El BCE ha tardado solo tres días en enfriar el discurso triunfalista del Gobierno de Pedro Sánchez. Si el Ejecutivo publicaba el pasado viernes los datos de ejecución presupuestaria de 2018 y celebraba el recorte del déficit del conjunto de las administraciones del 3% al 2,6% del PIB, una décima por debajo de lo previsto inicialmente, este lunes la institución presidida por Mario Draghi ha advertido en su informe anual que esas cifras "esconden" un agujero estructural que no se reduce, sino que además crece. Y eso es lo que preocupa verdaderamente a la Comisión Europea y al propio BCE.
Con ese cierre del ejercicio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba por hecho en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España saldría del procedimiento de déficit excesivo (PDE), es decir, del brazo corrector de Bruselas. Para ello, los países deben reducir su déficit por debajo del 3% del PIB y hacerlo demostrando un ritmo ágil de consolidación.
Pues bien, España redujo este desequilibrio desde el 3% en 2017 al 2,6% en 2018, pero en un 2019 sin Presupuestos, el ritmo de consolidación fiscal tiene visos de frenarse, como ya ha advertido el Banco de España --estima que solo se reducirá al 2,5% este año--. Por ello, el Gobierno ya ha anticipado que trabaja para tratar de recortar aún más el déficit en un escenario sin cambios presupuestarios. La idea es llevarlo al 2% del PIB.
Con esa idea, Montero daba por hecho que España, el único país que actualmente se encuentra dentro del procedimiento de déficit excesivo, saldrá rumbo a otro de vigilancia en el que los enemigos a batir serán el déficit estructural, los niveles de deuda pública y la regla de gasto que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Pues bien, el BCE ya avisa de que, al margen de que la deuda superó el objetivo marcado en 2018 y se mantiene cerca del 100% del PIB, el déficit estructural, no solo no se reduce, sino que es creciente. Algunos analistas lo sitúan precisamente en el 2,5%.
El agujero estructural de las pensiones
En su informe anual, el BCE señala que, "aunque se prevé que España cumpla el plazo de corrección establecido en el PDE, este logro oculta un déficit estructural abultado y creciente, contrariamente a la mejora recomendada".
El gran problema se encuentra en el gasto en pensiones, que copa más del 40% del Presupuesto del Estado y que crece a un ritmo superior al 5%. Una partida en la que, en periodo electoral, ningún partido con opciones de Gobierno se atreverá a escatimar, y que es la principal palanca de incremento del déficit estructural.
Además, como también admitía Montero el pasado viernes, con el paso a un procedimiento de vigilancia, el gasto de la Seguridad Social entra ya en el perímetro de la regla de gasto. Lo que quiere decir que los desembolsos del sistema tendrán que ajustarse, sumados con el conjunto de gastos, al ritmo de crecimiento potencial del PIB en el medio plazo.
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