El programa electoral del PSOE ha hecho un viaje de ida y vuelta. Lo que en su día fue el Presupuesto alternativo de los socialistas para 2018, tras la celebración de la moción de censura se convirtió en el programa de gobierno de Pedro Sánchez de facto. Después de pasar por el tamiz de la negociación parlamentaria (fracaso del proyecto presupuestario incluido), ahora vuelve a ser la propuesta económica del PSOE para las elecciones del 28 de abril.
Pedro Sánchez presentará este miércoles con todos sus ministros el programa electoral del PSOE en un acto en el Teatro Gran Maestre de Madrid. El presidente del Gobierno y candidato desvelará las 110 medidas de su proyecto que recogen, en gran medida, el programa electoral anterior; los diez grandes acuerdos de país que ofreció a Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición y las propuestas estrella de los Presupuestos Generales del Estado que fueron tumbados en el Congreso provocando la convocatoria electoral.
El PSOE recupera así medidas como la puesta en marcha de una renta básica. Fuentes cercanas al Gobierno confirman la intención de incluir en el programa electoral la propuesta de un ingreso mínimo vital como una prestación contributiva ligada a un itinerario de activación laboral y de formación, para garantizar a través del sistema público de empleo la transición desde el subsidio del desempleo sin dejar caer a aquellos que lo necesiten por carecer de ingresos suficientes.
En su actual diseño, ese ingreso mínimo tiene dos patas. En primer lugar contempla una renta de 426 euros al mes para aquellas personas sin ingresos que tengan una o ninguna persona a cargo, que se amplía en función de las cargas familiares, con 497 euros si se mantiene a dos personas y 708 euros si son tres o más. Por otro lado, para unas rentas de 7.100 euros anuales (pobreza severa), se prevé una prestación anual de 150 euros por hijo, unos 1.800 euros al año. Para ingresos de hasta 11.500 euros, la ayuda alcanza los 100 euros por hijo, hasta los 1.200 euros al año. Los ingresos de entre 11.500 y 17.000 euros sitúa la ayuda en 50 euros por hijo, 600 euros al año.
La propuesta pretende establecer una última red de protección y evitar la exclusión social de parte de la infancia española, un asunto al que Sánchez ha elevado a cuestión de estado al constituir un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. El PSOE estima que esas ayudas pueden beneficiar a unos 730.000 hogares y 1,8 millones de personas y que tendrían un coste de unos 6.500 millones de euros, con cargo a los Presupuestos. No obstante, una propuesta similar impulsada por los sindicatos CCOO y UGT en 2015 presumía un coste de unos 12.000 millones.
Fuentes del Gobierno descartan que los compromisos electorales de Sánchez incluyan la regulación de la 'mochila austríaca', como pretendió hacerlo el Ejecutivo a través de su Agenda del Cambio. Ese plan gubernamental contemplaba la implantación gradual del sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente, conocido como ‘mochila austriaca’, a partir del próximo año, así como la simplificación y reordenación del menú de contratos a tres fórmulas: indefinido, temporal estructural y formativo.
La propuesta fue presentada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en un Consejo de Ministros de febrero, dentro de una batería de 60 nuevas medidas en formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, igualdad y eficiencia de la Administración para sentar las bases de un crecimiento “sostenible e incluso” a medio y largo plazo. Se trata de un fondo que permite a los trabajadores cobrar las cantidades acumuladas a lo largo de la vida laboral vía cotizaciones en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
“Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”, señalaba la Agenda para el Cambio aprobada el pasado 8 de febrero, en la que también se incluía el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, duplicando la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza severa. La medida se puede completar con la recuperación de la promesa electoral de Sánchez de elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros en 2020.
Entre las incógnitas del programa electoral destaca la idea del PSOE de establecer un impuesto a la banca para el pago de las pensiones, más allá de la tasa a las transacciones financieras (‘tasa Tobin’) o la que se pretende imponer a determinados servicios digitales ('tasa Google'). Ambos tributos llegaron a trasladarse en forma de proyectos de Ley al Congreso de los Diputados pero han decaído con la disolución de las Cámaras. También es de esperar que el PSOE siga adelante con su intención de hacer pagar a las empresas un mínimo por la repatriación de dividendos en el extranjero, y establecer un tipo mínimo del 15% en la tributación por el Impuesto de Sociedades.
Por otro lado, Sánchez tiene la oportunidad de revalidar su apuesta por la subida de las pensiones con el IPC de forma permanente o por sacar adelante la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral –la conocida como ‘contrarreforma’—confiando en lograr contar con más tiempo en La Moncloa y, sobre todo, con un apoyo parlamentario más holgado.
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