El Gobierno ha convocado para este miércoles por la tarde y para mañana a los sindicatos de Función Pública para negociar la oferta de empleo público de 2019 en la Administración General del Estado (AGE), según han confirmado a Europa Press en fuentes sindicales.

En concreto, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha convocado a los sindicatos del sector público a dos nuevas reuniones de las comisiones de trabajo de la Administración General del Estado, que dependen de la Mesa General de Negociación de la AGE, en la que participan los sindicatos del área pública (CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG).

De esta forma, el Ejecutivo da un impulso a la negociación de la oferta de empleo público de este año en la AGE, que incluso podría ver la luz en el Consejo de Ministros de esta semana o la próxima, con anterioridad al inicio el día 12 de abril de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Por el momento no se ha concretado el volumen de plazas públicas que contendrá la oferta de 2019 en la AGE, según indicaron fuentes sindicales, si bien no se descarta que sea similar o incluso supere a la del año pasado, cuando el Gobierno anunció la convocatoria de la mayor oferta de los últimos diez años, consensuada previamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En detalle, el Gobierno dio luz verde en julio del año pasado a tres Reales Decretos sobre empleo público que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 que había convocado el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrojaron una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas.

De las 23.156 plazas aprobadas julio, 17.299 fueron de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323 pertenecían a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados, y 5.534 plazas correspondían a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.

Estabilización de empleo

Además de la oferta de empleo público, el Gobierno aprobó la normativa para suprimir en la Administración del Estado la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012 a los empleados públicos que se encontraban en situación de incapacidad temporal.

Igualmente, a finales de enero aprobó un Real Decreto con la Oferta de Empleo Público con 2.528 plazas para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y suscrito con las principales organizaciones sindicales.

Esas 2.528 plazas aprobadas, sumadas a las de otros procesos de estabilización aprobados, alcanzan las 10.392, de ellas, 5.003 son de la Administración de Justicia (2.331 en 2017 y 2.672 en 2018) y 2.862 de la Administración General del Estado correspondientes a 2017.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, también suscribió a principios de marzo con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos trabajadores, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.

El convenio, que afectará a más de 40.000 trabajadores, aprueba una subida del 5,5% de media para las todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 euros al mes), según han explicado los sindicatos.

El colectivo de 2,5 millones de empleados públicos se benefició en enero de una subida genérica del 2,25% para el ejercicio 2019, si bien a esta cifra se le sumará desde julio otro 0,25%, ya que el sistema de subida salarial fija un alza mínimo del 2,5% si el PIB crece igual o por encima del 2,5%, y el año pasado la economía creció un 2,7%.

A esta subida ya fija del 2,5% se le podrá sumar además otro 0,25% de fondos adicionales, que los sindicatos deberán negociar en cada administración, con lo que la subida salarial de este año podrá alcanzar el máximo previsto del 2,75%.