10 años y 8.200 millones en multas sin pagar: así ha acabado el caso Google

El pasado miércoles la Comisión Europea cerró por fin uno de sus casos abiertos más complicados. El departamento de Competencia llevaba nueve años investigando a Google para dilucidar si tres de sus servicios más lucrativos suponían un perjuicio para la competencia y si había abuso de posición dominante. La respuesta, en los tres casos, ha sido un rotundo sí.

Ha llevado su tiempo, pero la investigación que comenzó Joaquín Almunia, comisario de Competencia hasta la llegada de la temida Margrethe Vestager, y que ha culminado la danesa ha terminado de la peor manera para Google, que tendrá que pagar, en total, más de 8.200 millones de euros en multas. Son tres casos diferentes, pero han seguido un curso similar, caminando por sendas paralelas con semejantes inicios y desenlaces.

La gran vencedora del choque entre el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea y el mayor gigante de internet del mundo es, sin duda, la comisaria Vestager, que ha sabido manejar los tiempos a la perfección para anotarse la victoria a un mes de los comicios continentales en los que aspira a escalar todavía más en la escala de poder europeo.

Su papel en la investigación, tomando las riendas y presentando ella misma las conclusiones que han especificado desde Competencia, ha sido clave para elevar su figura a una suerte de defensora de los ciudadanos europeos frente a la impunidad de las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses.

Al final de una década de trabajo, lo que verdaderamente queda es que Google debe afrontar el pago de una cuantía récord en multas en la historia de la Unión Europea, algo que todavía está por ver si hará. De momento, casi dos años después de que la primera multa se hiciera pública, todavía no ha salido un dólar de las arcas de la compañía.

Los únicos que han cobrado algo han sido los miembros del considerable equipo legal del buscador, que llevan trabajando a destajo mucho tiempo para encontrar cualquier fisura en los argumentos de la Comisión Europea para rebajar o, llegado el caso, anular alguna de las sanciones.

Google Shopping, el comienzo

El 10 de noviembre del año 2010 comenzaban las investigaciones oficiales para comprobar si el algoritmo de Google estaba beneficiando a sus propios productos cuando los usuarios realizaban búsquedas en internet, en detrimento de otros portales más pequeños. Las pesquisas se iniciaron gracias a la denuncia de muchos vendedores, que consideraban que sus páginas webs no estaban recibiendo un trato justo en cuanto a posicionamiento.

La Comisión Europea tardó cinco años en emitir sus primeras conclusiones, en las que consideró que Google sí que daba más visibilidad a su servicio Shopping que al resto de webs. Del mismo modo, afirmaba el informe, no se penalizaba a sus links como sí que se hacía con el resto de páginas webs, perjudicando así los intereses de los consumidores.

Hubo que esperar hasta junio del año 2017 para que Google fuera declarada culpable y se conociera la cuantía de la multa. Los 2.420 millones de euros -el 2,5% de los ingresos de Google en 2016- marcaban un nuevo récord en cuanto a sanciones por Competencia en la Unión Europea, y suponían el primer varapalo para una compañía que le vio por primera vez las orejas al lobo.

"Google ha abusado de su posición en el mercado para promocionar su propio servicio en las búsquedas. Lo que han hecho es ilegal", explicaba Vestager en una comparecencia en la que, además, aclaró que su equipo había investigado 5,2TB de datos, el equivalente a 1.700 millones de búsquedas en Google. El equipo jurídico de la Comisión se amparaba en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el epígrafe 54 del Acuerdo del Área Económica Europea.

Por supuesto, Google no tardó en apelar la decisión, alegando que la investigación había confundido los hechos y que no presentaba ninguna prueba real de que la compañía perjudicara a su competencia con la forma en la que operaba.

El caso Android

Los récords están para batirlos, debieron pensar el año pasado en el departamento de Competencia, que tiene sus oficinas en Bruselas. Por eso, el pasado 18 de julio se superaron a si mismos y le endosaron a Google una multa de 4.340 millones de euros que rebasaba todos los registros y, de paso, dejaba claro que Vestager había mordido el hueso y no iba a soltarlo.

En este segundo caso de la trilogía la Comisión Europea investigaba a Google por su uso de Android, el sistema operativo más popular del mundo y que está presente en un 80% de los dispositivos móviles del mundo.

Según las conclusiones emitidas por Competencia, el gigante de Mountain View obligaba a instalar sus aplicaciones de forma predeterminada a todos los fabricantes de móviles que querían utilizar Android en los smartphones que comercializaban. Así, Google Chrome o Play Store, el contenedor de apps, siempre aparecían en todos ellos.

Además, consideraron, Google no les permitía vender dispositivos con Android sin que hubieran revisado primero la versión y configuración del sistema operativo. Android, desde que Andy Rubin y su equipo lo crearan hace ahora una década, siempre ve como su código es publicado de forma gratuita, por lo que todo el mundo puedo utilizarlo y hacer sus modificaciones en lo que se conoce como Android Forks. Google no permitía a los fabricantes acogerse a estas versiones personalizadas de Android, y les obligaba a pasar un examen antes de lanzarlo a sus usuarios.

De esta forma, dictaba la nota publicada el pasado verano, Google "cimentó su dominio en las búsquedas, en un momento en el que la importancia de internet en los dispositivos móviles crecía significativamente".

Una vez más, Google decidió tirar de su equipo legal para paralizar la decisión con una apelación ante los tribunales que se hizo, además, el último día del plazo concedido por las autoridades continentales. En el descuento, la compañía afirmaba que "Android es un ecosistema vibrante, de innovación rápida y con precios bajos", asegurando que esas "son las características de una competencia sólida".

Capítulo final: Adsense

La trilogía se cerró el pasado miércoles, cuando la Comisión hizo pública su decisión sobre el caso que todavía estaba en la fase de investigaciones, cerrando así una década de lucha contra las prácticas de Google.

En este caso todo giraba alrededor de Adsense, menos popular al no ser un servicio que utilicen los usuarios ya que está enfocado a las empresas y los publicadores de páginas webs. En esencia, es la forma en la que Google hace las veces de intermediario entre un portal y un anunciante, para que el segundo coloque su publicidad en las publicaciones del primero.

El problema es que, una vez más, el buscador ha utilizado de forma "ilegal su posición dominante en el mercado de los anuncios en internet" y, por eso, la Comisión Europea ha decidido condenar a la compañía a una multa de 1.490 millones de euros. "Llevan 10 años haciéndolo y negando a otros actores la posibilidad de competir", alega Competencia.

En Bruselas consideran que las cláusulas de exclusividad para la gestión de espacios publicitarios que Google obligaba a firmar a los publicadores eran ilegales. Y, pese a que la política se modificó en 2009, esos "lugares premium" con los que el gigante de internet se quedaba eran los más atractivos de cada web. Del mismo modo, el informe alega que Google obligaba a las webs a firmar por escrito que cualquier cambio debía contar con una autorización llegada desde Mountain View.

Con estas condiciones Google se aseguraba controlar los lugares más atractivos -léase lucrativos- y gestionar los anuncios que allí aparecían, con lo que eso supone para la justa competencia. La multa, cuya cuantía corresponde al 1,29% del volumen de negocio de Google en el año 2018, ha sido una vez más recurrida.