudas perdidas
Los consumidores españoles pagan en cada recibo de la luz un recargo para dar ayudas a las centrales de gas. Hasta el año pasado esas ayudas millonarias, denominadas pagos por capacidad, se concedían a las compañías eléctricas por dos conceptos: por tener disponibles sus plantas de térmicas y así cubrir las intermitencias en la producción de las renovables, y también como incentivos a las inversiones realizadas para su construcción.
A la espera de que la Unión Europea apruebe la nueva directiva de mercado único, y en base a ella después el Gobierno reformule el reparto de los pagos por capacidad, las ayudas por estar disponibles estas centrales quedan derogadas, y sólo se mantienen los pagos por la inversión realizada.
Una de las reclamaciones de las compañías propietarias de centrales de gas recuperación de esta parte del incentivo para paliar un poco la situación crítica de la red de centrales. En total, el montante de las ayudas que reciben las plantas se ha recortado en 170 millones al eliminar uno de los conceptos de los incentivos.
El recibo carga con más ayudas que las que se reparten
Las centrales de gas ya reciben ayudas, y la historia viene de lejos. Hace casi dos décadas, en 2001, el Gobierno empezó a temer que se produjera una oleada de apagones porque la demanda eléctrica de aquella España que presumía de su milagro económico crecía con fuerza mientras que la capacidad de producirla llevaba estancada desde mediados de los ochenta.
Las compañías eléctricas invirtieron más de 13.100 millones de euros en llenar España con una sententena de centrales de gas basándose en unas exageradas previsiones gubernamentales. Como las proyecciones ni de lejos se cumplieron, en 2007 el Gobierno ya creó un nuevo incentivo, una especie de compensación, para rescarcir a esas centrales y a otras en una situación similar en plena crisis y por el auge de las renovables.
Ahora los consumidores españoles pagan en cada recibo de la luz un recargo para dar ayudas a las centrales de gas y de carbón. Y de hecho pagan mucho más que los que las eléctricas reciben realmente en concepto de compensación o como incentivo.
Los clientes pagarán este año con su factura de luz otra vez un sobrecoste de entorno a 700 millones euros, como en años anteriores. Y, además, como en años anteriores también, la partida que sufragan los consumidores con su recibo de luz seguirá estando inflada por el Gobierno, lo que ha hecho que los usuarios hayan pagado casi el doble de lo que realmente han recibido las compañías eléctricas en ayudas en los últimos ejercicios.
En concreto, en 2019, los usuarios de luz pagarán 676,68 millones de euros con su recibo este año para sufragar los pagos por capacidad, pero la previsión de que realmente cobrarán las eléctricas a lo largo del año es de sólo 159 millones. En total, 517,7 millones que los clientes pagarán de más. Este sobrecoste va directamente a las cuentas del sistema eléctrico y sirve para cubrir otras partidas de gasto o para engordar el superávit que se ha venido registrando en los últimos ejercicios.
Los desfases anuales acumulados desde hace seis años alcanzan ya cifras milmillonarias. Entre 2014 y 2019, los consumidores españoles habrán abonado en concepto de pagos por capacidad un total de 4.987 millones de euros, pero las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta partida sólo cobrarán algo menos de 2.420 millones de euros. En un sexenio, los clientes habrán pagado un total de 2.567 millones de euros de más con recargos que se justifican para repartir ayudas, pero que se utilizan para otras partidas del sistema eléctrico.
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