El Pacto de Toledo, en alerta por el desembarco de Vox

El pesimismo ha cundido en torno al Pacto de Toledo. Después de que el acuerdo que prácticamente se daba por hecho antes de la disolución de las Cámaras para fijar una serie de recomendaciones de cara a reestablecer el equilibrio financiero en el sistema de pensiones saltara por los aires, esta posibilidad se ve ahora más lejos.

No se trata ya de esperar a la siguiente legislatura, unos meses más, para cerrar un acuerdo vital con el que legitimar al Gobierno para adoptar medidas de ingresos y gastos. Ahora la duda es si se podrá logar.

Fuentes próximas y portavoces del Pacto no escoden que la situación se ha vuelto más preocupante ante los últimos acontecimientos políticos. No se escapa, para empezar, que habrá un movimiento en la correlación de fuerzas. Las minorías cambiarán y eso hará que se modifiquen también las posturas en la comisión. "No es lo mismo ir al Pacto con 100 diputados que con 30", señalan.

Además, como indicaba recientemente el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en una conversación con periodistas, cuanto más dividido esté el Pacto de Toledo, el Congreso en general, más dificultad habrá para pactar.

Y eso apunta directamente a Vox, porque se trata de una posible nueva entrada en la terna. Las encuestas le dan opciones a ganar hasta 46 escaños en la próxima legislatura, lo que le daría opción a sentarse en el Pacto de Toledo. Eso inquieta de entrada puesto que poco se conoce de sus intenciones en materia de pensiones, también de su lealtad institucional, algo que, al menos en la teoría, debería estar por encima de todo en una comisión creada para sacar las pensiones del ruedo político.

Y una tercera derivada es que si el Pacto de Toledo, con su nueva composición y nuevos portavoces, pretendiera empezar desde el punto en el que lo dejó, sería lógico que Vox pretendiera desandar el camino en lugar de trabajar sobre unas bases en las que no ha participado, comentan algunas de las fuentes consultadas.

¿Qué ideas podría plantear la formación liderada por Santi Abascal? De momento, su programa electoral incluye una exención en el IRPF de las pensiones contributivas y un nuevo modelo de pensiones, que aún la capitalización y el reparto. Concretamente, llama a establecer dos principios: la solidaridad, garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida; y la propiedad, asegurando el derecho a disponer de los ahorros al finalizar su vida laboral como complemento a las pensiones mínimas.

La radicalización no ayuda

Ya en el plano de las acusaciones cruzadas. Unos culpan a Unidos Podemos de haber manejado el Pacto de Toledo con fines políticos en la legislatura que decae. Lo cierto es que la coalición amenazó en más de una ocasión con abandonar la comisión y, cuando ya había un texto prácticamente consensuado con más de una veintena de recomendaciones, desembarcó en una última reunión con una enmienda a la totalidad que echó todo al traste.

En ese escenario, ni Ciudadanos ni PP hicieron grandes esfuerzos por levantar el acuerdo, habría sido servir en bandeja una gran baza electoral al Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, el endurecimiento de las posiciones liberales del PP de la mano de Pablo Casado y el apoyo mostrado por Ciudadanos a la formación en Andalucía se ha colado en el Pacto de Toledo. Las formaciones de izquierdas creen que estas posturas supuestamente más radicales también podrían impedir el debate sosegado y los acuerdos.

Y de lo que todos se acuerdan es de que la próxima legislatura no está en la comisión el portavoz de PDeCAT Carles Campuzano, que no estará en las listas de la formación. De hecho hay quien duda de que esta acabe teniendo representación en la Cámara Baja. Campuzano es uno de los diputados más respetados por su mesura y su reconocido conocimiento de la Seguridad Social y el sistema de pensiones. "Era una pieza clave en el engranaje del Pacto de Toledo", lamentan desde Ciudadanos.

Un acuerdo de mínimos

En esta tesitura, algunos portavoces consideran que habría que remar para alcanzar un acuerdo de mínimos en cuanto arrancase la nueva legislatura, posiblemente en torno a las recomendaciones de la AIReF, sobre las que existía cierto consenso. En dicha recomendación se incluían cuestiones como elevar la edad efectiva de jubilación, ampliar el periodo de cómputo de la vida laboral a efecto del cálculo de las pensiones, más allá de los 25 años; o ampliar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social detrayendo estos recursos de la cotización por desempleo, dado el superávit que presentan los servicios públicos de empleo (SEPE).

Con este punto de partida, para amarrar una base común, se podría dar entonces entrada al debate de otras cuestiones más de fondo.

Otra de las claves que podrían allanar el camino sería la elección de una persona con autoridad reconocida y buen talante para presidir la comisión, alguien que aporte moderación, después de que la diputada del PP y anterior presidenta de la comisión, Celia Villalobos, haya decidido dejar el cargo y la política.