Comienza la 'puja' electoral: rentas básicas, paternidad o más impuestos a las empresas

Queda poco más de un mes para que se celebren las elecciones generales del 28 de abril y algo menos para que de comienzo la campaña electoral --será el 12 de abril--. Sin embargo, el tiempo apremia y dado que el Gobierno está realizando su particular campaña electoral a través de los llamados 'viernes sociales', el resto de las formaciones de la oposición empiezan a tomar posiciones y a lanzar anuncios de posibles medidas antes de presentar oficialmente sus programas electorales.

Algunas de estas propuestas saltaron ya a la palestra en un debate organizado por Oxfam Intermón este martes, en el que intervinieron, entre algunos economistas de renombre, los responsables económicos del PSOE (Manu Escudero), PP (Álvaro Nadal), Podemos (Nacho Álvarez) y el portavoz económico de Ciudadanos (Toni Roldán).

Mercado laboral, protección al desempleo o fiscalidad fueron algunos de los temas tratados y, como conclusión, podría decirse que hay acuerdo en muchas cuestiones, pero las diferencias en los detalles y la lucha por la paternidad de las medidas vuelven a repetirse. Comienza la 'subasta electoral'.

Rentas mínimas

Como ocurriera en 2017, la posibilidad de establecer una renta mínima para hogares con menos rentas está sobre la mesa, aunque con diferentes formulaciones. El PSOE ya ha confirmado que el programa electoral que presentará este miércoles 27 marzo recuperará la idea de un ingreso mínimo vital que tendrá dos patas: una renta de entre 426 y 708 euros al mes para familias en situación de especial necesidad, en función del número de hijos a cargo, y de una ayuda de entre 50 y 150 euros por hijo, en función de las rentas familiares. Se trata de una apuesta ambiciosa cuyo coste podría alcanzar los 12.000 millones de euros.

Por su parte, Ciudadanos propone de nuevo implantar su complemento salarial, para rentas inferiores a 17.000 euros al año, que se incrementa con los hijos a cargo, y por armonizar las rentas mínimas de inserción tratando de que no se conviertan en un desincentivo al empleo y que no supongan un excesivo gasto para las arcas públicas.

Desde Podemos, se apuesta por replantear la protección social. En ese sentido, proponen una renta mínima de al menos 600 euros por hogar en el que no entren rentas del trabajo, con un complemento por familiares a cargo. Luego, a medida que se vayan encontrando ingresos laborales, esta ayuda se podría ir reduciendo en el momento en que el conjunto de los ingresos alcancen los 900 euros. El coste estimado de esta medida superaría los 1.000 millones de euros al año.

En el caso del PP, Nadal recordaba que las competencias en la materia son las comunidades autónomas, con lo que en todo caso habría que establecer un mínimo en las ayudas autonómicas a los hogares sin recursos, pero, sobre todo, replantear desde el principio todo el sistema de protección social, en el sentido de establecer un único programa nacional no contributivo, que entraría en acción una vez se consumieran las prestaciones por desempleo, y asociado a la edad de la persona, tiempo en desempleo y cargas familiares.

Mercado laboral

Por otro lado, los partidos parecen estar de acuerdo en la necesidad de reducir la temporalidad en el mercado laboral. Ahora bien, mientras que el PSOE ya ha mostrado su intención de reducir el número de modalidades de contratos hasta tres --indefinido, temporal con una causalidad reforzada y el de formación y relevo--, hay otras formaciones que siguen apuntando a un contrato único al que los socialistas se oponen de plano.

Según Escudero, es preciso ahondar en la 'contrarreforma' laboral que el actual Gobierno se ha dejado en el tintero para garantizar un buen uso de la contratación temporal. Es decir, para reforzar su causalidad, en línea con lo dispuesto en el Plan Director aprobado por el Gobierno, que se ha traducido en un repunte de las conversiones de contratos temporales en indefinidos. Al mismo tiempo, el PSOE también quiere echar el lazo a la contratación a tiempo parcial forzosa.

En cambio, desde el PP se sigue defendiendo la bondad de la reforma laboral de 2012 --estima que ha permitido la creación de 2,5 millones de empleo--, pero ha admitido que es preciso avanzar hacia una mayor causalidad de los contratos temporales. En cuanto a las tipologías de contrato, el PP apuesta también por una simplificación, hacia un contrato indefinido con indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador, y por mantener el contrato temporal para aquellas situaciones en las que sea necesario.

En otro orden de cosas, el PP sigue defendiendo la primacía del convenio de empresa sobre el de sector --que pretende invertir la 'contrarreforma' del PSOE-- para que las empresas tengan margen para modificar las condiciones laborales y salariales ante coyunturas adversas para que el despido sea el último recurso.

