El déficit público cerró el año pasado en el 2,6%, cinco décimas menos que en 2017

El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró el año pasado en 31.805 millones de euros, el equivalente al 2,6% del PIB, cinco décimas menos que el desajuste registrado el año anterior (3,1% del PIB). Esto supone que España solo ha sido capaz de reducir el déficit en algo más de 4.000 millones de euros en un año.

Además, esta tasa, aunque es una décima inferior a la que se había marcado el Gobierno de Pedro Sánchez en un ejercicio de realismo, del 2,7% del PIB, sigue siendo cinco décimas superior al objetivo comprometido con Bruselas, del 2,2%. Dicho de otro modo, España se ha quedado a mitad de camino.

Con todo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dentro de la prudencia que exige la Junta Electoral en periodo preelectoral, ha asegurado que estos datos demuestran que "se ha combinado la reducción del déficit con el crecimiento económico".

Más aún, ha dado por hecho que, con estos resultados, España saldrá del brazo correctivo de la Comisión Europea (procedimiento de déficit excesivo), y quedará en un nuevo estadio de vigilancia en el que los indicadores a seguir serán el elevado nivel de deuda pública y el cumplimiento de la regla de gasto (límite de gasto referenciado al crecimiento potencial en el medio plazo).

De momento, los datos conocidos esta mañana reflejan que España sobrepasó el objetivo de deuda pública en 2018 y, en relación a la regla de gasto, el handicap ahora es que el gasto de la Seguridad Social entrará en el perímetro de este mecanismo, cosa que hasta ahora no había ocurrido, y que precisamente se trata del principal agujero fiscal y el más difícil de enderezar del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había adelantado que el déficit público cerró el pasado año por debajo del 2,7% del PIB, gracias a la evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la ultima parte del año y al menor coste de la deuda.

De esto se puede extraer que España está reduciendo el déficit de forma más lenta a la esperable y gracias a la inercia del ciclo económico, que está permitiendo unos ingresos tributarios superiores a lo esperado. Pero no porque se haya recortado el gasto mucho más allá del menor coste de la deuda pública que permite la prolongación de los estímulos monetarios por parte del BCE.

Los ingresos se disparan

En efecto, los ingresos no financieros crecieron a un ritmo del 3,8% en el primer semestre de 2018, pero se dispararon hasta una tasa del 10,5% tras el verano. Al cierre del año, el resultado es un incremento de los ingresos en términos de Contabilidad Nacional del 6,5%, frente a un crecimiento del gasto del 4,7%. De esta evolución mejor de los ingresos frente a los gastos se deduce la reducción del déficit.

Tras el repunte de los ingresos se encuentra, según ha explicado Montero, el crecimiento del empleo y la mejora de su calidad, entre otras cosas, por el efecto del Plan Director puesto en marcha en agosto, que habría permitido convertir hasta 100.000 empleos temporales en indefinidos. Por el lado del gasto, la ministra de Hacienda ha destacado la reducción del gasto en intereses de la deuda.

Los ingresos, lejos de la UE

Con ese incremento, la ratio de ingresos sobre el PIB se situó en el 38,9% del PIB, aún ocho puntos por debajo de la media de la eurozona, un trecho que el PSOE se ha propuesto recorrer en su programa electoral.

Por figuras tributarias, la creación de empleo se habría reflejado en un incremento del 7,6% en la recaudación por IRPF, mientras que el Impuesto de Sociedades habría crecido un 7,3% por el empuje del segundo pago fraccionado del año. Por su parte, los ingresos por IVA e Impuestos Especiales crecieron un 3,6% y un 1,1%, respectivamente.

Del lado del gasto, este se situó en el 41,5% del PIB, medio punto porcentual más que en 2017, pero también seis décimas menos que la media de la zona euro. Detrás está el incremento de los salarios públicos y de las prestaciones sociales, que crecieron un 15,3%, incluyendo pensiones o dependencia.

Se frena la reducción del déficit

Más aún, dos elementos arrojan especial preocupación. El primero es que España, pese a que la bajada del déficit público en 2018 hará que casi con toda seguridad España salga este año del procedimiento de déficit excesivo, una cuestión relevante para España, ya que actualmente es el único país bajo este mecanismo de supervisión, le déficit estructural, la variable que a partir de ahora más preocupará a Bruselas, no se reduce.

 

Así, el conjunto de las administraciones públicas mantienen un déficit primario (descontando el gasto en intereses) de unos 1.400 millones de euros, frente a los más de 6.000 millones del año precedente. En cambio, el Estado se encuentra ya en superávit primario.

Por administraciones, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos cumplen sus objetivos de déficit en 2018. No así el Estado, que presenta una desviación del 1,5% y, sobre todo, la Seguridad Social, que presenta un déficit del 1,41% del PIB , frente al 1,44% del año anterior.

Montero ha puesto en valor estos datos y ha explicado que esta reducción ha sido posible gracias a un incremento de los ingresos por cotizaciones del 5,4%. "Los datos demuestran que España camina por la buena dirección y que cada gasto tienen una compensación por el lado de los ingresos".

Montero piensa en un déficit del 2% en 2019

Hasta aquí el punto de partida, en adelante el Gobierno ya hace cuentas para un año sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. En este contexto, Montero ha avanzado que el Gobierno trabaja para tratar de reducir el déficit público hasta el entorno del 2% del PIB, incluso en un escenario de Presupuestos de 2018 prorrogados.

Esta apuesta es contraria a la proyección del Banco de España, que espera que el déficit apenas se reduzca al 2,5% del PIB en ausencia de nuevas cuentas anuales.

La importancia de reducir el déficit

Una de las implicaciones más importantes de la necesaria reducción del déficit es que es una forma de abrir hueco para poder disponer de más margen presupuestaria para desplegar políticas de inversión y sociales. Pero además, un déficit bajo cuerda permitiría reducir más rápido el nivel de deuda pública. No hay que olvidar que el déficit es un desfase de gastos sobre los ingresos, y ese desfase hay que financiarlo con deuda.

Pues bien, la deuda del conjunto de las administraciones públicas se incrementó en 2018 hasta los 1.173.988 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico y cerró el ejercicio en el 97,2% del PIB, nueve décimas menos que 2017 pero tres décimas por encima del objetivo marcado por el Gobierno del 96,9% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

Esto es muy mala noticia porque aumenta la vulnerabilidad de España ante cualquier shock financiero o ante la previsible subida de tipos de interés en la eurozona. Más aún cuando el PIB se ralentiza y amenaza con reducir la aportación del ciclo precisamente a la reducción del déficit.