El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes una oferta de empleo público para 2019 que rondará los 31.000 efectivos, un cifra históricamente alta, como también lo fue la de 2018. Entre estas plazas, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha accedido a convocar 11.338 de nuevo acceso por tasa de reposición, que cubrirán sobradamente las bajas que se registraron el pasado año.

Esto se debe a que en algunos ámbitos, el Ejecutivo aceptará llevar esta tasa más allá del 100%, lo que redundará en una creación de unos 2.373 puestos de trabajo netos.

Lo que subyace de estas cifras es que, cuantas más bajas se produzcan cada año más plazas debería sacar a concurso para el libre acceso la Administración. Y en este punto, empieza a resonar cada vez con más frecuencia el problema de envejecimiento de plantillas que acumula la Administración General del Estado (AGE). La edad media de sus efectivos supera los 50 años y la amenaza de jubilaciones masivas se cierne sobre el funcionariado, especialmente en ámbitos como el de la atención al público.

Ahora bien, no todo son jubilaciones propiciadas meramente por la edad de los trabajadores. Lo cierto es que una de cada cuatro bajas en el Estado --descontados Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil o empresas públicas, entre otros-- se produjeron en 2018 a través de jubilaciones anticipadas y, de estas, un tercio se concentraron en los servicios que implican contacto con el público, donde no solo porque este sector concentra proporcionalmente a un gran número de empleados, sino también porque son los trabajadores más expuestos a la desmotivación.

Según ahondan fuentes sindicales, el hecho de que los trabajadores públicos presenten cifras más destacadas de jubilaciones voluntarias es el resultado de una creciente desmotivación tras años de crisis y recortes. Así, pese a que en los últimos años se han venido recuperando muchos de los derechos perdidos, aún miles de empleados deciden jubilarse en cuanto las condiciones legales se lo permiten cada año.

Más jubilaciones voluntarias que forzosas

Por tanto, mientras que el Gobierno rema en contra de las jubilaciones anticipadas para paliar el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, de puertas para adentro el Estado presenta esta importante vía de agua.

Según la documentación que presentó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en las reuniones mantenidas con los sindicatos de la función pública a propósito de la oferta de empleo de 2019, a lo largo del pasado año se registraron 9.652 bajas en el Estado.

De estas, la causa más común fue la jubilación anticipada, con 3.820 salidas, seguida de la forzosa (3.261), las excedencias (1.388), las jubilaciones por invalidez permanente (648) o los fallecimientos (289) y otras causas (246).

Según explican desde los sindicatos, la mayoría de estas jubilaciones anticipadas las protagonizaron empleados encuadrados dentro del régimen de clases pasivas, en vías de extinción, y que ha experimentado un verdadero éxodo desde 2012.

La razón es que, de acuerdo con un cambio normativo que va camino de cumplir una década, los funcionarios públicos incluidos en este régimen --los que accedieron antes de 2011, el resto se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social-- pueden jubilarse anticipadamente, con carácter general y algunas excepciones,  desde que cumplen los 60 años de edad, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado.

Además de a la jubilación voluntaria prevista para todos los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que tienen fijada la edad de jubilación forzosa en 70 años de edad, pueden acceder a la jubilación desde que cumplen los 65 años de edad si acreditan 15 años de servicios efectivos al Estado.

La particularidad de esta jubilación anticipada respecto a la situación de aquellos que ingresaron desde 2011 y se encuadran en el Régimen General, es que los beneficiarios de clases pasivas no se ven penalizados por coeficientes reductores en el momento del retiro voluntario. De ahí que en aquellos ámbitos en los que cunde la desmotivación, sean miles los que cada año se acojan a esta posibilidad.