Por su parte, Podemos apuesta también por una simplificación, pero impulsando la conversión de contratos temporales en indefinidos y aumentando el coste de la indemnización por despido de los primeros hasta los 33 días por año, la misma que en los despidos improcedentes en contratos fijos. Además, la formación morada pretende establecer un sistema de penalización en las cuotas a la Seguridad Social, aún por concretar, para aquellas empresas que abusen de la temporalidad, y pretende establecer una duración mínima para los contratos temporales de un mes.

En cambio, Ciudadanos sigue apostando por un contrato único para todos los nuevos empleos, que tenga una indemnización por despido procedente de 20 días por año.

Permiso de paternidad

En este caso, Podemos parece decidido a hacer saltar la banca. Casi con toda seguridad incluirá en su programa electoral una propuesta para ampliar el permiso de paternidad hasta las 24 semanas, medio año, tanto para los padres como para las madres en el horizonte de la legislatura, hasta 2023. Una medida así tendría un coste que rondaría los 2.700 millones de euros, a razón de entre 100 y 120 millones por semana y cónyuge. Actualmente, las madres disfrutan de un permiso de 16 semanas y los padres de ocho semanas.

Ningún otro partido ha hecho una apuesta tan fuerte. Ciudadanos, que fue el primero en plantear la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, cree que es necesario hacer converger ambos derechos en las 16 semanas, pero a un ritmo más paulatino que el pactado en un primer momento entre Podemos y PSOE, que prevé ampliarlo en cuatro semanas por año: a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021. La razón para esta moderación en el ritmo de equiparación es que algo así tiene un alto coste para la Seguridad Social y este debe acompasar

a los recursos disponibles. El PP se ha mostrado en línea con esta visión.

Fomentar la natalidad

Otro de los ámbitos en los que parecen querer 'lucirse' los partidos en la campaña electoral tiene que ver con las políticas de igualdad y de fomento de la natalidad. En este sentido, van a cobrar renovada importancia las propuestas para extender el acceso a las guarderías y escuelas infantiles de los hijos e hijas de 0 a 3 años.

Al respecto, el PP ha lanzado un apuesta competitiva. El partido que lidera Pablo Casado prevé incluir en su programa económico la duplicación del conocido como 'cheque guardería', la ampliación de la deducción por maternidad a los gastos derivados de las guarderías y centros infantiles pactado por Ciudadanos y el PP en el marco de los Presupuestos de 2018. Actualmente es una deducción de hasta 1.000 euros al año en el IRPF y el PP prevé ampliarla hasta los 2.000 euros.

Desde Ciudadanos se apuesta también por seguir por esta vía de incrementar el gasto en fomento de la natalidad y la educación a través de esta deducción fiscal. Sin embargo, desde el PSOE se considera que este tipo de medidas no son efectivas porque, de facto, no llegan a los que menos tienen, que son los que de entrada no pueden llevar a sus hijos a la guardería en los primeros años. A su juicio, se trata de hacer un cambio de paradigma para que la escolarización gratuita de 0 a 3 años esté garantizada.

Tapar los agujeros en Sociedades

En materia de fiscalidad, todas las fuerzas concluyen que el gran problema existente para poder recuperar los siete puntos porcentuales de PIB de ingresos tributarios que hacen falta para alcanzar los niveles medios de la UE se localiza en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, unos apuestan por tocar los tipos de referencia y otros por actuar sobre los beneficios fiscales que reducen en la práctica la factura tributaria de las empresas.

Al respecto, Ciudadanos advierte de que nada se puede hacer a nivel nacional y que, dado que la globalización es la causante de una buena parte de la fuga fiscal de las empresas --cada vez más internacionalizadas y con mayor volumen de negocio digital--, las medidas tributarias que se adopten deben coordinarse a nivel europeo, partiendo, por ejemplo, de una armonización de las bases imponibles del impuesto.

A partir de ahí, Ciudadanos considera que hay margen para bajar los tipos máximos del impuesto y para reducir las posibles deducciones y reducciones con el objetivo de que los tipos efectivos que al final pagan las empresas no sean tan reducidos.

En este sentido, Podemos también apuesta por acabar con los privilegios fiscales de las empresas. En este sentido, la formación morada y el PSOE mantienen su apuesta por implementar las conocidas como tasas 'Tobin' (a las transacciones financieras) y 'Google' (a determinados servicios digitales), por gravar la repatriación de dividendos en el extranjero y por establecer un tipo mínimo en Sociedades del 15%.